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enero 21, 2014

HRW: Venezuela, ejemplo de democracias ficticias (Informe completo Venezuela y EE.UU.)

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El Informe también formula fuertes críticas a los  gobiernos de Estdos Unidos y México, y coloca a Uruguay como el de el país que tuvo mayores logros. 

Anñalisis Libre / analisislibre.org

«El gobierno (venezolano) ha continuado intimidando y sancionando a medios que critican sus políticas y ha obstaculizado la labor de defensores de derechos humanos mediante restricciones al financiamiento y la amenaza de acciones legales», señala HRW en su informe anual.

El Informe también formula críticas al gobierno estadounidense por mantener operando la prisión de Guantánamo y por la ausencia de una reforma legislativa que regularice el estatus de 11 millones de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización. En su declaración Vivancos calificó de «acto de barbarie» que las autoridades texanas ejecuten esta semana a Edgar Tamayo, condenado por matar a un policía más de dos décadas atrás. Los abogados del mexicano de 46 años alegan que al ser arrestado en enero de 1994 las autoridades nunca notificaron a Tamayo que tenía el derecho de recibir asesoría del consulado mexicano. Asimismo señaló que es una «enorme hipocresía» que la sociedad estadounidense aproveche las contribuciones aportadas por inmigrantes no autorizados mientras los somete a múltiples abusos que incluyen las deportaciones.

Por otra parte criticó con dureza al gobierno federal mexicano por mostrar una «posición ambigua» en el manejo de los grupos de autodefensa surgidos en el estado occidental de Michoacán, ya que un alto funcionario gubernamental justificó inicialmente su existencia para luego cambiar de parecer. El gobierno federal mexicano «ha reaccionado así porque enfrenta el tema como una crisis y no con una política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local e intervenir de manera profesional sin violar los derechos humanos», agregó.

En su conversación con los periodistas identificó a Uruguay como el país que más logros ha alcanzado en materia de derechos humanos, al aprobar el matrimonio homosexual y el aborto y despenalizar el consumo y tráfico de marihuana. «Hay que destacar los avances logrados por el presidente (José) Mujica. Uruguay está a años luz de otros países en la región».

Informe Mundial 2014: Venezuela

VenezuelaEventos de 2013

En la elección presidencial de abril de 2013, celebrada a pocas semanas de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez, resultó vencedor por una estrecha diferencia Nicolás Maduro, el candidato elegido personalmente por Chávez como su sucesor, según datos de las autoridades electorales venezolanas. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral rechazaron las apelaciones presentadas por el candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, en las cuales impugnaba los resultados. La controversia por los resultados provocó una serie de marchas y contramarchas en las calles del país, durante las cuales perdieron la vida al menos nueve personas y hubo decenas de heridos, además de incidentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante el gobierno del Presidente Chávez, y del actual Presidente Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien aún son muchos los venezolanos que critican al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha socavado la capacidad de los jueces de pronunciarse imparcialmente en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.

En septiembre de 2013, entró en vigor la decisión del gobierno de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual impide que los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que ha protegido sus derechos durante décadas en un amplio espectro de casos.

El abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda preocupación.

Violencia poselectoral

Las fuerzas de seguridad aplicaron un uso excesivo de la fuerza y recurrieron a detenciones arbitrarias para dispersar manifestaciones contra el gobierno luego de las elecciones de abril, según indicaron organizaciones locales. Por ejemplo, el Foro por la Vida, una red de 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, informó que las fuerzas de seguridad habían detenido arbitrariamente al menos a 62 personas y causado lesiones a por lo menos 38 durante manifestaciones en el estado de Lara realizadas el 15 y 16 de abril. Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente, amenazados con sufrir violencia sexual y privados de alimentos durante más de 24 horas.

Según información oficial, se produjeron seis manifestaciones “agresivas y violentas” luego de las elecciones, durante las cuales resultaron heridas 35 personas, y hubo actos de vandalismo contra 15 establecimientos de salud, cinco sedes de partidos políticos y una sede de la Defensoría del Pueblo. Conforme indicaron fuentes oficiales, nueve personas murieron en esa oportunidad, si bien las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas.

El Presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante investigaciones penales como herramienta política, y han señalado a Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones. La Fiscalía General de la República ha investigado incidentes en que fueron víctimas partidarios del gobierno, pero no ha realizado investigaciones exhaustivas de denuncias creíbles sobre abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el período posterior a los comicios.

