America Latina

octubre 23, 2012

Acusan a Insulza de debilitar institucionalidad de DDHH de la OEA

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Written by: analisislibre

Jorge Contesse, abogado y académico de la UDP, cree que el ex ministro del Interior “ha desconocido la importancia de las medidas cautelares» adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por ello, piensa que las naciones que quieren hacer cambios «agresivos» a la entidad (Venezuela, Brasil y Ecuador) han encontrado en él su mejor aliado. Visión que es compartida por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien considera que Insulza “en lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante institución, en la práctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan”.

por  / Chile

Hace poco, el abogado y profesor de derecho de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, viajó a Washington DC junto a un grupo de académicos con el fin de debatir sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, en un escenario que —para él— resulta inédito: se plantea una reforma agresiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte de Brasil, Ecuador y Venezuela.

A través de una columna publicada en La Tercera, el profesional sostiene “el malestar de estos países proviene de decisiones adoptadas por la CIDH que no han sido de su agrado: críticas por las afectaciones a la libertad de expresión por parte de los gobiernos de Chávez y Correa, y el otorgamiento de medidas cautelares que significó paralizar el proyecto hidroeléctrico estrella de la Presidenta Rousseff. A ellos se suma la incomodidad de Colombia, que año a año comparte la lista de países con problemas de derechos humanos, junto a otros como Cuba o Haití”.

Estas naciones, agrega, “han encontrado en el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, un inesperado aliado. A pesar de lo que dice en público, Insulza no se ha caracterizado por llevar adelante una gestión que custodie genuinamente la autonomía de la CIDH, elemento clave para el desarrollo de su trabajo de protección y promoción de los derechos humanos en la región”.

“Ha desconocido la importancia de las medidas cautelares, intentó participar más allá de lo debido en el nombramiento del secretario ejecutivo del organismo regional, y acogió sin reparos las recomendaciones que un grupo de trabajo hizo para supuestamente fortalecer la labor del sistema. Digo “supuestamente”, porque hay consenso que los principales problemas que éste enfrenta tienen que ver con la falta de recursos y la falta de cumplimiento de sus decisiones por parte de los Estados; y sobre ello, no se escucha recomendación alguna”, acota.

En ese sentido, hace la siguiente comparación: “Mientras el presupuesto de la Corte Europea de Derechos Humanos equivale a un 22 % del total del Consejo de Europa, el presupuesto para la Corte y la Comisión Interamericanas no supera el 8 % del total de la OEA. Si el propósito real es fortalecer al sistema interamericano, es imperioso que la secretaría general impulse mecanismos para reforzar la provisión de fondos a sus órganos”.

“El gobierno del Presidente Piñera no debiera permanecer indiferente a este proceso. Desde hace algún tiempo Chile es visto como un país que debe ejercer liderazgo en materia de institucionalidad de derechos humanos. El paso de una dictadura con violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, a una democracia imperfecta, pero estable por vías institucionales, hace que organizaciones internacionales reclamen del país una actitud decidida en estas materias. Por ello, debiera esperarse que mantenga una posición de rechazo frente a reformas que no tendrían el resultado que se dice buscar y que defienda activamente la legalidad interamericana, en cuya virtud corresponde a la CIDH, no a los Estados —como equivocadamente ha señalado el presidente de Ecuador—, impulsar reformas a su Estatuto. No sólo la academia legal, sino las víctimas que han encontrado amparo en el sistema interamericano, están observando con atención”, concluye.

HRW versus Insulza

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó la coyuntura levantada por la petición hecha por el presidente de Ecuador durante la 42ª Asamblea General de la OEA que se celebró en Cochabamba, Bolivia, de hacer reformas a la CIDH, que hace unos meses le solicitó cesar un proceso judicial contra periodistas, que lo caracterizaron como un mandatario autoritario y que además publicaron sobre negocios de un familiar suyo con el Estado.

“Estamos frente a una coyuntura, a un desafío muy serio que se va a definir en las próximas 48 horas y donde creo, ojalá me equivoque, está en riesgo la protección regional en materia de Derechos Humanos”, indicó.

“En lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante institución, en la práctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan”, argumentó Vivanco en una columna titulada “Derechos Humanos, Insulza, Brasil y el Alba”, publicada por el diario El País.

En su artículo, el experto asegura que se ha desatado una campaña en contra de este órgano liderada por gobiernos a los que ha tocado intereses importantes, entre los que identifica a los miembros del ALBA y Brasil.

Según explica Vivanco en entrevista con El Mostrador, “hasta ahora los procesos de “fortalecimiento del sistema” —como se han calificado los cambios que se promueven en la instancia— se han impulsado sobre la base del principio de autonomía e independencia de la Comisión, que se autoregula. El centro del problema es que Estados del ALBA más Brasil, y lamentablemente el secretario general de la OEA, proponen un camino alternativo que consiste en llevar el debate a una instancia distinta.






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