[box_dark]No todos los 111 mil kilómetros cuadrados que abarca el “Arco Minero” están destinados a la explotación minera el proyecto oficial mantiene zonas protectoras, bosques y zonas de seguridad.[/box_dark]
Francisco Olivares.
Sobrevolar la región norte del Estado Bolívar en dirección sur oeste hacia la zonas mineras que abarcan las poblaciones de Upata, El Callao, Tumeremo, El Dorado para finalmente recorrer Las Claritas en el llamado kilómetro 88, es una sensación de emociones contradictorias en las que contrastan la belleza natural de la región con la devastación progresiva que por la mano del hombre se va extendiendo a través de los bosques.
Al salir de Ciudad Guayana observamos un territorio de sabana que en los últimos años ha sido habitado por pequeños campesinos que han llegado desde distintos puntos del territorio venezolano. En el área se divisan columnas de humo que emanan de las quemas que hacen los grupos familiares (habitantes originarios y recién llegados) para despejar de maleza, arbustos y pequeños árboles, el terreno que se destinará para levantar un pequeño conuco o una vivienda improvisada.
La sequía de los últimos meses ha dejado la marca en esas extensas zonas y la atmósfera se carga con el humo de las quemas, la llamada calima que se intensifica por los efectos de la incandescencia vertical del agudo sol propio de esa región.
Al adentrarnos en la zona boscosa que pertenece a la Reserva Forestal de Imataca, una reserva de 3 millones 700 mil hectáreas, el verde profundo del bosque hace más determinante el rojizo de la tierra fracturada agredida por las bombas hidráulicas y el tono marrón de los ríos intervenidos por la minería sin control que barre la superficie vegetal para sustraer la arenilla metálica en donde se refugia el oro, el cobre y la plata, que abunda en esos territorios.
Especialmente el río Cuyuní hoy carece de fauna acuática por los altos niveles de contaminación por mercurio, cianuro y óxido ferroso, elementos altamente tóxicos para la vida humana y animal.
Da la sensación de una plaga que carcome el bosque y los cursos de agua en forma progresiva dejando a su paso una tierra muerta.
El pasado 19 de abril El Universal acompañó a un equipo de expertos, apoyados con efectivos militares en los que se sumaron, ecologistas, ambientalistas, especialistas en minería de alta tecnología, autoridades de petróleo y minería, del MPP del Ambiente y Eco Socialismo, con el fin de determinar el estado del espacio geográfico afectado por la minería ilegal organizada, especialmente en la localidad de Las Claritas, Municipio Sifontes, Estado Bolivar.
Según se desprende de documentos oficiales, lo que pretende el Gobierno es normar la minería en todas aquellas zonas en donde opera la minería ilegal
Es una zona que desde 2008 fue tomada en gran parte por la minería ilegal cuando una medida del presidente fallecido Hugo Chávez, sacó de la zona a las grandes empresas mineras que, a través de concesiones operaban allí.
En su lugar tomaron posesión del lugar miles de mineros y grupos de cooperativas llamadas por el Gobierno, cuyo número no se ha determinado con exactitud, pero que se estima en 10 mil mineros, quienes ocupan unas 50 mil hectáreas, la mayoría de ellas ilegales, y quienes ejercen una minería aluvional en la superficie, de la cual no hay control sobre el uso de materiales contaminantes y el comercio ilegal.
Estos grupos se han ido extendiendo en la zona adentrándose cada vez con mayor intensidad en la selva de Imataca, una vez que la superficie explotada va disminuyendo su capacidad.
El Arco minero
Cuando el pasado 24 de febrero el Gobierno emitió el decreto que creó la “Zona de Desarrollo Estratégico” llamado “Arco Minero” y que abarca 111.843 kilómetros cuadrados al norte del Estado Bolívar, cubriendo cuatro zonas desde el límite con Amazonas hasta el oeste con Guyana, la opinión pública y algunos sectores ambientalistas percibieron que se trataba de que toda esa región sería intervenida por la minería. El Gobierno anunciaba que cerca de 150 empresas multinacionales estarían en la lista para optar por concesiones en diversas áreas. Lo cual en su opinión lo que venía es un crimen ecológico en esa región.
