America Latina

September 24, 2019

¿HAY JUSTICIA EN VENEZUELA?

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Written by: analisislibre
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¿Por qué hemos tenido que salir a buscarla en los tribunales internacionales?

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William Cárdenas Rubio-Vargas
Análisis Libre, MADRID

Por supuesto que no! La respuesta parece obvia, pero vamos a detenernos a precisar desde cuando ocurre esto en nuestra sociedad.

En Venezuela no hay justicia, porque no hay Estado de Derecho. La justicia imparcial es la garantía esencial del Estado de Derecho. Si no hay justicia imparcial y autónoma, la ley se convierte en un instrumento de quienes tienen la potestad de aplicarla o de influir en su aplicación.

Pero esto no es nuevo en Venezuela, viene ocurriendo por lo menos desde el año 2002. El primer caso, entre otros, de injusticia flagrante en el país se produjo con la investigación de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, cuyo proceso penal fue manipulado para lograr que los finalmente condenados fueran los comisarios y policías que actuaron en la conocida como la Masacre de El Silencio”, para sustraer de su responsabilidad a los verdaderos y auténticos responsables, tanto materiales como intelectuales, de las 19 personas que perdieron la ida y de más de 250 que fueron heridas de bala.

Los comisarios y policías fueron condenados posteriormente a penas de treinta años de presidio, mientras que los pistoleros, francotiradores, instigadores y autores intelectuales fueron sustraídos de sus responsabilidades penales, y hoy se pasean libremente por las calles de Venezuela y el mundo.

Esto fue lo que, unido a la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, nos condujo a buscar una jurisdicción alternativa para las víctimas de la violencia política ejecutada por el régimen chavista, para canalizar su aspiración de justicia.

Por ello denunciamos a Hugo Chávez Frías ante la Audiencia Nacional española, querella que fue remitida el año 2003, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, y que dio inicio al largo camino que hemos transitado en los Países Bajos, a donde recientemente acuden muchos colegas que se han evidenciado que en Venezuela no existía estado de derecho.

Esta circunstancia comenzó a hacerse sistemática y generalizada tanto como sistemáticos y generalizados eran los ataques contra la población civil, reiterando las violaciones a los derechos humanos con crímenes que tenían todas las características de los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma.

Así, el asesinato con marcado tinte oficial del Fiscal Danilo Anderson (2004), con una bomba lapa colocada en su vehículo, quedó sin castigo, y su proceso fue un auténtico ejemplo de manipulación perversa de la justicia, cuyas secuelas fueron el encarcelamiento de los hermanos Guevara y el asesinato del abogado Antonio López Castillo.

Pero si hubo un hecho que por su singularidad fue expresión de la situación en la que estaba la justicia en nuestro país, fue el ocurrido con motivo de la publicación por parte del Tribunal Supremo venezolano de la sentencia que determinaba que el 11 de abril del 2002 se había producido un vacío de poder. La exclamación de Hugo Chávez fue tan grotesca como lacónica: Esta sentencia es una plasta!

Quedaba claro que en Venezuela no había lugar a sentencias que contrariaran los deseos, intereses y conveniencias del poder ejecutivo, de su partido político y de todo los que giraba en torno al poder hegemónico que se había instalado con el chavismo en Venezuela.

Esto no lo decimos nosotros. Lo delcaró igualmente ante órganos jurisdiccionales en los Estados Unidos, Ramón Eladio Aponte Aponte, importante magistrado del Tribunal Supremo venezolano, cuando decidió colaborar con la justicia norteamericana en el esclarecimiento de crímenes y delitos llevados a cabo por altas figuras del régimen, señalando, entre otras cosas, haber recibido órdenes del propio presidente de la República para condenar a los Comisarios y Policías por los hechos del 11 de abril de 2002, como consta en su confesión contenida en una carta emitida en San José de Costa Rica, el 16 de abril de 2012.

De manera que el Estado de Derecho en Venezuela quedó sepultado desde hace más de 17 años, dejando un reguero de víctimas de crímenes sin castigo, y muchos  seguían creyendo que en Venezuela se podría obtener el castigo a los culpables cuando estos estaban vinculados al régimen, que entre tanto, se dedicaba a cubrir las plazas del poder judicial con jueces provisorios, en muchos casos especialmente, afectos y dóciles.

Otro ejemplo de la carencia de justicia, fue el conocido “Caso Afiuni” (2009), uno de los peores actos de terrorismo judicial cometido en este caso contra una juez de la República, María Lourdes Afiuni, quien se atrevió a dictar una sentencia ordenando la libertad de Eligio Cedeño, que contrariaba los intereses de grupos con vínculos con Hugo Chávez, quien ordenó su detención. Fue sometida a tratos vejatorios, crueles e inhumanos, condenada a años de prisión y violada en las cárceles del chavismo. Este crimen enviaba un mensaje claro a los miembros del poder judicial, como advertencia a quienes tuvieran la sensación de separarse del camino señalado.

El terrorismo judicial se enseñoreado en los despachos judiciales, se construyen expedientes, se alteran pruebas, se siembran elementos incriminatorios, y se crea un manto de impunidad insoportable en una sociedad civilizada. Se utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad para materializar los deseos gubernamentales, y se realizan auténticos trabajos de limpieza y exterminio, sin el menor control judicial. Se rompió con el principio de Separación de Poderes y se coptó el poder judicial, que hoy día actúa como muro de contención del único poder legítimo que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional, anulando todas sus decisiones.

Pero que podemos esperar de un poder Judicial, donde el presidente del Tribunal Supremo es un delincuente, condenado por homicidios y señalado como pieza clave del régimen para mantenerse en el poder.

Hoy, muchos de los que se han percatado de esta realidad, viajan a La Haya y nos acompañan en el intento de obtener respuesta de la CPI; más vale tarde que nunca,  pero debemos recordarles que todos estos crímenes aún impunes, incluídos los anteriores a 2014, también claman por justicia

JUSTICIA EN LA HAYA






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