Independencia judicial

Desde que el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional  llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y se pronunciaron reiteradamente a favor del gobierno, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

La jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada luego de que en 2009 dictara una sentencia contra el gobierno. En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. Si bien el pronunciamiento de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por un organismo internacional de derechos humanos —y era acorde con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Afiuni permaneció más de un año en una cárcel de mujeres donde las condiciones eran deplorables, y más de dos años bajo arresto domiciliario. En junio de 2013, se le concedió la libertad condicional, pero a la fecha de redacción de este informe aún continuaba sujeta a medidas cautelares que le prohibían realizar declaraciones públicas sobre la causa judicial.

Libertad de los medios de comunicación

El gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década. Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias.

En 2010, la Asamblea Nacional reformó la ley de telecomunicaciones para reconocer al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió a Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, y permitió la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”. Anteriormente, reformas al Código Penal habían ampliado el alcance y la severidad de los delitos de difamación que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.

El gobierno también ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, fue obligado más tarde por el gobierno a dejar de emitir por televisión por cable.

Posteriormente el gobierno aplicó sanciones administrativas contra Globovisión, que durante años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez. El órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación inició nueve investigaciones administrativas contra el canal. En un caso, aplicó una multa de US$ 2,1 millones a Globovisión por haber presuntamente violado la ley de medios al difundir imágenes de un motín que tuvo lugar en una cárcel en 2011. En abril de 2013, Globovisión fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según señaló su propietario, se había convertido política, económica y jurídicamente inviable. Desde entonces, redujo considerablemente su programación crítica.

El gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra otros medios de comunicación. Por ejemplo, en un caso iniciado por la Defensoría del Pueblo, un tribunal especializado en niños, niñas y adolescentes fijó una multa al periódico El Nacional en agosto de 2013 por haber publicado en primera plana una fotografía que mostraba una decena de cuerpos desnudos en la morgue de Bello Monte, en Caracas. La imagen acompañaba un artículo sobre armas ilícitas y violencia, dos de los temas que más preocupan a la opinión pública en Venezuela. Desde que la imagen se imprimió en 2010, el tribunal prohibió al periódico que publicara “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencias en la República Bolivariana de Venezuela”.

En noviembre de 2013, el órgano que regula a los medios de transmisión inició una investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial, y amenazó con revocar su licencia si no bloqueaban inmediatamente los sitios. Varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con estos sitios web.

Defensores de derechos humanos

El gobierno venezolano ha intentado marginar a los defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2013, el ministro de relaciones interiores acusó a Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, de ser “operadora de la CIA en Venezuela” y de llevar adelante una “campaña psicológica” contra las políticas de seguridad del gobierno.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”. A su vez, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

En octubre de 2013, la Asamblea Nacional creó una “comisión especial” para investigar el origen del financiamiento que reciben “oficinas u organizaciones con fines políticos y grupos que actúan con el propósito de desestabilizar y generar conmociones sociales y un golpe de estado para atentar contra el hilo constitucional”.

Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Los delitos violentos son muy frecuentes en Venezuela. En mayo de 2013, el Presidente Maduro presentó el “Plan Patria Segura”, que destina 3.000 militares a participar en operativos de seguridad pública conjuntamente con policías. El personal militar carece de capacitación adecuada para llevar a cabo estas tareas.

Los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad representan un problema crónico. Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009. En julio de 2013, militares dispararon contra un automóvil en el estado de Falcón, y provocaron la muerte de la conductora y una de sus hijas e hirieron a las otras dos. Luego de que el caso recibiera amplia difusión en los medios, la fiscalía acusó a 10 militares por su presunta responsabilidad en estos hechos. No obstante, en general prevalece la impunidad en este tipo de casos.

En abril de 2008, el gobierno creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y aprobó medidas para promover una actuación policial no abusiva, propuestas por una comisión integrada por representantes del gobierno y de ONG. Hasta agosto de 2013, había 14.478 policías de la PNB que trabajaban en ocho estados.

En junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que sanciona la comisión, colaboración, encubrimiento y obstrucción de la investigación penal de estos actos. La ley, que ya entró en vigor, prevé penas de hasta 25 años para estos delitos.

Condiciones en centros de detención

Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. Por ejemplo, en enero de 2013, al menos 56 internos y un efectivo de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre presos y miembros de esta fuerza, luego de que las fuerzas de seguridad aplicaran la fuerza letal en el transcurso de una requisa efectuada para buscar armas en la cárcel de Uribana, en el estado de Lara. A causa de los sucesos, 46 internos gravemente heridos debieron ser hospitalizados.

