William Cárdenas Rubio Análisis Libre – Madrid
En el momento de mayor intensidad en la controversia entre el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición política española, el próximo martes 30 se debatirá en el Pleno del Congreso de los Diputados español, la Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Partido Popular, referida a tres asuntos fundamentales en los cuales, los diferentes factores políticos españoles delinearán sus posiciones, en cuanto a su política hacia Venezuela.
Ya la semana pasada, tanto Pablo Casado como Albert Rivera, ejercieron presión ante el Presidente del Gobierno, al exigirle un cambio de conducta hacia Venezuela, ante la terrible situación por la que atraviesan los venezolanos. Atribuyeron la inmovilidad del PSOE de Pedro Sánchez en este sentido, a la presión que ejerce Pablo Iglesias, su socio en el co-gobierno.
Sin embargo, para nadie es un secreto que los tres puntos que se debatirán el próximo martes, son medulares para definir la Política Exterior de España hacia nuestro país:
1º.– La condena al régimen de Nicolás Maduro: En esto todos hemos percibido como Pedro Sánchez elude calificar al régimen venezolano como dictadura, utilizando subterfugios cuando se refiere a nuestra situación. Quedó claro en su reciente visita a Iberoamérica, en la que eludió cualquier descalificación al gobierno venezolano. También, lo hemos notado en la posición ambigua del Canciller Josep Borrel, que puede terminar abrasado, al hacer malabarismos en una cuerda floja de alta tensión, siguiendo tácticas y estrategias que abonan las posiciones de José Luis Rodríguez Zapatero, pero pretendiendo a su vez, dejar a éste de lado, para que sea el Presidente del Gobierno español el que gane espacios y rentabilice los resultados de un “ignominioso diálogo”. Esta es la tesis del diputado José Ramón García, Secretario de Relaciones Internacionales del PP, que suscribimos totalmente. Por cierto, será Joserra quien defienda la PNL en el Congreso.
2º.– El apoyo del Gobierno español a la denuncia presentada por los Estados Parte del Estatuto de Roma, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay Perú y Canadá ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha recibido el apoyo de Francia, Alemania y el reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo, que ha instado a los países miembros de la UE a sumarse a dicha denuncia. Los que estamos en esto desde que comenzó en la Audiencia Nacional, allá por el año 2003, cuando denunciar a Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad era una verdadera audacia, nunca imaginamos que el camino del que somos pioneros, tratando de encontrar una alternativa jurisdiccional para que las víctimas de los crímenes ocurridos en el país pudieran tener una esperanza de justicia imparcial, iba a alcanzar estos momentos tan extraordinarios. Jamás en la breve historia de la Corte Penal Internacional (CPI) ha ocurrido algo parecido. Y esto es justamente lo que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos le ha exigido a Pedro Sánchez, a quien solicitó no aplicar diferentes raseros para condenar el crimen del periodista Jamal Khashoggui en Turquía, y no condenar el de Fernando Albán en las cárcel del SEBIN en Venezuela. Ello quedaría subsanado si España, como los han hecho Francia y Alemania, que se le han adelantado, con lo que ello supone, se suma a este magno esfuerzo por extirpar el crimen y la violación de los derechos humanos de una parte de nuestro hemisferio. Dura prueba tendrá el gobierno español, pues sus excusas de “inoportunidad” y “diálogo alternativo” no han superado la prueba, ni en la sociedad española, ni en Europa.
3º.– Finalmente, se trae al seno del Parlamento español la iniciativa promovida por “Un Salvavidas para Venezuela”, presentada en el Senado a D. Ignacio Cosidó, que ha sido acogida por los más importantes partidos de la oposición política, referida a la aplicación del Reglamento de Protección Temporal colectiva previsto en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, que recoge el Estatuto del Desplazado para situaciones de emergencia, como la que deviene de la llegada masiva a territorio español, de miles de personas que buscando refugio huyen de un tercer Estado, que no pertenece a la Unión Europea (Venezuela), por la violencia y sistemática violación a los derechos humanos y al que no pueden volver porque ponen en riesgo sus vidas, porque entre otras cosas no hay alimentos ni medicinas. Este Real Decreto está vigente, y fue dictado para transponer la Directiva 2001/55/ del Consejo de Europa que estableció las normas mínimas de la Protección Temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Con ella, el Gobierno español, al que el Decreto Real faculta suficientemente, no sólo atendería a miles de ciudadanos que se encuentran en una situación de precariedad legal y económica, si no que al mismo tiempo, como lo cita su supuesto de hecho, vendría a resolver el problema de incapacidad de la Administración Central para atender la citada emergencia, descongestionando las oficinas de Asilo y refugio. Esta medida ha sido reiteradamente recomendada en las crisis migratorias que en Europa se han estado atendiendo, y obviamente, exige una voluntad política que va más allá del simple gesto de atender al “Acuarius”, pues se trata de 50 “Acuarius” que ya están encallados en las ciudades y pueblos de España, llenos de venezolanos que lo que quieren es trabajar y contribuir con el pago de los impuestos a este sistema de solidaridad social. Aunque la aprobación de la NPL no es vinculante, sumaría mucho en la posición que deba tomar el Consejo de Ministros al respecto, pues ya el Ministro del Interior D. Fernando Grande Marlaska, ha recibido esta recomendación por parte del Defensor del Pueblo de España, D. Francisco Fernández Marugán.
El martes 30 de octubre, los venezolanos no quitaremos el ojo de lo que ocurra en el Parlamento, en el que, gracias a la constante y permanente solidaridad de hombres y mujeres que integran partidos políticos españoles, que son fieles a los principios y valores de nuestra cultural occidental y que luchan por la defensa de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos dentro del marco de un estado de derecho, Venezuela estará el centro del debate.