Maduro y sus còmplices tienen candidato a fiscal en La Haya

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-El destino del pueblo venezolano y de más de 5 millones de desplazados, se decide con la elección del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional.

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William Cardenas Rubio-Vargas
 Análisis Libre – Madrid

Tal y como están las cosas en Venezuela y en la Comunidad Internacional, la única esperanza que le queda al pueblo venezolano para salir del régimen de Nicolás Maduro, es que la justicia  de la Corte Penal Internacional haga su trabajo.

Pero hay un serio obstáculo, y no es otro que el mismo que hasta ahora ha cubierto con un manto de impunidad todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país: La elección del Fiscal de la CPI.

En efecto, quienes hasta ahora han desempeñado dicho cargo, el argentino Luis Moreno Ocampo y la gambiana Fatou Bensouda, han actuado violando el deber de imparcialidad e independencia que les impone el Estatuto de Roma para, desde el monopolio de la acción penal que les otorga tan altas funciones,  negar y hasta obstruir cualquier posibilidad de que se abra una investigación sobre lo currido en Venezuela.

Han sido 18 largos años de impunidad, garantizada a través de la complicidad de estos funcionarios lo que ha impedido que la jurisdicción de este alto órgano de justicia universal conozca los peores crímenes contra nuestro pueblo, de los que han sido capaces las más conspicuas figuras del castro chavismo que ha gobernado nuestra nación.

Ahora, cuando en la XIX Asamblea de Estados Parte celebrada entre los días 14 y 22 de diciembre pasado, en la que debía haberse elegido el nuevo Fiscal que sustituya a la nefasta Bensouda, maniobras y manipulaciones de las normas internas y del propio Estatuto, han logrado postergar la elección hasta el próximo enero o febrero, y ello no es casual.

Obedece a un evidente intento de los que han favorecido el actual “status quo”, de tratar que el nuevo Fiscal mantenga la misma línea de actuación que hasta ahora ha cumplido su guión a rajatabla: No abrir una investigación en el Caso Venezuela, o en su caso, que se abra en falso para juzgar solo a funcionarios de menor rango.

Los 4 candidatos que habían sido preseleccionados, un irlandés, un canadiense, un nigeriano y una ugandesa, lo fueron después de un largo proceso de pre-selección al que se presentaron más de 160 candidatos. En junio pasado se informó del resultado del proceso y este diciembre uno de ellos debería haber sido electo como dice el artículo 42.4 del Estatuto de Roma, por la mayoría absoluta de los Estados Parte presentes en la Asamblea.

Como probablemente ninguno de estos 4 preseleccionados favorecía los intereses de los que apuestan por la continuidad, se argumentó que el nuevo Fiscal debería ser electo por aclamación, como se hizo con Fatou Bensouda, presentada el 2011 a instancias del propio Moreno Ocampo, algo que no está escrito en ninguna norma  y que viola lo dispuesto por el propio Estatuto.

De esa manera, lograron ampliar la lista a nueve (9) preseleccionados, entre los que se encuentra el candidato español, Carlos Castresana, que había quedado sexto en la selección original, dando de esta manera entrada al candidato de Nicolás Maduro, pues es a su vez el candidato del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien aboga para impedir que a Nicolás Maduro se le pueda procesar en la CPI.

Pero es también el candidato de Baltasar Garzón, el gran amigo de Luis Moreno Ocampo, y ahora abogado de los chavistas Hugo Carvajal, huido de la justicia española, y de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde.

Obviamente, lo es también de la Fiscal General del Estado español, Dolores Delgado, la novia de Baltasar Garzón; y del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y de su socio Pablo Iglesias, quienes presentaron su candidatura, que ahora mismo tratan de retorcer todas las normas de la CPI para imponer a su candidatura.

En este mismo sentido maniobra Josep Borrel, el Alto Comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, quien con un intenso lobby ante los países de la UE, utilizará como argumento de que habiendo sido americano y africana los anteriores fiscales, ahora este cargo le corresponde a Europa, por el principio de rotación y equilibrio geográfico.

Todo ello con el único y exclusivo propósito de alcanzar que el manto de inmunidad que ha protegido a Nicolás Maduro y a sus altos colaboradores del chavismo se extienda por 9 años más, que es lo que dura el período de estos funcionarios. No les vale que entre los 4 primeros preseleccionados haya un irlandés, probablemente porque no es de su absoluta confianza.

Pero resulta que el mundo entero ha conocido lo que está pasando en Venezuela. La ONU, sus Altos Comisionados para los DD.HH. La OEA, seis (6) Estados Parte, cientos de organizaciones internacionales y el mundo entero califica al régimen venezolano como criminal y ya ha señalado a los principales responsables, y allí estará nuestra esperanza.

Por todo ello, lo que ocurra en la próxima elección del nuevo Fiscal en la prórroga de la Asamblea de Estados Parte en New York, sera de capital importancia, ya no sólo para el destino de nuestro pueblo, sino también para el futuro de la CPI y del sueño de la Justicia Universal.