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February 7, 2019

Ayuda Humanitaria en Venezuela: Entre el acto de guerra y el crimen de exterminio

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Written by: analisislibre
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.Los tratados internacionales suscritos por Venezuela y los EE.UU permiten interpretar como Acto de Guerra cualquier ataque a los representantes sanitarios y responsables del abastecimiento humanitario. ((Convenios de Ginebra de 1949)

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Ha transcurrido un año sin que la Corte Penal Internacional de respuesta a las demandas por crímenes de lesa humanidad.  

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William Cárdenas Rubio-Vargas
Análisis Libre, Madrid

La coyuntura actual de Venezuela pasa por dos escenarios: uno que se libra sobre el terreno de esa nación suramericana, y otro en La Haya, donde se encuentra la sede de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

En el primero de ellos, en la frontera de Venezuela con Colombia, nos encontramos con la resistencia del régimen de Nicolás Maduro en aceptar a la ayuda humanitaria de los países aliados de Juan Guaidó. Sobre esto debemos señalar que son los tratados internacionales suscritos por Venezuela y los EE.UU, los que permiten interpretar como Acto de Guerra (Convenios de Ginebra de 1949), cualquier ataque a los representantes sanitarios y responsables del abastecimiento humanitario.

 Por otro lado, impedir la llegada de alimentos y medicinas a la población demuestra fehacientemente la intención de imponer determinadas condiciones de vida, entre ellas la privación de alimentos y medicinas, que precalifican el exterminio como crimen de Lesa Humanidad.

 En el otro escenario, se lucha a miles de kilómetros en La Haya, cuyos resultados pueden igualmente ser decisivos para el futuro de algunos de los actores políticos en conflicto:

 Ha trascurrido un año desde que el 8 de febrero de 2018, la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, anunciara el inicio del examen preliminar por los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Venezuela en los años recientes.

A partir de entonces se han sucedido varios hechos de gran importancia que han debido acelerar la decisión de la Fiscal, la cual sigue manteniendo una actitud cuando menos omisiva en cuanto al llamado Caso Venezuela, por su actuación al frente de hechos criminales más que elocuentes para la Comunidad Internacional.

El 30 de mayo de 2018, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) remitió a la Fiscal Bensouda el informe elaborado por 3 expertos, que determina que en Venezuela se han cometido crímenes de Lesa Humanidad.

El pasado 26 de septiembre de 2018, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto de Roma, seis de sus estados parte, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá, en un hecho sin precedentes en la corta vida de la CPI, denuncian a Nicolás Maduro y otros por crímenes de Lesa Humanidad basándose en el Informe de los expertos designados por Luis Almagro en la OEA.

El 29 de septiembre de 2018, Francia se suma a la denuncia presentada por los seis estados parte, referida a la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

El 15 de octubre Costa Rica apoya dicha denuncia, y el 25 de octubre Alemania hace lo mismo, alcanzando a 9 el número los estados parte que solicitan a la Fiscal Bensouda el inicio de esta investigación formal.

El mismo 25 de octubre, la Eurocámara aprueba una resolución en la que insta a la UE a sumarse a la denuncia presentada por los estados parte ante la CPI, por lo crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ya en diciembre de 2016, a petición nuestra, el Parlamento Europeo había emitido una resolución en la que se instaba a la Fiscal de la CPI a iniciar con carácter urgente, una investigación formal sobre lo sucedido en Venezuela.

La OEA aprobó una resolución en la que países miembros se unen al clamor de que la CPI de inicio a una investigación formal por dichos crímenes, acentuando la posición de la región en contra del régimen violador de derechos humanos encabezado por Nicolás Maduro. Asimismo, son numerosas las personalidades de la Comunidad Internacional las que se pronuncia a favor de esta investigación.

Sin embargo, en diciembre de 2018, al momento de presentar su informe sobre las causas bajo observación de la Fiscal de la CPI, esta dice que el Caso Venezuela se mantiene en estado de estudio, sin que haya un pronunciamiento sobre el mismo. A la Fiscal le ha importado poco la contundencia del Informe de los expertos contratados por la OEA, así como la denuncia de 9 estados parte del Estatuto de Roma en este sentido.

Ha preferido hacer caso omiso a lo que es un clamor de la Comunidad Internacional, especialmente del hemisferio occidental, de aquellos países en los que el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores insoslayables, lo que resume una conducta que arroja muchas dudas acerca del desempeño de esta discípula del Fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, para llevar adelante de manera eficaz y transparente, un proceso de tal naturaleza.

Esto le ha valido que desde Venezuela, en diciembre pasado, se le haya presentado una denuncia que pretende apartarla de la investigación, formulada por el ex parlamentario Walter Márquez, ante la Presidencia de la Asamblea de Estados Parte y de la propia Corte Penal Internacional. Esta denuncia ha sido abierta a trámite y actualmente sigue su curso.

La inacción de la Fiscal se hace por demás elocuente, cuando se aceleran los acontecimientos en Venezuela y en los hechos  de enero de 2019, se suman 45 nuevos asesinatos, aproximadamente 900 detenciones ilegales, muchos torturados y perseguidos, que se suman a la larga lista de víctimas de esos crímenes.

A ello se une el éxodo imparable de venezolanos por causa de la violencia, la carencia de alimentos y medicinas, que ocasionan decenas de miles de desplazados.

Y como consecuencia de ello aparecen imágenes que reflejan de manera indubitable la prueba reina de la intencionalidad en la privación de alimentos y medicinas para la población por parte de Nicolás Maduro, su ejecutivo, el alto mando de sus Fuerzas Armadas y de los grupos para-militares, que bloquean materialmente la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a los más necesitados, lo que tipifica al exterminio crimen de lesa humanidad.

Si a esto añadimos, que más de 40 países de Occidente han reconocido como Presidente legítimo encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó, desconociendo en consecuencia la condición de jefe de estado de Nicolás Maduro, para un organismo independiente de Naciones Unidas como la CPI, nada obstaría para que se pusiera en marcha dicho proceso con todas sus consecuencias.

El Presidente Juan Guaidó debe destinarle a este asunto especial atención, dotando con celeridad una representación diplomática tanto en los Países Bajos, como ante la CPI, para desmontar el trabajo que ha realizado en esa jurisdicción la embajadora Haifa, hermana de Tarek El Aissami.

Esta es una prioridad ineludible entre las nuevas funciones del Ejecutivo venezolano y de la Asamblea Nacional, pues sólo la justicia nos podrá redimir para aprender la lección que nos deja el Socialismo del Siglo XXI, mucho más importante que cualquier proyecto de amnistía, por más razones políticas que lo justifiquen.

 






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