Derechos laborales

Aun subsiste el problema de la discriminación política de trabajadores en instituciones del Estado. En abril de 2013, el Ministro de Vivienda Ricardo Molina instó a todo el personal del ministerio que apoyara a la oposición a renunciar a su cargo, y advirtió que despediría a quienes criticaran a Maduro, Chávez o la “revolución”. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello recibió denuncias que afectan a cientos de trabajadores de instituciones públicas —incluida la empresa petrolera del Estado, el servicio de administración aduanera y tributaria y empresas de electricidad estatales—a quienes presuntamente se amenazó con la posibilidad de perder su puesto por apoyar a Capriles o por no haber apoyado abiertamente al gobierno tras las elecciones en abril.

La ley de trabajo adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la plena libertad que deberían ejercer los sindicatos para redactar sus propios estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo público, continúa desempeñando un rol excesivo en las elecciones sindicales. Esto resulta violatorio de los estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes con total libertad, de acuerdo con las condiciones que ellos determinen.

Actores internacionales clave

El 10 de septiembre de 2013 entró en vigor la decisión del gobierno venezolano de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los ciudadanos y residentes de Venezuela no podrán solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela se ha pronunciado en contra de que la ONU intervenga en respuesta a violaciones de derechos humanos en lugares como Corea del Norte. Durante la sesión de septiembre de 2013 del Consejo de Derechos Humanos, fue el único país que votó en contra de una resolución que condenó las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población siria. Durante años, el gobierno de Venezuela se ha negado a autorizar que expertos en derechos humanos de la ONU realicen visitas de investigación al país.

En junio 2013, Venezuela asumió la presidencia pro témpore del Mercosur, un año después de haberse sumado al bloque regional. El Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR establece que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos” son indispensables para la integración regional, y que los estados partes “cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos”. Al no abordar la ausencia de independencia del poder judicial en Venezuela ni los intentos del gobierno por debilitar las garantías de derechos humanos, los demás estados miembros del Mercosur han incumplido tales compromisos.

Venezuela apoyó una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial sobre libertad de expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para este propósito durante la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual que otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente su intención de continuar impulsando estos cambios en el futuro.

Informe Mundial 2014: Estados Unidos de América

usaEventos de 2013

Estados Unidos tiene una sociedad civil dinámica y sus medios de comunicación disfrutan de fuertes protecciones constitucionales. Sin embargo, su historial de derechos humanos se ve ensombrecido por abusos relacionados a la justicia penal, la inmigración, la seguridad nacional y la política de drogas. Dentro de estas áreas, las víctimas son a menudo los miembros más vulnerables de la sociedad: las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los niños, los ancianos, los pobres y los presos.

Las revelaciones en 2013 sobre el extenso programa de vigilancia por parte del gobierno y los agresivos procesamientos que afrontaron los informantes causaron preocupación por la violación de los derechos de privacidad y libertad de expresión, lo que generó una ola de protestas internacionales contra las prácticas de EE.UU.

Legisladores federales propusieron reformas a las perjudiciales y anticuadas leyes y políticas inmigratorias y de sentencia. En el momento de escribirse este informe, el resultado de estas iniciativas era incierto.

Un compromiso renovado por el presidente Barack Obama para cerrar el centro de detención de Guantánamo sigue sin cumplirse. La falta de transparencia hizo imposible evaluar la implementación de las reformas prometidas a la práctica de los “asesinatos selectivos” en el extranjero, incluso mediante el uso de aviones no tripulados (drones); nuevas informaciones sobre ataques individuales revelaron casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

 

Sentencias muy severas

EE.UU. cuenta  con la mayor población carcelaria reportada en el mundo, y de lejos, la mayor tasa de encarcelamiento. Hasta fines del año 2011, albergaba a 2,2 millones de personas en prisiones o  cárceles para adultos.

El encarcelamiento masivo refleja  el resultado de tres décadas de regímenes de sentencia muy duros, tanto a nivel estatal como federal, incluyendo un mayor uso de condenas a cadena perpetua y a cadena perpetua sin libertad condicional, prolongadas sentencias mínimas obligatorias y las leyes conocidas como  “three strikes” (tres fallas). La organización The Sentencing Project informó que uno de cada nueve prisioneros de EE.UU. está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.

