Venezuela: El Gobierno busca desmantelar la oposición

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Momentáneamente el Gobierno de Venezuela ha logrado desviar la atención internacional del desastre en el que ha convertido a Venezuela con el tema del supuesto atentado

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Francisco Olivares

Internamente, si bien, le ha servido para cohesionar por algún tiempo a sus descontentos seguidores, la estrategia de unir contra “los enemigos de la revolución” tendrá poco efecto frente a la hambruna que se ha extendido.
La versión del atentado presenta severas sospechas de la mano del Gobierno cuando dos personajes del grupo señalado, son claramente infiltrados del Gobierno, quienes dirigieron la torpe operación.
Adicionalmente, varias incongruencias en las declaraciones oficiales muestran que hubo contradictorias versiones en la secuencia de los hechos, suficientemente desglosadas por los medios y especialistas.
Pero independientemente del origen de la inepta operación y del sesgo con el que ha sido utilizada por los jerarcas del madurismo, lo cierto es que ante tanta calamidad en la que viven los venezolanos, el propósito de la cúpula gubernamental ha sido la de terminar de desmantelar a la oposición.
Ya voceros oficiales venían amenazando a Julio Borges, quien siendo presidente de la Asamblea Nacional tuvo que abandonar el país con toda su familia. Desde el exilio, el líder de Primero Justicia, continuó las gestiones para las sanciones contra figuras del Gobierno, tanto por violación a los Derechos Humanos como por corrupción, que han cercado financieramente a la cúpula.
Igual destino le llegó al diputado Juan Requesens, quien fue detenido con violencia en su casa por una delación de un sospechoso testigo, en una sospechosa situación de testimonio grabado en video y expuesto en las redes.
Desde un organismo ilegítimo que no tiene facultad para allanar la inmunidad de parlamentarios en donde todo se hace por unanimidad, Diosdado Cabello anuncia, o mejor dicho, ordena que vendrán más allanamientos, desde luego contra opositores, siguiendo así una línea de acción que ha eliminado a cuatro dirigentes, ha destituido altos funcionarios, ha inhabilitado a importantes dirigentes nacionales, destituido alcaldes y ha aprobado leyes sin el aval del voto popular.
Pero esas acciones no tapan la paralización a la que han llevado al país. No solamente en la empresa privada, también en las estatizadas del Gobierno, los empleados abandonan los puestos de trabajo, los técnicos y especialistas se largan del país y se marchan caminando, hacia países vecinos para poder alimentarse. Pero los que aún quedan están a las puertas de las empresas y servicios públicos, con carteles alzados exigiendo salarios acordes con la hiperinflación y pidiendo un cambio de rumbo.
Una parte del país se apaga sin electricidad y el otro se hunde bajo las aguas, mientras en las principales ciudades no hay agua en las tuberías ni electricidad para producir. El 95% del transporte público está paralizado y los camiones de transporte de alimentos que todavía tienen la valentía de seguir operando, están expuestos al hampa, al saqueo o matraqueo permanente de las alcabalas militares y policiales.
Los escándalos de corrupción, con cuentas mil millonarias, que se conocen repetidamente por las investigaciones internacionales, son apenas una muestra del desfalco al que ha sido víctima el país a manos de un Gobierno sin instituciones.
Todo ello es una realidad que causa asombro en la comunidad internacional como un hecho inédito en un país que fue uno de los más prósperos del continente con una democracia estable y que fue referencia y destino de todas partes del mundo. De allí que tener éxito en desmantelar una democracia como la venezolana es una tarea que tendría que pasar por eliminar a una oposición que hoy está sembrada en 80% de la población.
Twitter: @folivares10

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