-Todo comenzó en España. La querella contra Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad incoada en la Audiencia Nacional española, el 28 de enero de 2003, fue la primera denuncia presentada ante la Fiscalía de la CPI en La Haya.
–Los anteriores fiscales de la CPI, Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda, bloquearon todas las denuncias y nunca dieron inicio a una investigación formal.
-Muchos denunciantes han acudido a La Haya, en su gran mayoría desprendidos de ambición, con muy buena información y mejores intenciones. Otros, muy pocos, mediocres, soberbios y envidiosos.
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William Cárdenas Rubio *
Análisis Libre Internacional. Madrid
La reciente visita del actual Fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela ha constituido el fin de una grave infamia cometida contra las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Khan ha sorprendido a la comunidad internacional al anunciar, ante las mismas narices de un incrédulo Nicolás Maduro, el inicio de una investigación formal de dichos crímenes por parte de la CPI.
Todo esto nos invita a hacer memoria para que quede registrado como comenzó esta terrible historia de impunidad internacional, amparada por los anteriores fiscales de la CPI, Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda.
Así que nos remontamos al inicio de los hechos que dieron lugar a la primera denuncia internacional de estos crímenes. Ocurrió el año 2002, cuando fue trasladado a España el ciudadano español José Antonio Gamallo, quien había sido gravemente herido en los hechos ocurridos en Caracas el 11 de abril de aquel año, en la llamada Masacre de El Silencio.
José Antonio, quien se encontraba en estado cuadrapléjico producto de un disparo en la cabeza fue trasladado por la Junta de Galicia hasta la población de Carballino, donde residía su madre. Pero Gamallo apenas duró dos meses con vida. Fue entonces cuando su madre me otorgó un poder para que buscara la manera de hacer justicia por lo que había ocurrido con su hijo.
El factor de conexión con la jurisdicción española, que provocaba la existencia de una víctima de este país nos abría las puertas de sus órganos jurisdiccionales, y fue así como a finales de 2002 viajé a Venezuela a invitar a representantes de otras víctimas de aquella masacre, a que me acompañaran en esta denuncia ante la jurisdicción española.
Fue así como a principios de 2003, acudimos en nombre de Gamallo a la Audiencia Nacional a denunciar, junto con otras víctimas venezolanas, los hechos que estaban ocurriendo en nuestro país, cuyo carácter planificado, continuo, sistemático y generalizado, ya daba elementos suficientes para considerar que nos encontrábamos ante crímenes de lesa humanidad de los tipificados en el Estatuto de Roma, que había entrado en vigencia el 1º de julio de 2002. Esta fue la vez primera que se utilizó el tipo penal de “Crimen de lesa humanidad” para denunciar estos crímenes fuera de Venezuela.
El expediente, hoy con 500 páginas, en el cual se denunciaba a Hugo Chávez y a 26 de sus más próximos colaboradores, presentado con suficientes evidencias de los crímenes y el señalamiento de los autores intelectuales y materiales de los mismos, fue remitido por riguroso reparto al juzgado cuarto deInstrucción, cuyo titular era el Magistrado Fernando Andreu Merelles.
Después de varios meses de sustanciación de las diligencias previas, en noviembre del 2003 el citado Magistrado decidió archivar la causa por considerar, de acuerdo a una doctrina para aquella época, que España no podía juzgar a un jefe de estado de un país con el cual mantiene relaciones diplomáticas, doctrina que hoy ha sido incorporada a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero antes del fallo, el Magistrado ordenó, que por cuanto los crímenes denunciados tenían una especial gravedad y por cuanto había entrado en vigencia la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma, remitir dicho expediente a la citada Corte.
Fue así como en marzo del año 2004 acudimos a la Fiscalía de la CPI a presentar el expediente que nos había entregado Andreu Merelles, dando inicio a la extensa cadena de denuncias de esta naturaleza que hemos presentado ante esa Fiscalía, desde dicho año hasta la presente fecha.
Lo lamentable fue que a partir de entonces tuvimos que enfrentarnos al férreo bloqueo de los fiscales, Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda a todas estas denuncias, que sólo obedeció a la contaminación ideológica y a otras inconfesables razones, que permitieron que los autores de estos crímenes en Venezuela gozaran de un manto de inmunidad ante esta jurisdicción universal.
Han sido 18 largos años, cada fiscal dura 9 años en su cargo, en los que la conducta cómplice e infame de estos funcionarios, permitió que en Venezuela los crímenes se fueran multiplicando al punto de lo que hoy conocemos, con más de seis millones de desplazados forzosos y miles de asesinados, heridos, encarcelados, torturados, perseguidos, muertos por la privación intencional de alimentos y medicinas, violados y desaparecidos.
Este fue el lamentable resultado de la conducta cómplice y omisiva de esos funcionarios internacionales, cuyas responsabilidades en algún momento tendrán que depurarse. Moreno Ocampo, terminó sus funciones con denuncias por acoso sexual de funcionarias de la Fiscalía y por haber presuntamente recibido cantidades de dinero de personas que estaban vinculadas a procesos en la CPI. Y la que fuera su vice fiscal, Fatou Bensouda, después de conocer todo lo que ocurría en Venezuela desde el año 2004 cuando me entrevisté con ella, fue incapaz de iniciar la investigación que las víctimas venezolanas reclamaban.
