[box_light]La acusación que pesa sobre María Corina Machado es la de conspiración y de ser hallada culpable enfrentaría 16 años de prisión.[/box_light]
Lideres políticos estadounidenses se pronuncian ante las acusaciones del gobierno de Venezuela contra la opositora María Corina Machado.
VOA / analisislibre.org
A la exdiputada venezolana María Corina Machado se le acusa de participar en un plan para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La Fiscalía imputó a Machado por “presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República», indicó un comunicado del Ministerio Publico.
El líder del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, presentó correos electrónicos donde Machado aparentemente escribía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener «el financiamiento para aniquilar a Maduro».
El representante por Maryland, Steny Hoyer, segundo al mando de la bancada demócrata en la cámara baja, dijo que seguía de cerca el caso de Machado.
“Estuve profundamente preocupado por la noticia de los cargos en su contra, así como lo estoy por el deterioro de la situación política en Venezuela, de lo cual la acusación de la congresista Machado es un indicativo”, señaló el representante estatal.
Por su parte, los legisladores Marco Rubio y Mario Díaz-Balart dijeron estar indignados con las acusaciones.
El senador Marco Rubio dijo que las acusaciones son una “parodia” y son “irrisorias”, y que esto es solo posible en un país donde “las cortes son arregladas, los jueces son peones del gobierno y la justicia es imposible de alcanzar”.
El congresista Mario Díaz-Balart catalogó las acciones de Maduro y dijo que el nivel de corrupción que se vive en Venezuela.
Ambos legisladores coinciden en que Estados Unidos debe imponer sanciones más severas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado de EE.UU. expresó preocupación tras la presentación de los cargos y la vocera del organismo dijo “estamos profundamente preocupados por lo que parece ser un esfuerzo continuo del gobierno venezolano para intimidar a sus opositores políticos a través del abuso del proceso legal”.
A las reacciones su suman las de Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director de las Américas de esta organización, señaló que la acusación de conspiración es «una farsa» que evidencia la «falta de independencia judicial en ese país».