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March 12, 2018

Crímenes de Lesa Humanidad, un delito continuado en Venezuela

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Aquel ataque del 11 de abril del 2002, no fue sino el primer hecho violento de extraordinaria magnitud que dio origen a un crimen de lesa humanidad, que aún se sigue cometiendo contra una parte de la población civil venezolana, por razones políticas.

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William Cárdenas Rubio

Madrid / Análisis Libre

En los albores del presente siglo, varios hechos se habían convertido en auténticas invitaciones   para que, quienes trabajamos sobre los avances del Derecho Penal Internacional y creemos que el principio de Justicia Universal debe ser un instrumento de primer orden en la búsqueda de la paz y el concierto de las naciones, nos pusiéramos en marcha para lograr que los más graves crímenes contra la humanidad pudieran ser investigados imparcialmente.

El primero de ellos, fue la aprobación del Estatuto de Roma el año 1998 con la creación de la Corte Penal Internacional, que entraría en vigencia el 1º de julio del año 2002. El segundo, la investigación abierta por la Audiencia Nacional española contra el ex presidente chileno General Augusto Pinochet, que marcó un antes y un después en cuanto a la activación de dicho principio.

Por ello, apenas comenzaron a sucederse hechos de naturaleza violenta que reunían características similares a las de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, nos avocamos al conocimiento del tipo de conducta criminal ante la que nos encontrábamos. Hoy, con la experiencia de haber denunciado tales delitos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde que comenzaron a suceder en nuestro país, podemos hacer un balance de lo acaecido. De manera que  podemos  concluir, que los gobernantes del régimen castrochavista pusieron en marcha políticas de estado y estrategias de represión dirigidas a someter al opositor político, que desde el primer momento reunían las características exigidas en el supuesto de hecho del crimen de lesa humanidad, previstas en el Estatuto de Roma.

1.- HUGO CHÁVEZ FRÍAS:

Analizados desde Madrid, los hechos ocurridos en Caracas el 11 de abril de 2002, en los que 20 personas fueron asesinadas y más de 250 heridas de bala, todo nos hacía sospechar de que estábamos ante tal tipo criminal. Basta recordar aquel famoso audio en el que Hugo Chávez Frías, denominado como “Aguila 1” a los efectos de su identificación en la red de comunicación de las Fuerzas Armadas, daba instrucciones, coordinaba y dirigía el ataque de francotiradores ubicados en las partes altas de edificios oficiales, contra una manifestación de opositores políticos desarmados, que se dirigían hacia el Palacio de Miraflores a solicitar su renuncia.

Tampoco deja lugar a dudas acerca de la planificación de aquel ataque y de sus propósitos, la instalación de un hospital de campaña en las adyacencias del Palacio de Gobierno para atender a las eventuales víctimas de una acción violenta; así como tampoco puede pensarse que las bandas de civiles pertenecientes a los llamados para entonces “Círculos Bolivarianos” que accionaron sus armas de fuego contra los manifestantes, lo habían hecho de manera fortuita y casual.

Todo ello obedeció entonces y sigue obedeciendo ahora, a diferentes planes que se han convertido en política de estado para los gobiernos, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, en los que se ha instalado un  sistema de terror para reprimir las protestas y doblegar al opositor político.

Aquel ataque del 11 de abril del 2002, no fue sino el primer hecho violento de extraordinaria magnitud que dio origen a un crimen de lesa humanidad, que aún se sigue cometiendo contra una parte de la población civil venezolana, por razones políticas. Y si bien es cierto que ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional, no es menos cierto que ya para entonces, el mes de diciembre del año 2000, Venezuela había ratificado el Estatuto de Roma. Pero es que además, el mismo 11 de abril de 2002 sucedió que, por coincidencia, 10 países ratificaron el Tratado y pusieron en marcha la “vacatio legis” para su definitiva entrada en vigor.

