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-Khan ha logrado acorralar a Maduro y obtener su colaboración para que la Fiscalía de la CPI investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
-La vergonzosa intervención del presidente venezolano ante el Fiscal, evidenció su desconcierto y desazón ante lo que se le viene encima.
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William Cárdenas Rubio
Anàlisis Libre, Madrid
La reciente segunda visita de Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela, nos ha dejado un balance importantísimo a los que creemos en la justicia universal como instrumento para investigar, enjuiciar y castigar los graves crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela durante los últimos 18 años.
Nuevamente desde el Palacio de Miraflores, en presencia de Nicolás Maduro y con las banderas de Venezuela y la CPI engalanando el acto, el Fiscal Karim Kahn anuncio la próxima inastalación de una oficina de su Fiscalía para adelantar las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad denunciados por seis (6) estados parte, como lógica y necesaria consecuencia del proceso que se puso en marcha con el Memorándum de Entendimiento suscrito por Maduro el 3 de noviembre pasado.
El significado de esta decisión, va mucho más allá de lo que un observador desprevenido pueda imaginar: Implica una cesión estimable de soberanía, al permitir que uno de los poderes públicos, el judicial, sea intervenido por un organismo internacional, ante su evidente incapacidad para investigar de manera transparente e imparcial esos crímenes.
Asimismo, implica la activación de la jurisdicción complementaria de la CPI, con las consecuencias que ello conlleva, pues a medida que la Fiscalía asuma esas investigaciones, en esa misma medida menguará el principio de complementariedad positiva que el Fiscal ha utilizado como señuelo para lograr la colaboración del gobierno venezolano.
Además, conduce al próximo arribo a Venezuela de funcionarios de la CPI y de otros organismos de la ONU que velan por el respeto a los derechos humanos, a los que se les ponían trabas para hacerse presentes en el país, que ingresaran a cumplir su misión investigadora, con la inmunidad que deviene de los pasaportes diplomáticos de sus respectivos organismos.
Los miembros de la Misión de determinación de los hechos de la ONU, de renovarse su mandato, y funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, completarán sus trabajos, en los que se recogen suficientes evidencias de la actuación de altos funcionarios gubernamentales comprometidos penalmente en esos crímenes.
En octubre del año pasado se activó una oficina similar de la CPI en Sudán, a través de la cual se ventilan las negociaciones que pueden conducir al depuesto presidente Omar Al Bashir, a rendir cuentas ante la justicia en La Haya o, ser juzgado en su propio país. Al Bashir fue el primer jefe de estado en activo contra quien la CPI libró una orden de captura.
El paralelismo entre ambas situaciones llama la atención, pues en ambos casos, los estados, Sudán, y ahora Venezuela, se ven obligados a ceder espacios de soberanía al órgano internacional encargado de hacer justicia, cuando se producen crímenes como los ocurridos en estos dos países, habida cuenta de su incapacidad o resistencia para actuar, o porque cuando han actuado, lo han hecho para sustraer a los verdaderos autores de sus responsabilidades penales.
Llamaba mucho la atención la presencia de un grupo de personas, como Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo; Delsy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno; Tarek William Saab, el Fiscal General de la República; Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y alguno más, quienes, probablemente, tendrán que ir a rendir cuentas a La Haya.
Mientras hablaba el Fiscal, Nicolás Maduro había estado jugando infantilmente en su silla giratoria para tratar de restarle prestancia al acto. En La Haya, es probable que el banquillo no le permita estos devaneos.
Pero lo más sorprendente fue la bochornosa intervención de Maduro, quien en presencia del Fiscal de la CPI, se dedicó a tratar de librarse de sus responsabilidades penales argumentando que él, junto con Tarek W. Saab, habían sido miembros de la constituyente que aprobó la Constitución Bolivariana de 1.999, en la cual según su opinión, habían aportado un sistema de defensa de los derechos humanos que es un ejemplo para el mundo.
También, mintió de manera ostentosa cuando dijo que él y Tarek, habían sido “mártires” por los hechos ocurridos en Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989, asumiendo el papel de víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales.
Y con esas premisas, Nicolás Maduro ofrecía al Fiscal la mayor colaboración de su gobierno para que estas investigaciones se lleven a cabo. Nicolás Maduro y sus cómplices no podían ocultar sus caras de aprehensión ante el abogado británico, que mantuvo en todo momento una actitud correcta, propia de las delicadas funciones que ejerce.
Por lo pronto este es un paso adelante de la justicia universal en favor de las víctimas, quienes podrán acudir en Venezuela ante los funcionarios de la CPI y de la ONU a rendir sus testimonios, y cada día que pase, será para ellos un día de esperanza, mientras que para Maduro y su cadena de mando será un día mas de agonía.
Karim Khan cumplirá el 16 de abril 10 meses en el cargo. Justamente ese día 16 vence el plazo de tres meses que otorgó al gobierno venezolano para que presenten el resultado de sus investigaciones. Todo parece indicar que la CPI será la que ajustará nuestras cuentas con la Justicia.