Sin embargo al indagar sobre los estudios que han realizado diversas autoridades y organismos ministeriales sobre el proyecto global obtenidos por El Universal, se observa que aún toda esa región se encuentra bajo estudio para ser incorporada al Plan de Ordenamiento del Territorio y solamente estarán bajo concesiones una extensión aproximada de 12% de todo ese territorio
Cabe destacar que la mayoría de las zonas que han sido determinadas con potencial para la explotación minera han tenido esa actividad desde hace muchos años. Entre ellas se diferencian por ejemplo las zona del hierro al norte del Estado Bolívar; dos zonas con potencial de Bauxita de las cuales, Los Pijiguaos está siendo explotada desde hace muchos años; el potencial de coltán ubicado al este del Bolívar; la zona diamantífera también al este con dos zonas en las que ya existe explotación parcial; y la zona del oro ubicada en principalmente en Imataca que ha sido explotada e intervenida por años. Es de señalar que la actividad minera en las fuentes de agua han sido totalmente descartadas en el plan oficial, aunque en la actualidad la extracción de oro a través de balsas se ha practicado de manera ilegal en los ríos Cuyuní, Caura y Caroní y se han metido hasta el Parque Nacional Canaima, esta última causando sedimentación y contaminación al embalse de Guri.
Se reconoce que el negocio es manejado por el crimen organizado y hay complicidad de diversos sectores (públicos y privados)
Según se desprende de documentos oficiales, lo que pretende el Gobierno es normar la minería en todas aquellas zonas en donde opera la minería ilegal, incorporar empresas con alta tecnología no contaminante que se está utilizando en otros países e incorporar a los pequeños mineros en programas de desarrollo minero controlado.
Al mismo tiempo se pretende ir hacia un proceso de certificación internacional del oro y el diamante de manera que la explotación “racional entre toda en un circuito legal”. El propio Gobierno reconoce en sus estudios que la mayor parte de esos minerales salen de contrabando por vías ilegales para ser vendidos en el exterior.
Igualmente se reconoce que ese negocio es manejado por el crimen organizado en la que hay complicidad de diversos sectores (públicos y privados) que operan en la región.
La diversidad
En los 111 mil kilómetros cuadrado de la zona identificada como Arco Minero están establecida una diversidad de áreas con usos diferentes.
Allí se destacan los espacios identificados como “zonas turísticas” asociadas a los dos grandes centros poblados como Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana que son áreas de usos urbanos.
La cuenca del Caroní en la cual se mantiene la prohibición de uso minero está establecida una zona de protección que incluye los cursos de agua y embalses y que abarcará hasta 5 kilómetros.
Allí también está establecida la zona de seguridad que protege el Sistema Eléctrico Nacional que agrupa los embalses de Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua a la que se suma el destacamento fluvial de Ciudad Bolívar y el área de frontera con Colombia.
De Imataca, una zona al norte presenta reservas de bauxita que no ha sido explotada y el resto, la zona del oro, ya ha sido explotada superficialmente
Hay siete áreas boscosas que se encuentran clasificadas como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y un pedazo del Parque Nacional Canaima. A ello se agregan 6 zonas de reserva forestal que incluyen Caura, San Pedro, El Frío, Imataca, El Dorado y Tumeremo.
Hay 4 áreas demarcadas como indígenas en las cuales hay 1.973 habitantes de las cuales tres son comunidades de la etnia Kariña y una Mapoyo. Las áreas indígenas tienen sus propias y particulares normas de uso. En conjunto estas comunidades ocupan una extensión de 316 mil 106 hectáreas.