El creciente número de presos de la tercera edad plantea un serio desafío a las autoridades correccionales: desde 2011, el último año del cual hay cifras completas disponibles, 26.136 personas mayores de 65 años permanecían encarceladas en prisiones estatales y federales, un alza de 62 por ciento en cinco años.

En un paso positivo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto revisiones a sus normas para evaluar las solicitudes de excarcelación por razones humanitarias (“compassionate release”) delos presos de edad avanzada o con discapacidad, lo que haría que más presos federales pudieran calificar para este mecanismo, que casi nunca se usa.

También en agosto, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, instruyó a los fiscales federales para que trataran de evitar los cargos que conllevan sentencias mínimas obligatorias para algunos delincuentes de tráfico de drogas de bajo nivel, no violentos. Si bien fue recibido con beneplácito, este cambio de política todavía deja a muchos presos por casos de drogas sujetos a penas obligatorias desproporcionadamente largas. Los esfuerzos legislativos para concederles a los jueces mayor discreción en estos casos son objeto de debate.

En 2013, Maryland se unió a otros 17 estados y al Distrito de Columbia en la abolición de la pena de muerte, pero 32 estados todavía la permiten. En el momento de escribirse este informe, 34 personas habían sido ejecutadas en EE.UU. en 2013. Carolina del Norte derogó su Ley de Justicia Racial de 2009, que permitía que los presos condenados a muerte pudieran apelar sus sentencias sobre la base de la discriminación racial.

 

Las disparidades sociales en la justicia penal

Los blancos, los afroamericanos y los latinos tienen niveles comparables de consumo de drogas, pero las tasas de detención, enjuiciamiento y encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas son enormemente diferentes. Por ejemplo, es casi cuatro veces más probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos, a pesar de que sus tasas de consumo de marihuana son más o menos equivalentes. Si bien representan sólo 13 por ciento de la población de EE.UU., los afroamericanos conforman el 41 por ciento de los presos estatales, y el 44 por ciento de los presos federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas.

Por lo tanto, debido a tener más antecedentes penales, los miembros de minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades que los blancos de ser estigmatizados y discriminados legalmente en el empleo, la vivienda, la educación, las prestaciones públicas, el servicio de jurado y el derecho a votar.

En agosto, un tribunal federal determinó que la política de “detención y registro” (“stop and frisk”) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) violaba los derechos de las minorías. Una cantidad desproporcionada de personas “detenidas y registradas” bajo la política son afroamericanos o latinos, y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York informa que 89 por ciento de las personas detenidas son inocentes de cualquier delito. La policía de Nueva York apeló el fallo.

 

Reformas en la política de drogas

En las últimas décadas, EE.UU. ha gastado cientos de miles de millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de drogas en el país.  La fuerte dependencia de leyes penales para el control del tráfico de drogas ha tenido costos graves para los derechos humanos, incluyendo la violación a los derechos a la autonomía y a la privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.

En un aplaudido giro estratégico, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto que no interferiría en la legalización de la marihuana de los estados mientras que éstos cumplan con ciertas prioridades federales, tales como la prohibición a la venta de drogas a los niños o el transporte de drogas a través de las fronteras estatales. También señaló que un sólido enfoque regulatorio estatal sobre la marihuana puede prevenir que la delincuencia organizada se beneficie del comercio ilícito de la marihuana.

Washington y Colorado continuaron con la implementación de iniciativas electorales estatales para legalizar el uso recreativo de la marihuana, así como para regular su producción, venta y distribución. Otros veinte estados de EE.UU. han legalizado la marihuana con fines médicos.

 

Condiciones penitenciarias

Septiembre de 2013 marcó el décimoaniversario de la aprobación de la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA), que dio lugar a la elaboración de normas nacionales para detectar, prevenir y castigar la violación en las cárceles. La aplicación sigue siendo un desafío: aproximadamente 4 por ciento de presos estatales y federales y 3 por ciento de presos en cárceles reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012, y muchos siguen sin denunciarse. Los presos transgénero siguen sufriendo altos niveles de violencia durante su encarcelamiento.

En prisiones y cárceles, muchos reclusos –incluso jóvenes menores de 18 años— permanecen en régimen de confinamiento solitario, a menudo durante semanas o meses. En julio, se estima que 30.000 presos en el sistema penitenciario de California participaron en una huelga de hambre para protestar por las condiciones, incluido el uso del régimen de aislamiento. El confinamiento solitario prolongado es considerado como malos tratos en virtud del derecho internacional y puede constituir tortura.