Además, como veremos seguidamente, se trata de un delito de carácter continuado en sentido laxo, conformado por una pluralidad de acciones que infringen el mismo precepto legal, que ofenden a uno o varios sujeto, caracterizado por la unidad de propósito, dolo o intención, la unidad de bien jurídico lesionado y la unidad de sujetos activos, y así debe ser investigado.

Independientemente de los detalles que atañen a la competencia jurídico temporal para el conocimiento de estos crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que a partir de aquel 11 de abril, en Venezuela comenzaron a repetirse estos crímenes de manera sistemática y con similares patrones de conducta delictiva, lo que nos obligó a denunciarlos también de manera sistemática, ante la Fiscalía de la CPI, llamando su atención acerca de la deriva violenta y criminal del régimen, que además de instarlos y promoverlos, hacía todo lo posible por crear un manto de impunidad para evitar que los verdaderos responsables depuraran sus culpas.

Este sistema de impunidad permitió que por aquella primera agresión fueran condenados Policías Metropolitanos de Caracas y Comisarios de cuerpos de seguridad que no fueron los autores de los crímenes,  a fin de librar a los verdaderos culpables de la acción de la justicia, al tiempo que Maikel Moreno, abogado de uno de los afines al régimen procesado por tales hechos, iniciaba una meteórica carrera dentro del Poder Judicial, tan vertiginosa que hoy es Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

No había acabado el año 2002, cuando el 9 de diciembre se produjo una nueva agresión, esta vez en la Plaza Altamira de Caracas, con saldo de tres personas asesinadas y 9 heridas, perpetrado por Joao Gaoveia, a quien el presidente Hugo Chávez calificó como el “Caballero Goveia”. Los procesos judiciales seguidos en su contra estuvieron plagados de irregularidades, al punto de que hoy en día Goveia desempeña algún cargo en una embajada venezolana en el exterior.

Posteriormente, el número de agresiones se multiplica. Siempre sustentado en nuestras denuncias, recordamos los sucedidos el año siguiente, a principios de 2003, en San Antonio de los Altos, donde muere el hispano venezolano José Vilas, o los ataques violentos ocurridos en Charallave, en los Valles del Tuy, que también arrojan víctimas fatales y numerosos heridos.

La violencia se incrementa, el 4 de julio de 2003 se producen los lamentables desalojos forzosos del campo petrolero de los Semerucos, en los que las víctimas son trabajadores de PDVSA y sus familias, que se habían convertido en objetivos de la revolución bolivariana, a quienes se persigue y hostiga. Cabe señalar que alrededor de 20000 empleados de PDVSA fueron despedidos de sus cargos, sin indemnización ni reconocimiento a sus derechos laborales.

Otro grupo de personas objeto de esta persecución política, han sido los oficiales desafectos de las Fuerzas Armadas, quienes se habían instalado la Plaza Altamira de Caracas, declarándose en rebeldía contra el régimen, iniciando contra ellos una pertinaz y constante cacería.  Algunos tuvieron que pedir asilo en embajadas, otros huir del país por los caminos verdes, extendiéndose la persecución a sus familias en Venezuela.

El 16 de agosto del año 2004, cuando un grupo de personas salió a protestar por los resultados del Referéndum Revocatorio ganado por Hugo Chávez, nuevamente en la plaza Altamira actúan las bandas armadas a plena luz del día para asesinar a la Sra. Maritza Ron de Torregrosa, casada con el ciudadano español Ramón Torregrosa Pascual, quien se entera de la muerte de su esposa por las pantallas de la TVE española. En esa misma acción fueron heridas a balazos otras personas, entre ellas el diputado Ernesto Alvarenga.

En noviembre del 2004 en los alrededores de la Plaza Venezuela, fue acribillado por los cuerpos de seguridad, el abogado Antonio López Castillo, hijo de la ex senadora Haydé López de Acosta, y otras personas, un crimen de connotaciones políticas, con tenebrosas aristas para garantizar la impunidad de sus autores, actividad en la que se confabulan el Ministerio Público y miembros del Poder Judicial.

