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julio 25, 2017

Presos por protestar en Venezuela: Un mecanismo de terror

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Written by: analisislibre
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Hasta los primeros 100 días de protestas se han producido 3.666 detenciones. Son más de 3 mil dramas con historias parecidas. Entre los presos se encuentran médicos y enfermeros pertenecientes a organizaciones que han asistido a los más 15 mil heridos. Gráfico tomado de cuentasclarasdigital.org

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Francisco Olivares *

Diario Las Américas / Analisis Libre

 

El túnel oscuro por el que debe transitar un detenido por manifestar su oposición al régimen político en Venezuela comienza en el mismo momento en que los predadores ubican y atacan como perros de caza a la presa seleccionada.

La semana anterior a la consulta popular del 16 de julio, en donde más de 7 millones y medio de ciudadanos rechazaron al Gobierno de Nicolás Maduro, tres escenas mostraron al mundo el rostro fiero de un modelo político que se impone por la fuerza. Guardia Nacional, policías y grupos armados, forman la tríada que ejecuta la tarea de reducir a quienes piden libertad.

El joven Gianni Scovino salió la mañana del 14 de julio hacia la zona en donde se producía una de tantas protestas contra las políticas de Nicolás Maduro. Lo único que llevaba encima era un pequeño morral rojo con sus objetos personales. Quizás el hecho de que el joven padece del síndrome de Asperger, un padecimiento que afecta la capacidad de socializar o comunicarse normalmente, lo llevó por azar al lugar cercano en donde se producía dicha manifestación de opositores.

El involuntario error de transitar en solitario en dicha zona de la ciudad de Lecherías, en el estado Anzoátegui, sin prestar mayor atención a lo que ocurría a su alrededor, lo puso en la mira de la jauría.

Al menos diez Guardias Nacionales y Policías Nacionales reforzados por cuatro parejas de motorizados cayeron sobre el joven. En segundos Gianni desapareció entre el ciclón verde oliva de uniformados bajo una tormenta de golpes con puños, culatas de las armas largas, patadas y remate con los escudos anti motín. Sólo el resplandor rojo del pequeño morral resaltaba intermitentemente entre la furiosa arremetida. Arrastrado por el piso, sin ninguna posibilidad de defensa, destrozado y sin comprender qué ocurría, fue trasladado a un comando de la Guardia en donde suelen lanzarse los despojos de los manifestantes apresados en esa región.

Otra imagen que recorrió las redes ese mismo día, esta vez desde Caracas, fue la de la joven menor de edad, estudiante universitaria, Paula Colmenares, quien fue atrapada por un pelotón de Guardias Nacionales. De cabellera larga y arropada con una bandera de Venezuela, la indefensa jovencita intentaba flanquear la barrera compacta de quince fornidos guardias armados y apertrechados con chalecos anti balas, cascos y protectores. Algunos en motos y otros en tierra, conformaron una espesa masa verde oliva que rodeaba a la joven. Fuerza bruta contra dignidad; con expresiones triunfantes los guardias celebraban como trofeo su dominio sobre el indefenso cuerpo de la joven menor. Una vez en el piso Paula era rematada a patadas.

La joven Paula Colmenares fue perseguida por todo un contingente de la Guardia Nacional que luego de golpearla, la llevó a un centro de detenciíon.
La joven Paula Colmenares fue perseguida por todo un contingente de la Guardia Nacional que luego de golpearla, la llevó a un centro de detenciíon. EFE

Un mes antes, el martes 6 de junio, justamente en el Palacio de Justicia, se dictaban sentencias contra 38 jóvenes, todos ellos estudiantes de distintas universidades, detenidos unos días antes. De ese grupo, la tercera parte quedaría tras las rejas.

Del grupo sentenciado, la joven Yusneibi López, al conocer que regresaría a la prisión intentó lanzarse por una ventana desde el primer piso del Palacio de Justicia, para ella quizás, una opción menos dolorosa que regresar a manos de sus captores y seguir padeciendo las torturas, acoso sexual y vejaciones que soportó los tres anteriores días de prisión en la sede de la PNB a manos de sus captores.

