EE.UU.; Defienden ciudadanía para inmigrantes-

Un grupo bipartidista de personalidades políticas formula recomendaciones a favor de una nueva ley inmigratoria para romper el estancamiento de la reforma en el Congreso de EE.UU.

(Voz de América)  Un grupo bipartidista de alto nivel integrado por exgobernadores y exmiembros de gabinete ofreció este jueves su respaldo a que se conceda la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes indocumentados que hay en el país.
El pronunciamiento tiene efecto en momentos en que el Congreso está en receso de cinco semanas por el verano y una propuesta de reforma inmigratoria aprobada por el Senado se halla estancada en la Cámara de Representantes, bajo control republicano.El grupo, reunido a instancias del Centro de Política Bipartidista, está copresidido por los republicanos Condoleezza Rice (exsecretaria de Estado), Haley Barbour (exgobernador del estado de Missisippi)m y por los demócratas Ed Rendell (exgobernador del estado de Pennsylvania) y Henry Cisneros (exsecretario de Vivienda).

Entre las recomendaciones del grupo está la formación de una comisión independiente para medir la seguridad en la frontera, el establecimiento de una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU. y un poderoso programa de visas para trabajadores extranjeros.

“Creemos posible hallar terreno común en algunos principios básicos que den como resultado un amplio acuerdo de parte de personas que enfocan el problema con perspectivas políticas diferentes”, dijo a la prensa Michael Chertoff, integrante del grupo y secretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush.

Varias de las propuestas hechas se corresponden con el proyecto de ley aprobado por el Senado, sin embargo el grupo criticó la decisión de destinar $46 mil millones de dólares para duplicar los agentes en la frontera con México, adoptada a último momento como fórmula de compromiso por los senadores a fin de asegurar el voto favorable de los republicanos.

De acuerdo con el reporte, esa decisión no garantiza medidas de seguridad en la frontera que sean “confiables y verificables” por lo que pide que sean inspeccionadas por una comisión independiente y se haga público el resultado de esa auditoría.

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