 

Pobreza y justicia penal

En todo el país, acusados con escasos recursos económicos languidecen en prisiones preventivas, ya que son demasiado pobres para pagar la fianza. Los datos más recientes indican que un 60 por ciento de personas encarceladas están confinados a la espera de que se celebre su juicio –a un costo de US$9.000 millones al año—, a menudo porque carecen de los recursos financieros para pagar la fianza y asegurar su liberación. En 2013, el jefe de la Corte Suprema de Nueva York apoyó reformas legislativas que comenzarían a reducir la encarcelación preventiva de los acusados ​​indigentes.

También son cada vez más comunes las tasas legales y recargos extremadamente altos, a medida que condados y municipios con problemas de liquidez esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto sobre los acusados ​pobres es particularmente grave.

Las prácticas que agravan e incluso castigan los apuros económicos son cada vez más comunes. En Arkansas, los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler afrontan acciones penales. En estados tras todo el país, los tribunales colocan a cientos de miles de delincuentes de delitos menores en libertad condicional con empresas privadas y con fines de lucro que no les cobran nada a las autoridades locales por sus servicios, pero cada año recaudan decenas de millones de dólares en honorarios de los delincuentes a los que supervisan.

En agosto, una década después de que un grupo de familias de presos presentó una petición desafiando los precios exorbitantes que se cobran por las llamadas telefónicas interestatales desde prisiones y cárceles, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) votó a favor de limitar el coste de las llamadas.

En diferentes ciudades de EE.UU., las personas sin hogar se vuelven blanco de arresto y son detenidas bajo las leyes que prohíben que deambulen, se sienten u ocupen espacios públicos.

 

La juventud en el sistema de justicia penal

En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, un número considerable de jóvenes delincuentes son juzgados en los tribunales para adultos y sentenciados a cumplir condenas en cárceles y prisiones para adultos.

La práctica generalizada de condenar a delincuentes jóvenes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional está cambiando conforme los estados lidian con cumplir las decisiones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. Decisiones independientes han sostenido que la pena no puede ser jamás obligatoria para los delincuentes juveniles, ni puede ser impuesta a los delincuentes menores de edad condenados por delitos comunes que no sean de homicidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no anula la aplicación de la pena a los menores, y los delincuentes juveniles continúan recibiendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por delitos de homicidio. En 2012, Human Rights Watch informó que de 500 delincuentes menores de edad condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, casi todos reportaron haber sido víctimas de violencia física o abuso sexual por parte de otros reclusos o funcionarios de las prisiones.

Los jóvenes también son condenados a otras penas severas que son el equivalente funcional a la cadena perpetua sin libertad condicional debido a que la sentencia excede la duración promedio de una vida. En septiembre de 2013, California aprobó una ley que crea un proceso de revisión para los casos de jóvenes condenados a penas de prisión para adultos, que requiere que la junta de libertad condicional brinde una oportunidad significativa para su liberación, basada en la culpabilidad disminuida por la juventud, en comparación con los adultos. En muchos casos, esto significa una puesta en libertad más temprana.

La ley federal requiere generalmente que los estados y otras jurisdicciones registren a los menores condenados por ciertos delitos sexuales en un registro nacional y público que se puede acceder en línea. El registro impacta el acceso a la educación, la vivienda y el empleo de estos delincuentes juveniles.

 

Los derechos de los inmigrantes

Hay aproximadamente 25 millones de inmigrantes en Estados Unidos y casi 12 millones están en el país sin autorización.

La amplia red de centros de detención de inmigrantes en EE.UU. cuenta actualmente con alrededor de 400.000 no ciudadanos cada año. En cualquier momento dado, hay cientos de detenidos en régimen de confinamiento solitario. En septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estado Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)anunció que limitaría pero no prohibiría el uso del régimen de aislamiento.

El procesamiento penal de los delitos de inmigración, con los que históricamente se había lidiado ampliamente mediante la deportación y otras sanciones no penales, sigue aumentando. En 2012, los casos de inmigración constituyeron el 41 por ciento de todos los casos penales federales; el reingreso ilegal es ahora el delito federal más perseguido. Muchos de los procesados no tienen antecedentes penales y muchos otros tienen lazos profundos en EE.UU., como familiares que son ciudadanos estadounidenses con los que estaban buscando reunirse en el momento en que fueron detenidos.

