por Silvia Higuera
En un poco más de dos semanas el periodismo colombiano ha tenido que hacer frente a uno de sus mayores temores: el resurgimiento de la violencia como mecanismo censurador de la libertad de prensa, el cual fue común durante el apogeo de los grupos alzados en armas y de los carteles del narcotráfico.
El atentado contra el jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón; el asesinato de un locutor en Cali, las amenazas a ocho periodistas en Valledupar, y el descubrimiento de un plan para asesinar a dos analistas políticos y a un periodista de Bogotá, prendieron las alertas de autoridades y entidades que buscan proteger la libertad de prensa en el país. Es tal el nivel de incertidumbre, que en la mañana del miércoles 15 de mayo, las instalaciones de la revista Semana fueron evacuadas por una falsa alarma de bomba, informó el diario El Colombiano.
El Fiscal General de la República, Eduardo Montealegre, señaló que “estos casos no pueden ser una simple coincidencia” y agregó que ya existen pruebas sobre quiénes son los responsables, informó el diario El Espectador. “Que no crean las bandas criminales ni los enemigos de la paz que van a desestabilizar al país con atentados contra periodistas”, aseguró el funcionario según El Espectador.
Y es que es precisamente el tema de la paz el que parece “incomodar” a algunos grupos del país. Por lo menos así lo creen organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), y algunas de las propias víctimas quienes señalan que esta ola de amenazas son reacciones a las denuncias sobre mafias políticas regionales y a la negociación de paz que realiza el Gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, publicó la agencia de noticias Associated Press.
Los analistas León Valencia y Ariel Ávila, y el periodista Gonzalo Guillén – contra quienes se descubrió el plan de asesinato – vienen publicando una serie de informes sobre los nexos de políticos con mafias de grupos armados en diferentes regiones. Algunos de estos políticos resultaron elegidos alcaldes o gobernadores en las elecciones de 2011, informó la agencia Reuters.
El caso de las amenazas a los ochos periodistas de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar (norte del país) se relaciona con la cobertura del proceso de restitución de tierras. Este tema tiene como origen el robo de tierras que por años grupos de izquierda y de derecha hicieron a campesinos en diferentes regiones del país. Tras la firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 el Gobierno busca devolver a unas 400 mil familias desplazadas por la violencia más de dos hectáreas de tierra, según informó Reporteros Sin Fronteras.
Desde la fecha diferentes grupos armados se han opuesto al proceso. En este caso el autodenominado Grupo Anti-restitución de Tierras es el que firma el panfleto en el que se señalaban a los periodistas como “objetivo militar” y les daban 24 horas para salir de la ciudad. Por este proceso también han sido amenazados y asesinados líderes campesinos, voceros de las familias desplazadas, informó el portal Verdad Abierta.
Tras la amenaza colectiva la FLIP, Fecolper y la Asociación Nacional de Diarios, Andiarios, se reunieron con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y con la Unidad Nacional de Protección para analizar la situación de los periodistas y comenzar su proceso de protección a través de la UNP.
Aunque la situación de los periodistas de Colombia ha mejorado en los últimos años como consecuencia de la disminución de la violencia, el país ha sido históricamente uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión, según cifras del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ.