100 días de detenciones arbitrarias

Hasta los primeros 100 días de protestas se han producido 3.666 detenciones. Son más de 3 mil dramas con historias parecidas. Desde el 2 de abril hasta el 12 de julio, 431 nuevos venezolanos califican como presos políticos quienes más allá de las estadísticas recogidas por las ONG, son vidas rebanadas en un instante. Jóvenes estudiantes se cuentan en mayoría, entre ellos, músicos y deportistas, dirigentes políticos, periodistas, médicos, enfermeros, trabajadores y hasta personas dedicadas a la ayuda humanitaria. Todos ellos conforman ese universo que según califican los voceros del Gobierno son terroristas que protagonizan una rebelión contra la patria.

Cabe destacar que tales detenciones se practican sin respetar el debido proceso, sin orden judicial y sin presentar las respectivas evidencias que califiquen como “flagrancia” según han denunciado abogados y las ONG que se han ocupado de la defensa de la mayoría de los detenidos.

Delincuencia y protestas

La impunidad en Venezuela se estima en 95%. En el año 2016 se registraron 28.479 muertes violentas, lo que coloca a Venezuela como el segundo país con mayor violencia en el mundo. Sin embargo los cuerpos de seguridad y los centros de reclusión, así como el Tribunal Supremo de Justicia, están enfocados a contrarrestar la lucha política y en sostener en el poder al Gobierno de Maduro.

El último informe realizado por la ONG Una Ventana a la Libertad, realizó un monitoreo sobre 89 centros de detención preventiva ubicados en las principales regiones del país. Se trata de centros de reclusión de primera instancia a donde van los detenidos que, o bien van a ser sometidos a procesos judiciales, quedarán en libertad plena o condicional.

Según el estudio estos centros de detención preventiva tienen una capacidad instalada estimada para albergar a 1.910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8.249 personas, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6.339 privados de libertad, que significa 432% hacinamiento. Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola.

Cabe destacar que de esa cifra registrada al menos 1.140 detenidos es el universo de presos por razones políticas y por manifestaciones que son conducidos a estos centros y comparten celdas con reclusos comunes.

Un dato interesante que aporta el estudio es que de ese universo de 8.249 detenidos, 2.765 ya fueron procesados pero permanecen en esos centros por no haber capacidad en las prisiones de reclusión definitiva.

Estos centros están contemplados para albergar detenidos preventivos por 48 horas. 86% de los centros monitoreados no tienen servicio de comedor y al menos la mitad no tienen servicios sanitarios por lo que los detenidos deben hacer sus necesidades en recipientes improvisados y mantener por tiempo indefinido los desechos fecales en el mismo lugar en donde duermen. Sólo 19 de los 89 centros estudiados cuentan con agua potable.

Las caras de los detenidos

Al hacer un recorrido por los principales grupos de detenidos en protestas encontramos que la mayoría son jóvenes estudiantes, 80% son menor de 25 años. Pero en conjunto, como señalamos, se encuentran detenidos estudiantes y jóvenes de distintas profesiones y oficios, incluyendo los casos de médicos y enfermeros pertenecientes a organizaciones que han asistido a los más 15 mil heridos que se han registrado en las manifestaciones. Igualmente destacan casos de defensores de derechos humanos y activistas que se ocupan de la defensa o recolectar medicinas e insumos para los detenidos.

«¡Libertad! No sabía lo que había sembrado hasta que ví la cosecha desde lejos. No estoy sola, el amor a Venezuela me acompaña junto a Dios. Fuerza y fe. Mamá Lis. 04/06/17. SEBIN. Helicoide”.

