Iglesia venezolana denuncia que el Gobierno usa violencia represiva

 

 

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Los obispos venezolanos dijeron que quienes manejan el poder en Venezuela violan las leyes y los derechos humanos, buscando ejercer el control social y el quiebre de la disidencia.

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DW.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció este lunes (13.08.2018) que el poder en el país utiliza la violencia represiva para perseguir y someter arbitrariamente a la disidencia política. La CEV difundió una declaración en la que alude a la detención del diputado opositor Juan Requesens y la acusación contra su colega Julio Borges por sus supuestos vínculos con el atentado con drones denunciado por el presidente Nicolás Maduro.

Los obispos dijeron que quienes manejan el poder en Venezuela usan la violencia represiva, con la cual violan las leyes y los derechos humanos, buscando ejercer el control social y el quiebre de la disidencia. «Lamentablemente en el país quienes se sienten con poder están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva. Para ejercerla están violando leyes, los articulos de la Constitución nacional y los derechos humanos», dijo el comunicado.

Asimismo, señaló que «perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación. Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia».

El «espiral de violencia»

También alertaron que el país está pasando por una situación muy delicada, pues se quiere instaurar una «espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la justicia, particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales, para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento, y al atropello del Estado de derecho».

La CEV subrayó que en un Estado de derecho, a la persona que es privada de su libertad no se le pueden negar sus derechos fundamentales. «A pesar de toda esta realidad dolorosa, no podemos sucumbir ni como ciudadanos con derechos ni como sociedad en búsqueda de bienestar. La protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando», recalcó.

Señaló que para ello el país debe seguir fomentando la reconciliación y la paz, la búsqueda de la verdad y un discernimiento espiritual que permita saber valorar toda información o hechos que puedan ocurrir en el país. El comunicado firmado por el presidente de la CEV, José Luis Azuaje, termina instando a los organismos de seguridad del Estado a cambiar su actitud en sus procedimientos.

CT (dpa, EFE)

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