También políticos de la oposición son objeto de este acoso, la sede del Congreso se convierte en un lugar inaccesible para los diputados opositores, que ejercen su función legislativa exponiendo constantemente sus vidas. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con el diputado Rafael Marín, a quien fracturaron el cráneo con una viga de acero.

Los años siguientes (2005-2006) están marcados por numerosos actos de violencia sistemática cometidos contra periodistas y reporteros de los medios que no eran afines al gobierno. Muchos de ellos son heridos o lesionados, perseguidos, y sus equipos de trabajo destruidos, todo como parte de una estrategia política que buscaba silenciar su voz y con ello censurar cualquier posible disidencia. Se inicia la persecución contra los directivos de medios de comunicación que no comulgan con la revolución bolivariana, viéndose  forzados algunos de ellos a huir del país.

En el oriente del país se suceden igualmente hechos violentos en los que se registran asesinatos de indígenas y mineros, como en la Paragua (2006), los Pijiguaos, hasta la más reciente de Tumeremo; así como supuestas “guerras” entre sindicalistas, eliminados por la actuación concertada de cuerpos de seguridad y bandas armadas.

A estas alturas el régimen, apalancado tanto en el apoyo que le brinda el gobierno de Cuba, como  en sus vínculos con organizaciones terroristas como las FARC, el ELN, ETA,  Hamas y Hezbollah, va desarrollando auténticos esquemas de control social a través de la violencia y el terror, con los Círculos Bolivarianos actuando conjuntamente con los cuerpos de seguridad.

En mayo de 2007 entregamos en mano a D. Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, una denuncia por los siguientes hechos: La persecución a medios de comunicación, entre ellos a RCTV, y violación de derechos humanos a periodistas venezolanos; la utilización de la “Lista Tascón” como instrumento del “apartheid” laboral, y para perseguir a la oposición; el fraude electoral continuado en elecciones parlamentarias de 2005 y presidenciales de 2006, para mantener el poder, fuente de la actividad criminal; ataques a núcleos de población por parte de grupos militares y grupos para policiales; el apoyo a la guerrilla de las FARC y el ELN; la utilización de la expropiación e invasiones, como instrumento del terror y en contra del derecho de propiedad, que han generado el desplazamiento de miles de personas.

Los nexos con las FARC son desvelados el 2008 a raíz de la muerte en la frontera colombo-ecuatoriana del guerrillero Raúl Reyes, cuyos ordenadores  evidencian la condición de Hugo Chávez como colaborador de esa organización terrorista. Estos fundamentos nos permiten denunciarlo, conjuntamente con las organizaciones de la Campaña Juzgar a Chávez, ante la Fiscalía de la CPI, como cómplice y colaborador de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla colombiana.

Una de las víctimas más emblemáticas del régimen fue la juez María Lourdes Afiuni, quien sufrió la arremetida del régimen por haberse atrevido a tomar una decisión judicial que contrarió los deseos de Hugo Chávez Frías. Fue encarcelada el 17 de diciembre de 2009, violada y torturada en la cárcel, tratada de manera cruel e inhumana y violentados sus derechos más elementales.

Hoy todavía, después de haberle sido concedida libertad condicional en junio de 2013, sufre las secuelas de aquella violación, habiendo sido necesario reconstruirle sus órganos sexuales. El castigo “ejemplar” al que el régimen sometió a la juez Afiuni, envió una clara señal a los miembros del Poder Judicial acerca de los riesgos que corrían sí con sus decisiones contrariaban la acción política del gobierno. La Fiscal Luisa Ortega presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un documento firmado por Afiuni,  en la que ésta negaba haber sufrido malos tratos. Afiuni ha sostenido que dicho documento fue presuntamente forjado. Chávez exigía que la juez Afiuni fuera condenada a 30 años de prisión

El año 2010 murió por inanición Franklin Brito, quien había enfrentado con una huelga de hambre el despojo del que había sido objeto, pues sus tierras en Yguaraya fueron invadidas y él desposeído de sus propiedades. La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, alegó que Brito sufría deficiencia mental. La Fiscal Luisa Ortega ordenó internarlo en el Hospital Militar de Caracas. Al momento de su muerte, Brito, un hombre de 1.90 de estatura, pesaba 38 kilos.