Es de destacar que hasta el momento solo la zona cuatro que abarca la Reserva Forestal de Imataca ha sido estudiada en su totalidad y es la única del Arco Minero que ha completado el Plan de Ordenamiento Territorial.
En Imataca está contemplada para el “uso forestal” una extensión equivalente a 61% de la reserva, sin embargo apenas una pequeña parte se otorga en concesión para esa industria con normas específicas para su mantenimiento y renovación.
Aproximadamente 23% se mantiene como “zona de conservación” y sólo 12% se establece con potencial para la explotación de minera.
De Imataca, una zona al norte presenta reservas de bauxita que no ha sido explotada y el resto, la zona del oro, ya ha sido explotada superficialmente pero contiene importantes reservas para una minería de galerías con alta tecnología que solo afecta limitadas extensiones de la superficie. Ésta última ubicada en el kilómetro 88 es la que presenta en este momento el mayor volumen de minería ilegal.
Pueden observarse numerosas camionetas y vehículos rústicos, así como equipos satelitales de comunicación, que revelan gran capacidad operativa de las organizaciones mineras
En la zona norte de Imataca se establece una zona agrícola en la región del Delta en la que se ha cultivado tradicionalmente el palmito. Ésta es 2% de la Reserva de Imataca.
Cabe precisar que el resto del Arco Minero presenta muy poco potencial para la explotación del oro.
Situación actual
Como consecuencia de los asesinatos de mineros ocurridos en Tumeremo las autoridades detectaron varios grupos de bandas armadas que mantienen el control de las “bullas mineras”, la mayoría ilegales y sobre algunas cooperativas.
Los cuerpos de investigación identificaron vínculos entre algunos funcionarios públicos y militares con el negocio ilegal de extracción y contrabando de minerales hacia el exterior, explicó a El Universal un alto funcionario vinculado a la seguridad de la región. Tales mafias sacan un volumen importante de oro que sale por vía aérea y terrestre hacia mercados internacionales. Es una cadena de negocios en la que el minero ilegal es el sólo el primer eslabón.
Entre los pequeños campamentos que se destacan entre las zonas de explotación pueden observarse numerosas camionetas y vehículos rústicos, así como equipos satelitales de comunicación, que revelan gran capacidad operativa de las organizaciones mineras que allí operan.
A los efectos de neutralizar la influencia de esas organizaciones sobre los contingentes militares que resguardaban la región, fue necesario incluso sustituir a las unidades militares que tenía la custodia de esa región que forma parte de la “Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana” que comprende a los 4 componentes militares.
Ello implicó el envío de un nuevo contingente de 1.200 efectivos para esa región que actualmente está bajo el comando del mayor general José Antonio Benavides quien fue designado para esa REDI desde el pasado mes de enero. Bajo su responsabilidad está la tarea de enfrentar las bandas armadas que operan en la zona minera y que ha generado reacciones en contra, por parte de las comunidades mineras.
El oro conocido como “doré” es sacado hacia mercados internacionales que luego de un proceso puede ser certificado en Europa, japón o China o Panamá
El alcalde del municipio Sifontes Carlos Chancellor, quien estuvo muy activo en las denuncias por el asesinato de los 17 mineros y decretara dos días de duelo en el municipio, ha sido un activo defensor de la pequeña minería y frente al decreto que creó el Arco Minero ha señalado que peligra la existencia de 20 mil pequeños mineros tras las anunciadas concesiones.
Oro no certificado
La minería ilegal de campo abierto está produciendo un oro artesanal conocido como “doré” que pierde entre 20% y 30% de su valor. Ese oro es sacado por aeronaves o por vía fluvial y terrestre hacia mercados internacionales que luego de un proceso puede ser certificado en Europa, japón o China o Panamá.
En Venezuela no existen plantas con capacidad para procesar el oro con calidad certificda.
La minería ilegal y artesanal utiliza un mecanismo de separación del metal prácticamente manual, en el que se aplica el cianuro que tiene la capacidad de separar el cobre y el oro.