Fue el mensaje escrito a mano en una hoja de cuaderno arrugada por Lisbeth Añez a sus hijos desde una de las prisiones más temidas por los presos políticos. El SEBIN, ubicado en el Helicoide, en Caracas, es una vieja construcción de los tiempos del dictador Marcos Pérez Jiménez, abandonada durante muchos años y convertida en centro de operaciones de inteligencia y en espacio de reclusión, especialmente para presos políticos.

Conocida como “El ángel de los presos” Lisbeth Añez desde las manifestaciones del año 2014, en protestas por el fraude electoral de aquel año, esta mujer se dedicó a recolectar donaciones de comida, ropa y medicina para los cientos de presos políticos que poblaron las cárceles por aquellos sucesos. La mayoría, tal como se repite en 2017, jóvenes estudiantes con escasos recursos para enfrentar y sobrevivir a largos cautiverios.

El pasado 12 de mayo Lisbeth fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar al exterior. Está acusada como cientos de detenidos por “rebelión militar y traición a la patria”.

Uno de los días con mayores detenciones ocurrió el pasado 10 de julio en el llamado “trancazo” que duró diez horas y se realizó en varias regiones del país con 130 detenidos. Posteriormente, la pasada semana, con el llamado a paro cívico nacional esa cifra fue superada y se registraron 367 detenciones, de acuerdo a la ONG de Derechos Humanos, Foro Penal.

El 10 de julio, en Barquisimeto detuvieron a 12 manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes entre 17 y 23 años. En los Altos Mirandinos se registraron 32 detenidos, igualmente jóvenes. En el Zulia detuvieron a 42 manifestantes. En Carabobo hubo 12 arrestos, en Caracas 10 y en Nueva Esparta 16. Ese día en Carabobo fue asesinado el menor de 17 años Rubén Darío González de un disparo por un grupo armado paramilitar, según los reportes de El Foro Penal.

Una semana antes, el 4 de julio, se conocía la noticia de que 27 estudiantes de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador, ubicada en Maracay, Estado Aragua, eran sentenciados por rebelión militar. De ellos ,11 fueron trasladados a una cárcel común ubicada al sur de Venezuela conocida como El Dorado, en una zona selvática a unos mil kilómetros del lugar donde habitan sus familiares. Los jóvenes habían sido detenidos por grupos armados sin identificación dentro de las propias instalaciones de la universidad. Los colectivos armados ingresaron a la sede académica violando la autonomía universitaria y sin orden judicial, según fue denunciado por los abogados integrantes del Foro Penal y defensores del grupo.

El Helicoide y la Tumba, el infierno

La policía política venezolana también tiene su centro de reclusión en donde han sido detenidos algunos manifestantes de los últimos 100 días. Un estudio realizado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) entre mayo y junio de 2017, sobre dos centros penitenciarios del Servicio de Inteligencia (SEBIN) registra las torturas aplicadas a los detenidos y las inhumanas condiciones a las que están sometidos. El Helicoide y la Tumba, dos instalaciones adaptadas como espacios para reclusos. Son dos nombres que hoy se vinculan a la férrea violencia que se aplica desde este organismo de seguridad.

En el lapso en que se realizó el estudio se contaron 340 detenidos en la sede del Helicoide que cuenta con un espacio para los reclusos de 321 metros cuadrados, de lo que se desprende que existe menos de un metro por cada detenido. 80% de esos reclusos son presos políticos.

El informe también reseña que los reclusos son víctimas de torturas, tanto físicas como psicológicas “Les dan golpes con palos; utilizan bolsas a las que le echan insecticidas y se las colocan en la cabeza; los amarran a las rejas de los calabozos por tiempo indefinido; les colocan electricidad en distintas partes del cuerpo sobre todo en los genitales” entre otras violaciones a los derechos humanos, refiere el coordinador de la investigación Carlos Nieto Palma.

En el ámbito internacional, fue entregada una copia del informe a los diferentes comités contra la tortura, en defensa de los derechos humanos y el de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Asimismo, se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo a lo informado por Luisa Torrealba, coordinadora de investigación de UVL, en los centros de detenidos de la Policía Política “la opacidad es total” por lo que solo a través del testimonio de los familiares se ha podido conocer la realidad de lo que allí ocurre.