La muerte de Hugo Chávez en diciembre de 2012 frustra nuestros propósitos de someterlo a una jurisdicción imparcial, donde las víctimas pudieran satisfacer sus ansias de justicia que les han sido negada en Venezuela. No obstante sobre  sus colaboradores en estos crímenes sigue pendiente la acción de la justicia. Esta falta de justicia en el orden interno, es lo que permite la activación de la jurisdicción complementaria de la CPI.

2.- NICOLÁS MADURO

El arribo al poder de Nicolás Maduro (2013) no cambia los esquemas de represión, todo lo contrario, esta se agudiza y los crímenes de lesa humanidad se multiplican, aumentando su gravedad tanto en número de víctimas como en el desarrollo de  sofisticadas estrategias de terror.

Con la excusa de la inseguridad ciudadana se ponen en marcha auténticas tácticas de exterminio, a través de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), en las cuales se ejecutan ciudadanos con el pretexto de combatir al mismo tiempo la delincuencia, pero que se extienden a la oposición política. Son ejecuciones sumarias utilizadas como instrumento de terror.

Al año siguiente (2014), se producen en Caracas los hechos derivados de las protestas contra el régimen denominada “La Salida”, que tienen como balance 43 personas asesinadas, cientos de heridos, miles de detenciones ilegales, torturados, perseguidos y desplazados, por la acción criminal de los cuerpos de seguridad, especialmente la Guardia Nacional, actuando en comunión con las bandas armadas, ahora denominadas “Colectivos”, con la particularidad de que ya no se oculta la actuación conjunta de estos grupos criminales. Igualmente, en estos tiempos se autoriza legalmente, a través de instructivos oficiales,  el uso de armas letales para reprimir manifestaciones pacíficas.

Paralelamente, el régimen inicia procesos judiciales amañados en contra de líderes políticos como Leopoldo López (condenado a 13 años y 9 meses de cárcel) y al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, (2015), a quienes responsabiliza de las protestas.

A partir de julio del 2015 el régimen pone en marcha las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), con el pretexto de atacar los altos índices de inseguridad, y a través de las cuales se producen auténticas ejecuciones sistemáticas de ciudadanos, algunos participantes en hechos delictivos y otros opositores o disidentes políticos. Se trata de crímenes de ejecución sumaria, extrajudicial y sistemática de ciudadanos.

El año 2015 en la frontera colombo-venezolana del occidente del país, concretamente en las poblaciones de San Antonio y Ureña del Estado Táchira, se produce un ataque contra los habitantes colombianos de barrios enteros, que son desalojados de sus viviendas, las cuales fueron destruidas y ellos desplazados forzosamente hacia Colombia, afectando a más de 1500 personas que con sus familias y con lo que llevaban puesto tuvieron que cruzar el río que separa ambos países. Otras 15000 personas deciden retornar a Colombia presionados por las autoridades. Tan criminal actuación ha sido denunciada ante la Fiscalía de la CPI por el ex parlamentario Walter Márquez, previo agotamiento de dicha denuncia ante la jurisdicción colombiana.

Ya para entonces, la caída de los precios del petróleo había limitado la capacidad de respuesta del régimen para satisfacer la demanda social de alimentos y medicinas. Se empieza a vivir en Venezuela una auténtica crisis humanitaria, que el régimen utiliza para tratar de sacar ventaja política. Se crean los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a través de los cuales se reparten bolsas de alimentos,  que son utilizados perversamente para tratar de fidelizar un clientelismo político. Es decir, quien recibe las bolsas Clap, tiene que apoyar al régimen y darse de alta en el llamado Carnet de la Patria. Quien no lo haga queda excluido del beneficio alimentario y por tanto expuesto a la hambruna.

