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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela (oficialista) y la Fiscalía del Gobierno de Nicolás Maduro fueron demandados ante la Organización de Naciones Unidas por abogados representantes del presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de un documento de 15 páginas.
El abogado Ignacio Álvarez, uno de los integrantes del equipo que interpuso la acción, informó a Análisis Libre que se trata de una «denuncia individual» presentada ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su sede en Ginebra, basada en «la falta de independencia e imparcialidad» del Tribunal de Justicia y la Fiscalía bajo control de Nicolás Maduro.
Ignacio Alvarez .
Ignacio Álvarez destacó que se trata de «poner de manifiesto esta nueva violación a los derechos humanos que están haciendo» la Fiscalía y el TSJ, «instrumentos al servicio de Nicolás Maduro».
“En el día de hoy fue presentada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una comunicación en donde se denunciaron formalmente las más recientes acciones tanto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como de la Fiscalía General de la República de Venezuela en contra del presidente encargado Juan Guaidó”.
“ Se denunció la exhortación efectuada por el TSJ a la Fiscalía General, el 21 de enero de 2019, de iniciar acciones criminales en contra de integrantes de la Asamblea Nacional, así como la emisión de medidas cautelares en contra del presidente Juan Guaidó por parte del TSJ, que incluyeron prohibirle salir del país. Tales medidas cautelares fueron solicitadas por la Fiscalía General al iniciar una investigación criminal en su contra”.
El documento señala que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Fiscalía General carecen de independencia e imparcialidad, y que sus actuaciones buscan intimidar al presidente encargado Juan Guaidó.
La denuncia fue presentada por los abogados Claudio Grossman, Juan Carlos Gutiérrez, María Daniela Rivero, Ignacio J. Álvarez y Génesis Dávila al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, agregó que: “el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de Venezuela son instituciones de fachada, violadoras de derechos humanos y al servicio del gobierno de facto”.
«El único poder serio, autónomo, soberano y que representa a la soberanía popular es la Asamblea Nacional», afirmó el abogado.