“La Tumba, el espacio destinado a los detenidos está cinco pisos bajo tierra. No tiene ventanas. El único sonido de referencia es el ruido ensordecedor de los trenes del Metro de Caracas. Hay siete celdas de dos por tres metros, las paredes son blancas, con piso negro y cama de cemento. Los prisioneros deben tocar un botón para que los lleven al baño y a veces esperan varias horas”.

“Dicen que se pierde la noción del tiempo y solo cuando los vagones del metro dejan de sonar reconocen que ha pasado un día más”, así describen los detenidos el siniestro sótano denominado La Tumba.

En ese lugar se encuentra Lorent Saleh, dirigente estudiantil y uno de los presos políticos que más tiempo ha pasado en la llamada Tumba del SEBIN.

“Es un proceso absolutamente agresivo y despiadado que busca quebrar completamente a una persona a nivel físico, mental y espiritual. Permanecer confinado en una nevera de unos seis metros, con luz artificial las 24 horas, aislado e incomunicado, es algo que causa un constante dolor y sufrimiento. Es un confinamiento que te altera los nervios, que te hace perder todo sentido de la realidad. Ahí buscan arrancarte todo lo que te hace humano. Te humillan, te denigran y te mantienen en un estado constante de amenaza, pánico y angustia. Buscan hacerte olvidar lo que es la vida misma. Es verdaderamente devastador… Te degrada la esperanza y la capacidad de soñar.” Así describió María Gabriela Medina, novia de Lorent Saleh, su visita al reo, luego de un largo período de aislamiento, en una entrevista concedida a la periodista Carol Carrero.

Justicia militar

Hasta el 18 de mayo había 295 civiles procesados en tribunales militares según registros del Foro Penal. A ello hay que agregar a los detenidos desde el 19 de mayo hasta el 12 de julio, lapso en el cual han sido detenidos y presentados ante tribunales militares otros 75 civiles, de acuerdo a cálculos tomados de las informaciones de las regiones, para un total de 370 procesados en tribunales militares.

Es de destacar que la utilización de los tribunales militares se acentuó a partir del conflicto que se ha generado entre la Fiscalía General de la República y el Poder Ejecutivo, dada la postura de la Fiscalía al imputar a varios policías y militares por asesinato y violación a los derechos humanos al reprimir las manifestaciones. Otro elemento de pugna con la Fiscalía se generó algunos casos en los que el Gobierno intentó culpar de las muertes a los propios manifestantes, pero la Fiscalía demostró que los autores de tales asesinatos habían sido cuerpos de seguridad del Estado.

A partir de esas actuaciones de la Fiscalía, apegadas al debido proceso, el Gobierno optó por procesar los casos de manifestantes en tribunales militares, evadiendo la competencia de la Fiscalía. Ello a pesar de que La Constitución, en su artículo 261, dice que la jurisdicción militar sólo es válida para los militares.

El Gobierno, a partir del 18 de abril anunció la “fase verde” del llamado Plan Zamora” que consiste en un operativo “cívico militar” para acabar con las manifestaciones en el cual intervienen: Guardia Nacional, Policía Nacional y colectivos civiles. Se trata de un mecanismo de represión a partir del cual se incrementó el grado de violencia registrado en las manifestaciones.

Internacionalmente varios mandatarios y organismos como la OEA, el Parlamento Europeo, se han pronunciado en contra de someter a civiles a la justicia militar. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Gobierno venezolano que no use la justicia militar para juzgar a civiles, “una práctica a la que el gobierno no parece querer renunciar”.

  • Periodista de Investgaciòn, venezolano. El Universal, Caracas. Colaborador Internacional Diario Las Amèricas. Autor del libro “Afiuni, la presa del Comandante” Twitter @folivares10





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