En 2013, después de años de inacción, el Congreso de EE.UU. comenzó a debatir una rigurosa reforma al sistema de inmigración de EE.UU. En junio, el Senado aprobó un proyecto de ley que crearía un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes no autorizados y permitiría una mayor consideración al derecho a la unidad familiar en algunas decisiones de deportación. De entrar en vigor, el proyecto de ley alinearía mejor las prácticas de control y de detención inmigratoria con los requisitos de derechos humanos, incluida la eliminación de una fecha límite de un año para los solicitantes de asilo, si bien seguiría exigiendo la deportación automática de los no ciudadanos con antecedentes penales, incluso por delitos menores. El proyecto de ley pide que se dediquen unos US$47.000 millones adicionales a los esfuerzos de supervisión a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo un aumento importante en los procesos federales de delitos de inmigración y un aumento sustancial en las penas por la entrada ilegal y el reingreso ilegal al país.

En el momento de escribirse este informe, la Cámara de Representantes no había hecho ningún progreso serio sobre esta reforma inmigratoria integral.

“Comunidades Seguras” (“Secure Communities”) y otros programas federales relacionados con las agencias policiales locales siguieron desempeñando un papel importante en las deportaciones. El gobierno federal ha retratado estos programas como medidas centradas en la detención de delincuentes peligrosos, pero la mayoría de los inmigrantes deportados a través de Comunidades Seguras no son criminales o son delincuentes de nivel inferior. Estos programas también exacerban la desconfianza en la policía en las comunidades de inmigrantes.

Connecticut y California, junto con las ciudades de Newark y Nueva Orleans, se han sumado a un creciente número de estados y localidades que han puesto límites a la participación de la policía local en programas como Comunidades Seguras, en gran parte negándose a mantener detenidas a personas sin cargos para las autoridades federales de inmigración, si no tienen antecedentes penales o estos son menores.

 

Derechos de los trabajadores

Cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (FLSA, por sus siglas en inglés) exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños trabajadores. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de edad suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, envenenamiento por nicotina, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes y muerte. De los niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales en el trabajo en 2012, 75 por ciento trabajaba en la producción agrícola. Las protecciones federales existentes no se aplican a menudo.

El Congreso aún no ha cerrado un vacío legal que permite a los niños desempeñar trabajos peligrosos en la agricultura a partir de los 16 años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores laborales hasta los 18 años.

Millones de trabajadores estadounidenses, entre ellos padres y madres de bebés, son perjudicados por leyes débiles o inexistentes sobre los permisos pagados, condiciones para la lactancia y discriminación contra trabajadores con responsabilidades familiares. Los permisos inadecuados contribuyen al retraso de la inmunización de los bebés, la depresión posparto y otros problemas de salud, y hacen que las mujeres paren la lactancia prematuramente. En 2013, varios proyectos de ley federales fueron introducidos para mejorar las políticas nacionales de conciliación entre la vida profesional y familiar. Rhode Island se unió a California y Nueva Jersey en el establecimiento de un seguro pagado por el estado para los permisos de ausencia por razones familiares; varias ciudades adoptaron leyes para introducir los días de enfermedad pagados.

En septiembre, el gobierno de Obama emitió una regulación poniendo fin a la exclusión de determinados trabajadores domésticos de las protecciones de salarios mínimos y límites a las horas laborales. Estos trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres e incluyen a muchos inmigrantes y minorías, proporcionan servicios esenciales a las personas con discapacidades y a ancianos.

 

Política de salud

Dieciséis estados se han negado a ampliar los servicios de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, impidiendo el derecho a la salud para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica.

Las infecciones del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en Estados Unidos continúan afectando de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las mujeres transgénero. Muchos estados siguen menoscabando los derechos humanos y la salud pública con la limitación de la educación sexual, las protecciones legales inadecuadas para las personas con VIH, la resistencia a los programas de reducción del daño como los de intercambio de jeringas y la falta de financiamiento de la prevención y la atención para el VIH. Las políticas de justicia penal negativas incluyen leyes que aplican penas más severas a las personas que viven con el VIH y permiten el uso de condones como prueba de la prostitución.

 

Los derechos de las mujeres y las niñas

En febrero, el Congreso renovó la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), la principal ley federal que ofrece protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y el acoso. La nueva ley incluye protecciones mejoradas para las víctimas inmigrantes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); y las víctimas en los territorios tribales.

En enero, un informe de Human Rights Watch describió detalladamente la pobre respuesta policial a las agresiones sexuales en el Distrito de Columbia, lo que llevó a la implementación de reformas en el enfoque de ese departamento policial hacia estos casos.

