Opinion

mayo 9, 2020

 El despacho de la Fiscal de la CPI

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Written by: analisislibre
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«Los valores que pueden leerse perfectamente son: Dedicación, Integridad y Respeto. Pues bien, han sido justamente estos conceptos morales los que han faltado…»

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William Cárdenas Rubio-Vargas
Análisis Libre / Madrid

 

Recientemente me tropecé con una fotografía de Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que hace realidad el dicho de “Dime de que presumes y te diré de que careces”. En efecto, en su Despacho detrás de su poltrona, existe una inscripción con una triada de valores que parecen ser los que rigen la conducta de la ghaniana en su paso por la Fiscalía, que dicho sea de paso, tiene un lapso de 9 años, cuyo término llegará en junio de 2021.

Los valores que pueden leerse perfectamente son: Dedicación, Integridad y Respeto. Pues bien, han sido justamente estos conceptos morales los que han faltado en su conocimiento, tramitación y estudio del Caso Venezuela, que reposa en su elegante Despacho desde hace unos cuantos años.

Dedicación, ninguna, porque nos consta que Fatou Bensouda tiene conocimiento de las denuncias que presentamos en La Haya desde el año 2004, cuando era la Vice Fiscal de Luis Moreno Ocampo, quien resumió lo que ocurre en Venezuela como “peleas callejeras” en una entrevista que le hizo Patricia Juniot el 5 de julio de 2017.

Ha sido todo lo contrario. Las denuncias presentadas desde entonces (2004), y particularmente durante los años 2014 y 2017 por los terribles hechos ocurridos en nuestro país, han sido olímpicamente ignorados por la Sra Bensouda y por todo su tren de funcionarios, que dicho sea de paso, consumen un importante trozo del presupuesto de la CPI. Por supuesto, los funcionarios subalternos no son los responsables. La única responsable de esa omisión y negligencia es la Fiscal, que con su renuencia a abrir una investigación se ha convertido en una cómplice necesaria de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Integridad, otro valor que ya queda en entredicho por lo señalado anteriormente, pero que se acentúa cuando vemos las fotografías de la Sra. Bensouda con Haiffa El Aissami, hermana de Tarek El Aissami y embajadora de Venezuela en los Países bajos, y con el delincuente Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en la propia sede de la CPI.

Si a esto agregamos las fundadas sospechas que como negras sombras se extienden sobre la probidad de funcionarios de la Fiscalía de la CPI, concretamente del anterior Fiscal Moreno Ocampo, quien recibió cantidades de dinero de personas que estaban subjudice en la CPI por las denuncias de hechos ocurridos en Libia, la imaginación vuela y alto, pues los que hemos sufrido la tiranía venezolana sabemos que la corrupción, el soborno y el chantaje a jueces y fiscales ha sido una de sus más eficaces formas de imponer su voluntad.

Respeto, es el último de los valores que coronan el entorno de Bensouda. Justamente lo que no ha tenido con las víctimas venezolanas, cuyas demandas de justicia ha ignorado, omitido y en algún caso traicionado desde la que debía ser la posición imparcial en un cargo tan importante como el que ocupa. Esto fue lo que hizo en su Informe Anual del 5 de diciembre de 2019, cuando al analizar el estado en el que se encuentra el Examen Preliminar del Caso Venezuela, se atrevió a sugerir que en nuestro país ocurre un conflicto entre dos partes, de carácter violento y por razones políticas. O sea equiparó las acciones del régimen con las de la oposición, el la misma línea que su antesesor Moreno Ocampo.

Esta ha sido su más reciente conclusión después de conocer 16 años de denuncias, a las que se han sumado 6 Estados Parte, Colombia, Canadá, Perú, Paraguay, Chile y Argentina; así como la reiterada opinión contenida en Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH), tanto del anterior Príncipe jordano Zeid Bin Raad, como de la chilena Michel Bachellet; del Secretario General de la OEA, Luis Almagro; y de incontables voces del mundo que claman por que se haga justicia en el caso venezolano, que no han logrado conmover los “valores” que la gobiernan.

Los Magistrados que componen la CPI y la Asamblea de los Estados Parte, máximo órgano de gobierno de este esfuerzo para tratar de consolidar un sueño que materialice el Principio de Justicia Universal, deberían prestar atención a los que está ocurriendo en su Fiscalía con el Caso Venezuela y poner los correctivos a que haya lugar. Su prestigio y responsabilidad va en ello.






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