Esta conducta alcanza dimensiones de exterminio, como crimen de lesa humanidad, cuando se empiezan a producir situaciones de hambre y desnutrición en la sociedad venezolana, a las que se une la falta de medicinas, con el complemento de la negación de los más altos dirigentes del país a recibir desde el exterior la ayuda humanitaria ofrecida por diferentes gobiernos y organizaciones. Se multiplican los casos de fallecimientos por falta de medicinas y por desnutrición, la población en general presenta una baja de peso y  las colas para conseguir alimentos y medicinas se hacen interminables. Este crimen es uno de los más graves cometidos por el chavismo contra la sociedad venezolana.

Las protestas que se suceden entre abril y julio de 2017 son ferozmente reprimidas, 140 jóvenes son asesinados en las calles de ciudades y pueblos de Venezuela, miles son heridos, otros tantos detenidos ilegalmente, cientos torturados, miles de perseguidos y decenas de miles huyen del país desplazados por la violencia y la falta de alimentos y medicinas. Se producen ataques contra núcleos residenciales y poblaciones enteras son sometidas a agresiones colectivas por parte de la Guardia Nacional y los Colectivos.

Es a finales de agosto de 2017 cuando Zeid Raad Al Hussein, el Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emite un Informe en el que concluye lo mismo que veníamos diciendo desde el año 2002:  !que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad!

 

A principios de 2018, el mundo entero es conocedor de la llamada Masacre del Junquito, en las proximidades de Caracas, por los videos grabados por las víctimas, el piloto rebelde Óscar Pérez y un grupo de 7 personas, que son asesinadas después de haberse rendido, por una fuerza que involucra a todos los cuerpos de seguridad y a las bandas terroristas armadas, que en un número superior a los 500 efectivos, atacan el refugio y asesinan, con tiros de gracia incluidos, al piloto y sus acompañantes.

El 8 de febrero de 2018, después de haber mantenido una actitud reticente y negligente ante las numerosas denuncias acumuladas, de las cuales más de la mitad de las cuales tuvieron su origen en Madrid, la Fiscal de la Corte Penal Internacional finalmente ha acordado abrir un examen preliminar para investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desde por lo menos el año 2017.

3.- CONCLUSION:

Han tenido que morir miles de personas, resultar heridas decenas de miles, miles torturadas, decenas de miles perseguidas, millares sometidos a tratos crueles e inhumanos, parte de la población expuesta al exterminio por falta de alimentos y medicinas, y más de 3 millones de personas desterradas, como consecuencia de una acción criminal sistemática y continua en el tiempo, para que la jurisdicción de la más ambiciosa Corte de Derechos Humanos Universal preste su atención a la escalada criminal ocurrida en Venezuela. No ha sido nada fácil para quienes desde hace 15 años buscamos que las víctimas encuentren un lugar donde los crímenes cometidos sean investigados imparcialmente.

Lo que nos espera no es más sencillo. La Corte Penal Internacional sólo actuará si tenemos la fortaleza de demostrar todo lo que hemos alegado. Además de ello, no debemos olvidar que este tipo de crímenes involucra, generalmente, procesar a jefes de estado, ministros, altos mandos militares, gente toda muy importante y con mucho poder, por lo que no sólo lo jurídico es clave. También habrá que saber jugar las cartas de la alta política.

En cualquier caso, bien sea en la Corte Penal Internacional, o en una jurisdicción especial que se cree al efecto para juzgar estos delitos, en el exterior o en Venezuela, respectivamente, tenemos que tener presente la gravedad de los crímenes descritos, conciencia de que estos delitos no prescriben, ni pueden ser objeto de amnistías, y finalmente, que sin justicia imparcial nunca encontraremos la paz perdida.






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