En 2013, la anticoncepción de emergencia se hizo disponible sin receta médica para los clientes de todas las edades. Según el Instituto Guttmacher, los estados adoptaron 43 restricciones al acceso al aborto en el primer semestre de 2013. Estas restricciones adoptaron una variedad de formas, incluyendo las que exigen que los proveedores de aborto cuenten con privilegios de admisión en los hospitales locales, que las pacientes se hagan una ecografía antes del aborto y las que prohíben el aborto después de un número determinado de semanas desde la última menstruación de la mujer.

En enero de 2013, el Departamento de Defensa levantó una antigua prohibición que impedía que las mujeres sirvieran en funciones directas de combate.

Hombres y mujeres militares siguen afrontando altos niveles de violencia sexual. El gobierno estima que en 2012 tuvieron lugar 26.000 agresiones sexuales en el ejército, y los datos del Departamento de Defensa sugieren que el 62 por ciento de las personas que denuncian dichos asaltos sufren represalias.

 

Orientación sexual e identidad de género

En junio, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó dos de las iniciativas anti-LGBT más atroces en el país. En Estados Unidos vs. Windsor, el tribunal revocó la sección 3 de Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el reconocimiento federal de los matrimonios del mismo sexo aprobados por el estado. EnHollingsworth vs. Perry, el tribunal desestimó un recurso presentado por los defensores de la Proposición 8, un referéndum estatal de California en 2008 que habría revocado el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas homosexuales.

 

Contraterrorismo y vigilancia

La detención indefinida sin cargos ni juicio de los detenidos en la Bahía de Guantánamo continuó por duodécimo año, con todavía 162 detenidos en la prisión. Desde 2009, 82 de ellos han sido declarados aptos para ser transferidos a sus países de origen u otros por un grupo de trabajo interinstitucional. Aunque el presidente Barack Obama renovó su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo en mayo, en el momento de escribirse este informe, su gobierno sólo había trasladado a ocho detenidos de la instalación desde el año 2011. Dos de ellos fueron repatriados a Argelia en agosto y dos más en diciembre.

A principios de 2013, varios detenidos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre; en su apogeo, supuestamente hubo 106 de ellos que participaron de alguna manera y 45 fueron alimentados a la fuerza vía un tubo dos veces al día. Grupos médicos y de derechos humanos escribieron cartas de protesta señalando que la alimentación forzada de presos competentes era una violación de la ética médica y las normas de derechos humanos.

El gobierno continuó utilizando comisiones militares con deficiencias fundamentales en Guantánamo para procesar a los detenidos. Las audiencias previas al juicio se movieron con lentitud en los dos únicos casos activos de la comisión: uno contra cinco hombres acusados ​​de planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otro contra un hombre acusado de planear el atentado contra el USS Cole en Yemen en octubre de 2000. La incapacidad de la comisión para establecer normas que protegieran la relación de acceso y comunicación entre abogado y cliente, entre otras cosas, socavó la progresión de los casos. La fiscalía ha anunciado que tiene la intención de presentar cargos sólo contra otros siete presos de Guantánamo.

Con mucho retraso, el gobierno comenzó a revisar los casos de los detenidos de Guantánamo cuya puesta en libertad no estaba prevista o que afrontaban cargos activos, un paso importante hacia el cierre de la prisión. Pero las directrices de dichas revisiones no garantizan los derechos básicos de los detenidos, como el acceso a información clasificada cuando dicha información es la base de su detención, el derecho a estar presentes durante todo el proceso y el acceso a un abogado.

A finales de 2012, el Comité de Inteligencia del Senado completó un estudio exhaustivo del programa de detenciones e interrogatorios secretos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 de la CIA, que terminó en 2009.  En el momento de redactarse este informe, el reporte permanecía clasificado.

En mayo, el presidente Obama anunció una política para los asesinatos selectivos en el extranjero que requería que el objetivo fuera una amenaza continua e inminente contra los estadounidenses y que debía haber prácticamente una certeza de que no habría heridos civiles durante el ataque. El presidente Obama insistió en que la preferencia del gobierno de EE.UU. es detener en lugar de matar. La política completa permanece clasificada y no se ha divulgado ninguna información sobre su cumplimiento. El gobierno tampoco ha proporcionado la plena base jurídica para sus asesinatos selectivos bajo el derecho internacional y de EE.UU.

En agosto, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que los ataques con aviones no tripulados (drones) en Pakistán terminarían “muy pronto”, aunque no especificó una fecha exacta.

