Matanzas en prisiones ya no asombran en Venezuela

Humberto Márquez (IPS) –

Los venezolanos ya no se sorprenden cuando presos provistos de potentes armas de fuego se enfrentan entre ellos por el dominio de áreas y negocios tras los muros de las prisiones, o se resisten a las autoridades hasta por varias semanas.

Al menos 25 personas –24 reclusos y un visitante– murieron el domingo 19 al enfrentarse grupos de presos con armas de fuego y granadas en el centro penitenciario Yare I, parte de un complejo carcelario ubicado 30 kilómetros al sudeste de la capital de Venezuela.

El enfrentamiento se produjo al final de la tarde y en la noche, cuando concluía la visita de centenares de familiares al recinto, y los presos pugnaron por el control de algunas áreas, según testimonios recogidos.

En Yare, en un área de visitas, estuvo preso casi dos años el actual presidente Hugo Chávez, junto con algunos de sus compañeros del ejército que el 4 de febrero de 1992 se sublevaron contra el presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).

«Mi hijo me llamó y me dijo que se prendió Yare», dijo Joyce Jiménez, madre de un recluso. «Están en el abandono, los tratan como animales; cometieron un error, pero tienen derechos humanos que en la práctica les niegan, se retardan los procesos, las mesas de diálogo no funcionan, la ministra dice una cosa y la realidad es otra», agregó.

La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, cuya cartera fue creada por el presidente Chávez después de otra grave crisis penitenciaria que dejó decenas de muertos hace un año, confirmó que hubo 25 fallecidos en Yare I, entre ellos un familiar que se encontraba de visita.

«Me cuesta muchísimo hablar de eso, prefiero hablar de vida. Si (los presos) quieren salir en libertad, cómo van a atentar contra su vida. Deben entender que todo se puede recuperar, incluso la libertad, pero no la vida», dijo Varela.

«Parece que en medio de la visita se le fue un disparo a alguien. Y la verdad es que no hubo liderazgo y lo que ocurrió fue un ‘sálvese quien pueda’. Por las heridas, los disparos fueron desde muy cerca», agregó la ministra.

«Esta situación indignante se produce porque las autoridades dejan que se genere una crisis para después actuar. Yare I tiene un hacinamiento de 320 por ciento, pues fue construido para 750 reclusos y tiene 3.150», dijo a IPS el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.

«Las 32 cárceles de Venezuela tienen capacidad para 14.000 reclusos y albergan 44.000, con el agravante de que no hay clasificación, 70 por ciento son procesados sin sentencia y están entregados a las bandas armadas que controlan las prisiones», señaló a IPS el director de otra organización especializada, Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto.

«El personal en las cárceles labora de forma deficiente, no conoce el sistema ni el trabajo en cárceles. Y el problema más grave es el tráfico de armas y drogas, de la mano definitivamente de funcionarios de la Guardia Nacional y del propio Ministerio, los únicos que tienen el poder para hacer ingresar todas las armas de guerra, ametralladoras y granadas que están en poder de los reclusos», acusó Nieto.

La ministra Varela ordenó investigar los sucesos de Yare, pues «tan culpables son los que apretaron el gatillo como los civiles o militares que introdujeron las armas».

Prado recordó que desde el 30 de marzo de 2006 la cárcel de Yare tiene medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado venezolano evitar la violencia en ese penal.

«No solamente el Estado venezolano ha hecho oídos sordos a ese pedido, sino que su gobierno ahora promueve el retiro del sistema interamericano de derechos humanos, de la jurisdicción de la Corte, y la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos», señaló Prado.

Durante la primera década de este siglo el promedio de homicidios fue de uno por día en los penales de este país, que se ufanaba de haber sido el primero en abolir la pena de muerte en 1863.

En los últimos años la cifra ha aumentado. Nieto recordó que desde que se creó el Ministerio confiado a Varela, en junio de 2011, fallecieron 577 reclusos y 1.200 fueron heridos. Solo en el primer semestre de 2012, señaló Prado, hubo 304 muertos y más de 600 lesionados.

Mientras cesaba el enfrentamiento en Yare, y se retiraban lentamente cientos de familiares atrapados en el conflicto, se informó que en la prisión de Uribana, en el centro-oeste del país, grupos de presos que la controlan habían tomado como rehenes a 581 familiares que estaban de visita, en demanda de varias reivindicaciones.

En la prisión de Santa Ana, en el extremo sudoeste fronterizo con Colombia, el gobierno accedió a trasladar a unos 40 presos a otras cárceles de su elección para obtener la libertad de unos 15 familiares que eran mantenidos como rehenes.

Henrique Capriles, candidato opositor que disputará con Chávez la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre, planteó el tema en las redes sociales. «¿A quién le van a echar la culpa del desastre del sistema penitenciario? ¿Cuántos muertos más?», preguntó, y ofreció nuevas políticas que mejoren la situación en el plazo de un año.

Uno de sus colaboradores, Vladimir Villegas, del grupo izquierdista Avanzada Progresista, propuso constituir una junta con participación de universidades y organizaciones no gubernamentales «para encarar la emergencia penitenciaria».

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