por Fernando Mires *
1. En el siglo XX cuando acontecía en América Latina un golpe de estado no había discusión. Un golpe de estado era un golpe de estado y punto.
Por supuesto, nunca los golpistas han dicho en ninguna parte que los que perpetraban eran golpes de estado. Ellos siempre hablan de pronunciamiento militar, levantamiento nacional, incluso de revolución. No así quienes nos ocupamos con temas políticos pues un golpe de estado era, sin duda, algo fácilmente reconocible.
Entre otras, las características de cada golpe eran las siguientes: (a) Toma del poder por un grupo militar sublevado el cual (b) de modo repentino y generalmente violento destituía al gobierno reemplazándolo (c) por una junta militar que nombraba a un representante máximo (casi siempre militar) el que (d) prometía entregar el poder a las fuerzas cívicas (nunca ocurrió). Después del golpe, (e) era instaurado un estado de excepción, el parlamento disuelto, el poder judicial convertido en oficina notarial del ejecutivo, las libertades individuales y colectivas suspendidas y los derechos humanos pateados. ¿O no era así?
En el siglo XXl las cosas son algo distintas. Cada vez que un presidente es destituido, las aguas se dividen. Para unos se trata de alteraciones en el ejercicio del poder. Para otros son golpes de estado camuflados. De ahí que si queremos seguir hablando de golpes de estado tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Vamos a usar el concepto “golpe” en sentido analítico o en sentido agitativo?
En el campo del análisis político debe imperar, empero, cierta disciplina. Esa es la razón por la cual quien escribe estas líneas ha optado por seguir trabajando con el quizás anticuado “modelo” de las cinco características arriba enunciadas.
Ahora bien, durante el siglo XXl ha habido tres países en los cuales se han levantado voces denunciando golpes de estado: Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Venezuela en 2013.
Quienes señalan que en Honduras y Paraguay hubo golpes de estado niegan que en Venezuela ocurrió algo similar. A la inversa, quienes acusan a Nicolás Maduro de golpista suelen negar que en Honduras o en Paraguay ocurrió lo mismo. De ahí que para obtener una mayor claridad convendrá separar cada caso. Procedamos entonces de modo cronológico:
2. El 28 de junio de 2009 el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por tropas del ejército desde su residencia en Tegucigalpa y, en pijama y sin sombrero, arrojado en un avión rumbo a Costa Rica. Sólo ese hecho permite hablar sin problemas de golpe de estado. En efecto, ahí hubo acción militar y violencia armada.
Quienes defienden la tesis de que el acto que desalojó a Zelaya del poder no fue un golpe recurren a los siguientes argumentos
El primero es que la acción militar fue una respuesta a una violación constitucional urdida por Zelaya y los suyos destinada a prorrogar ilegalmente su mandato. No obstante, ese argumento no niega que hubo golpe. Es, si se quiere, una condición atenuante, pero sin validez jurídica ni política.
El segundo argumento dice que no hubo ocupación militar del gobierno ya que Roberto Micheletti asumió el cargo de presidente interino encomendado por el propio Parlamento del cual había sido presidente. Hecho muy cierto. Pero también es cierto que Micheletti ocupó ese cargo como consecuencia de una acción militar y no de una política. En ese caso el acto destituyente puede considerarse atípico, pero no por eso menos golpista.
El tercer argumento aduce que el gobernante interino respetó la independencia de los poderes públicos abriendo condiciones para que tuvieran lugar elecciones libres, algo que no había ocurrido en la gran mayoría de los golpes de estados habidos en el continente. Ese hecho es también muy cierto. En ese sentido podría hablarse con cierta sutileza de un “golpe de gobierno”. Pero, en cualquier caso, fue un golpe. Si se quiere, fue un golpe más cívico que militar, pero –repetimos- fue un golpe.
3. Distinto fue el caso de la destitución que expulsó a Fernando Lugo del gobierno paraguayo el 22 de Junio de 2012.
Allí hubo efectivamente una conjura parlamentaria, pero no hubo violencia ni intervención militar como en Honduras. En el fondo se trató de una destitución del presidente, hecho que suele ocurrir en muchos países europeos aunque en países latinoamericanos –-dado el sobrepeso del poder ejecutivo sobre el parlamentario- es considerado casi como un regicidio. Mas todavía, hay constancia escrita de que el propio Lugo aceptó su renuncia.
La destitución de Lugo –llamado en su país “el padre de casi todos los paraguayos”- no fue entonces un golpe de estado, ni típico ni atípico. Fue una destitución presidencial.
Donde hay todavía discusiones es en el tema de si se trató de una destitución constitucional o puramente institucional. A favor de la primera tesis habla el hecho de que el juicio político por medio de la Cámara de Diputados y la vigilancia del Senado está estipulado en la Constitución paraguaya. En contra habla el hecho de que Lugo sólo fue acusado de mal gobierno pero no de violación a la Carta Constitucional.
En cualquier caso, donde no hay dudas es en que la salida de Lugo del gobierno resultó de un clásico conflicto de poderes al interior del Estado.