Documentos clasificados filtrados a los periodistas por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, revelaron que EE.UU. ha utilizado secretamente poderes de vigilancia, otorgados por el Congreso para prevenir ataques terroristas, para capturar sistemáticamente enormes flujos de datos, incluyendo correos electrónicos, búsquedas en Internet, información sobre llamadas telefónicas y otros registros, de empresas y nodos de comunicaciones ubicados tanto en EE.UU. como en el extranjero, a veces con la ayuda de gobiernos extranjeros. La mayoría de lo que intercepta proviene de personas que no son sospechosas de ningún delito, y el gobierno retiene grandes cantidades de datos durante diferentes períodos de tiempo. La supervisión judicial y del Congreso de estas prácticas de vigilancia es mínima y poco transparente.

Las personas en EE.UU. cuentan con algún tipo de protección legal de la privacidad del contenido de sus comunicaciones, pero no de los “metadatos” o detalles de las comunicaciones generalmente compartidos con empresas u otras terceras partes (como la fecha, la hora, el lugar, el emisor y el receptor). Los funcionarios estadounidenses afirman que la recopilación de las comunicaciones no constituye una invasión a la privacidad hasta que los datos son examinados, o “investigados”. La ley de EE.UU. de vigilancia ofrece poca o ninguna protección de la privacidad para los no estadounidenses fuera de Estados Unidos.

Revelaciones en 2013 pusieron en evidencia que funcionarios estadounidenses también podrían estar socavando sistemáticamente los estándares internacionales de encriptación y de seguridad adoptados por las empresas de Internet, lo que debilita la seguridad en línea de todos los usuarios de Internet.

Los fiscales presentaron cargos contra Snowden bajo la Ley de Espionaje. El derecho de EE.UU. no brinda protecciones o defensas legales adecuadas a los informantes que divulgan información de seguridad nacional o de inteligencia al público, incluso en asuntos de importancia pública apremiante. El gobierno de Obama trató de bloquear los intentos de Snowden de obtener asilo en varios países. Snowden finalmente obtuvo asilo temporal en Rusia.

En agosto, una corte militar de EE.UU. condenó a la soldado Chelsea (anteriormente Bradley) Manning a 35 años de prisión bajo la Ley de Espionaje y otros cargos por filtrar cientos de miles de documentos gubernamentales secretos a Wikileaks para su publicación, incluyendo algunos que ponían en evidencia delitos o potenciales crímenes de guerra. Antes del juicio, Manning ya se había declarado culpable de cargos que ascendían a 20 años de prisión.

 

Política exterior de EE.UU.

En enero, los legisladores estadounidenses evaluaron la posibilidad de enviar ayuda militar a las fuerzas de la oposición siria en la guerra civil de ese país. En febrero, el gobierno dijo que comenzaría el envío de ayuda no letal a la oposición, incluyendo alimentos y medicamentos. En septiembre, EE.UU. parecía dispuesto a llevar a cabo ataques contra Siria en respuesta al uso por el gobierno sirio de armas químicas cerca de Damasco, que acabaron con la vida de más de 300 personas. Obama había indicado previamente que el uso de armas químicas en Siria constituía una “línea roja” que empujaría a EE.UU. a la acción en el conflicto.

Obama solicitó la autorización del Congreso para la iniciativa militar de EE.UU. en Siria, pero un acuerdo respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para colocar las armas químicas de Siria bajo control internacional, retrasó indefinidamente una votación en el Congreso.

Birmania se convirtió en una parte importante del “giro” de Obama hacia Asia, cuando Birmania buscaba reducir su dependencia de China. EE.UU. promovió una mayor reforma política en el país y alentó la inversión de EE.UU. en Birmania, sujeto a los requisitos de derechos humanos que entraron en vigor en mayo. En septiembre, EE.UU. restringió la ayuda militar a Birmania en vista de preocupaciones de que hubiera niños soldados.

Tras el derrocamiento en julio del presidente Mohammed Morsi en Egipto, EE.UU. condenó al gobierno militar provisional por declarar un estado de emergencia y por sus violaciones contra la población civil, incluidos los partidarios de la Hermandad Musulmana. En octubre de 2013, EE.UU. suspendió algunas clases de asistencia militar y económica, pero lo hizo porque el gobierno interino estaba incumpliendo su propósito de encaminar el país hacia la democracia, no a causa de los continuos abusos o falta de rendición de cuentas.

EE.UU. ha seguido desempeñando un papel fundamental en la movilización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para responder a violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos, en Sri Lanka, Irán y Corea del Norte.

 






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