IFEX
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó las propuestas de un grupo de trabajo que se podrían usar para amenazar la autoridad del relator especial para la libertad de expresión, informan el grupo de América Latina y el Caribe de IFEX (IFEX-ALC), el International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa, IPI) y otros miembros de IFEX.
Como IFEX informó el mes pasado, esas recomendaciones habían sido diseñados e impulsadas por Ecuador, cuyo Gobierno también ha criticado repetidamente los esfuerzos del relator especial por interferir en asuntos internos.
La representante permanente de Ecuador ante la OEA, María Arvide Salvador, subrayó que su país sólo quería asegurar que todas las relatorías de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) recibieran igual tratamiento. «Todos los derechos merecen la misma atención y todas las relatorías deberán tener los mismos recursos», declaró a los reporteros, según el IPI.
A diferencia de los otros relatores, el relator especial para la libertad de expresión publica un extenso informe anual separado y se beneficia del financiamiento externo. Si se aplican por completo, las recomendaciones de Ecuador terminarían ambas prácticas, y obligarían a la inclusión del informe anual en un informe más amplio sobre la región en general y exigirían financiamiento equilibrado entre los relatores. La tercera recomendación pide un código de conducta para gobernar al relator.
IFEX-ALC, una alianza de 16 miembros de IFEX con sede en la región, junto con grupos de derechos internacionales como IPI, ARTICLE 19, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF), habló en apoyo de la relatora, Catalina Botero, y la oficina que encabeza.
Según el Centro Knight, más de 60 ONG y representantes de la sociedad civil adujeron que los cambios dañarían la eficacia y autonomía del relator.
Aunque sigue habiendo inquietud, los miembros de IFEX-ALC y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información señaló que no hubo un apoyo unánime para las recomendaciones de Ecuador en el Consejo Permanente. Afirman que «una abrumadora mayoría» dijo que las recomendaciones «se deberían adoptar sólo si llevan a un fortalecimiento genuino del sistema existente para proteger los derechos humanos y el trabajo del relator especial».
Países como Costa Rica, Uruguay y Panamá apoyaron decididamente el papel existente del relator especial y rechazaron cualquier reforma importante que pudiera debilitar su mandato, afirman.
Pero México y Colombia tuvieron respuestas ambiguas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) criticó al representante del Gobierno colombiano por caracterizar las reformas como «positivas» y por no defender el papel que jugó el relator especial para garantizar la libertad de expresión en la región.
Por el momento, las recomendaciones no son vinculantes. Según el Centro Knight, la aprobación final depende de los votos de las 34 naciones miembros en la próxima Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Bolivia en junio de 2012.
Mientras tanto, los miembros de IFEX-ALC y la Alianza Regional escribieron a los miembros de la OAS y los alentaron a «evaluar cuidadosamente las recomendaciones […] y sólo adoptar aquellas que no afecten negativamente el propio sistema, o las víctimas o o usuarios potenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