¿Por qué entonces un acto institucional y probablemente constitucional fue tan condenado por los gobiernos latinoamericanos hasta el punto de que Paraguay llegó a ser expulsado de MERCOSUR permitiéndose así la entrada de Venezuela a dicho organismo? Hay dos razones.
La primera es que más allá de su viabilidad jurídica, la destitución de Fernando Lugo ocurrió como resultado -en ese punto comparto la opinión de Alvaro Vargas Llosa- de una imbecilidad política sin nombre. Por una parte, no hubo la menor consulta popular, obteniéndose así la impresión de que el Parlamento actuaba de espaldas al pueblo. Por otra, Lugo fue destituido nueve meses antes de unas elecciones que, dada la catastrófica gestión de su gobierno, sólo podía perder.
La segunda razón fue que Federico Franco no contó con el furioso activismo del ALBA y su periferia latinoamericana. Para Chávez, Lugo, como también lo fue Zelaya, era una simple ficha en el tablero del ajedrez latinoamericano. De este modo, después de la destitución del mal presidente, Paraguay ha quedado tan aislado del continente como en los tiempos del Doctor Francia y del tirano Stroessner.
4. No obstante, y como si de tratara de una venganza histórica, desde el 10 de Enero de 2013 no son pocos quienes hablan de un golpe de estado en Venezuela.
¿Ha habido golpe de estado en Venezuela?
En Venezuela antes que nada hubo una violación constitucional de proporciones gigantescas llevada a cabo nada menos que por el Tribunal Superior de Justicia. A través de esa violación, el TSJ pasó por alto la letra constitucional y subordinó su potestad a los intereses del partido- estado, siguiendo las pautas sentadas por un pacto concertado entre Maduro, Cabello y los Castro, en La Habana.
En Venezuela hubo, además, una acto de usurpación a Chávez en nombre de Chávez de parte de Nicolás Maduro quien gracias al dictamen del TSJ podrá prolongar su mandato hasta que Chávez muera o sane completamente. Esto significa, sólo la muerte o regreso de Chávez podría salvar a Venezuela de una dictadura Maduro/ Cabello (“alianza cívico-militar”, en las palabras de Maduro) .
Ahora bien, según la partitura descrita, en Venezuela no ha habido golpe de estado. Hubo sí una violación constitucional y una usurpación mediante la cual Chávez ha sido convertido, aún en vida, en simple ídolo totémico destinado a cohesionar un liderazgo que ningún chavista está en condiciones de ejercer. ¿No bastaría eso para hablar de golpe de estado?
La respuesta podría ser afirmativa si es que por primera vez hubiera tenido lugar una violación constitucional en Venezuela. Pero todos sabemos que no es así.
Los 14 años de gobierno chavista están plagados de múltiples violaciones constitucionales, entre otras, el referendo por la reelección presidencial, las leyes habilitantes, la conversión de la justicia en un organismo en el cual la “santa palabra” del caudillo era ley, el proyecto del Estado comunal (no figura en la Constitución), la conversión de las FAN en aparato militar al servicio de un partido y de una ideología, y paremos de contar. De tal modo que la violación constitucional de Maduro fue sólo una, una entre muchísimas.
Esa es la razón por la cual tendríamos que decir: si hubo golpe de estado en Venezuela, uno que hizo posible la transformación de una democracia en una autocracia, eso ya había ocurrido, pero en cámara lenta y durante Chávez. Ahí reside la diferencia del caso venezolano con el hondureño y el paraguayo.
Maduro ha asumido su mandato en el marco de una estricta “continuidad inconstitucional”. Luego, la violación constitucional de Maduro no es el origen de un golpe de estado sino el resultado del apoderamiento progresivo de las instituciones de la nación por parte de Chávez y el chavismo. Chávez transformó una democracia en una autocracia. Maduro, si no median circunstancias oponentes, transformará una autocracia en una dictadura.
Chávez era sin dudas un autócrata, pero un autócrata electo. A Maduro, en cambio, no lo ha elegido nadie. Su mandato no sólo es ilegal. Además, es ilegítimo.
A través de violaciones constitucionales –lo estamos viendo- se puede llegar al mismo resultado de un golpe de estado. Pero en sentido estricto las violaciones no constituyen de por sí un golpe de estado aunque sus consecuencias pueden ser aún más graves. Eso ha quedado demostrado no sólo en las violaciones constitucionales que han tenido lugar en Venezuela, sino en un hecho que no ocurrió ni en Honduras ni en Paraguay. Ese hecho es la violación a la soberanía política de una nación.
Pocas veces, quizás nunca, se había dado una situación política tan monstruosa: dos caudillos de un partido, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se han repartido entre sí el poder político de un estado, bajo el auspicio, y seguramente bajo la dirección de una dictadura militar extranjera, y en territorio extranjero. Esa, más aún que la jurídica, es la gran transgresión ocurrida en Venezuela.
Es también la razón por la cual la oposición democrática venezolana está entendiendo que la lucha no sólo debe ser jurídica sino esencialmente política. No se trata, es lo que se quiere decir, de oponerse a un golpe que nunca ha habido, sino de defender, antes que nada y por sobre todo, la integridad política de una nación cuya independencia política, tanto la interna como la externa, se encuentra muy amenazada.
* Profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales, publicados en diversos idiomas