De los 26 presuntos criminales denunciados inicialmente en España, se han muerto 8, incluído Hugo Chávez. Nosotros, con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, continuamos denunciando también de manera sistemática durante 18 largos años cada hecho criminal que sucedía en nuestro país con las características de ser crímenes de lesa humanidad. Algunos compañeros de viaje de entonces abandonaron la causa y se lanzaron de mala manera del coche en marcha.
Cuántas muertes nos habríamos ahorrado si la Fiscal hubiera atendido las denuncias presentadas por los hechos del 2014? Ahora algunos tratan de justificar su conducta diciendo que al final de sus 9 años en el cargo, emitió una declaración en la que decía que parecía que había elementos para considerar que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Lo hizo el último día en el cargo cuando ya la intervención de organismos internacionales denunciando que esto era así, la obligaron a pronunciarse, para dejarle el problema y su solución al fiscal entrante, Karim Kahn.
Durante todo este tiempo muchos venezolanos nos secundaron en esta actividad de denunciar dichos crímenes en La Haya, en su gran mayoría profesionales respetables.
La mayoría han acudido a La Haya desprendidos de ambición, con muy buena información, voluntad y mejores intenciones. Otros, felizmente no más de dos o tres, han sido mediocres, arrogantes y envidiosos. De estos últimos, alguno con poco seso y mucha estridencia, buscando más figuración pública y demeritar las acciones de sus compañeros, que con un verdadero afán de justicia. Han colocado su ego y soberbia al servicio de sus intereses personales, que van desde el arribismo político, hasta el ejercicio autoritario de tratar de imponer su criterio como verdad absoluta.
El esfuerzo colectivo más interesante ha llegado el 2020 con la creación de el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), ONG en la que se han integrado un grupo interdisciplinario de brillantes y reconocidos venezolanos preocupados por la impunidad en Venezuela, conscientes de que ante un problema tan complejo lo más inteligente es trabajar en equipo y sin protagonismos patológicos, quienes han realizado un mapa exhaustivo de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, justo antes de que el Fiscal Karim Khan anunciara en su viaje a Caracas el pasado 3 de diciembre, el inicio de la investigación formal de la CPI.
Algunos han denunciado desde el exterior de Venezuela como los miembros de parlamentos latinoamericanos o figuras como Iván Duque, tanto como senador, como presidente de Colombia, así como también seis estados parte del Estatuto de Roma, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Argentina y Canadá, que basados en el Informe elaborado por los expertos de la OEA, impulsado por el Secretario General Luis Almagro.
Finalmente, los informes de los dos últimos Altos Comisionados para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zaid Raad El Hussein y Michelle Bachelet, y la Misión independiente de determinación de los hechos de la ONU, coinciden en afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, todo lo cual que viene a corroborar que cuando el año 2002 iniciamos este largo camino al que ahora Karim Khan le abre paso, estábamos en la definición jurídica correcta del tipo penal ante el que nos encontrábamos.
Todo esto en 18 años durante los cuales los anteriores fiscales cometieron la peor de las infamias, al negar maliciosamente el clamor de justicia a las víctimas venezolanas. Ahora con Karim Khan se inicia otra era para la CPI, pues sus acciones, completamente distantes de las de sus predecesores, apuntan a que esta instancia de la jurisdicción universal, no sólo abrazará a África como hasta ahora, sino que se extiende a América, con impredecibles consecuencias.
En este largo proceso, salvo honrosas excepciones, han estado completamente ausentes los líderes políticos de la oposición venezolana, quienes nunca creyeron en esta vía como instrumento para buscar la justicia y enfrentar la tiranía.
Por lo pronto, un sudor frío se extiende por las dependencias oficiales de los poderes públicos en Venezuela, por sus cuarteles y destacamentos. Estamos en la ruta de poner fin al más abominable crimen cometido contra pueblo alguno en América Latina.
Si eso llega a ocurrir, el “Efecto Khan” no se quedará allí. También en otros países de nuestra región más de un delincuente empezará a pensar, seriamente, en que el brazo de la Corte Penal Internacional le podrá alcanzar, pues su lupa también está ahora puesta en nuestra región, para convertirse en una verdadera luz de esperanza de quienes en territorio americano han sido víctimas de estos perversos crímenes.
- Presidente de Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), abogado en derecho internacional, displomático.
Formidable informe del abogado William Cárdenas Rubio. Su esfuerzo permanente de denuncia de los crímenes perpetrados por los gobiernos de Chávez y Maduro, finalmente pudiera finalizar con órdenes de aprehensión contra Maduro y los responsables de tantas tropelías contra opositores a esos vergonzosos gobiernos.
Muchas gracias por el informe y por el trabajo. Tan necesarios… !!
La Historia la hemos Vivido en Carne Propia. Muchas Lágrimas,Sudor y SANGRE.
Análisis, palabras y Tinta en DEMASÍA, no cambia un panorama Desolador lleno de Aberraciones. e
Injusticias. Lo que QUEREMOS!!! es que Organismos » competentes» hagan su Trabajo, con la premisa, de JUSTICIA en todos sus ordenes y de forma EXPEDITA