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1.- CRIMEN ORGANIZADO:
Cuando el paso del tiempo permita que historiadores analicen la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 20 años, llegarán a la conclusión de que le corresponde el triste honor, de haber sido el primer Estado Nación víctima del Crimen Organizado.
Pero en tanto eso ocurre, lo que es indispensable es que quienes hoy día se enfrentan a la tiranía criminal instalada en el poder del gobierno de Venezuela, hagamos un ejercicio de comprensión acerca de cuáles son las características del poderoso enemigo que ha logrado arruinar a una de las naciones más ricas del continente.
Y la clave está en el reconocimiento de que nos encontramos ante un régimen con un carácter político completamente diferente a los que en algún momento han dominado países en nuestra región latinoamericana. Ninguna de las peores tiranías que han existido en la historia reciente de nuestros pueblos, ha tenido la compleja composición criminal de la que desde hace años se ha instalado en Venezuela. Y ninguna ha logrado un resultado tan devastador.
Esto es así, entre otras cosas, porque las dictaduras que conocíamos han tenido un carácter militarista o político, en la mayoría de los casos, con efectos terribles sobre los colectivos humanos sometidos a sus designios, y con algunos daños a las estructuras de sus sistemas políticos administrativos, pero en ningún caso comparables con lo ocurrido en Venezuela.
Nuestra situación se ha caracterizado por la actuación del Crimen Organizado dirigida a la destrucción de un Estado Nación llamado Venezuela.
Esta es la calificación adecuada a un régimen que desde el primer momento de su instalación en el poder, procuró la captación de las instituciones públicas para colocar en los puntos clave a hombres y mujeres, confabulados con la conducta delictiva de un gobierno que no dudaba en recurrir al crimen para lograr sus objetivos.
La pertenencia de Hugo Chávez al estamento militar, condujo a que en las Fuerzas Armadas encontrara los elementos fundamentales para comenzar a tejer la estrategia criminal que ha acompañado el devenir del llamado Socialismo del Siglo XXI. Ello unido al respaldo popular que le acompañó en los primeros años, le permitió elaborar una nueva Constitución a su medida, y captar a quienes le acompañarían en la construcción de una organización que no dudará en recurrir a la violencia y al crimen para mantenerse en el poder.
Fue fundamental secuestrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) que por repetidos fraudes permitió que no se produjeran mayores perturbaciones en el devenir de la sostenibilidad del régimen. Pero de la misma manera, progresivamente instaló sus cómplices en lugares claves del poder político, dentro del Poder Legislativo, y especialmente en el Poder Judicial.
También fue determinante el control de los medios de comunicación y progresivamente, la apropiación indebida de los medios de producción y su estatización, dejando limitados los espacios abiertos a la libertad.
El terror, como instrumento político de dominación, fue clave para lograr domesticar a una sociedad que no terminaba de entender lo que había detrás del llamado “Proceso” y de la Revolución Bolivariana. Pero que contaba con el silencio cómplice de las Fuerzas Armadas, que permitía la creación de milicias armadas y grupos para militares encargados de las acciones de represión.
Y así fueron cayendo las instituciones democráticas, una tras otra, mientras eran sustituidas por instituciones paralelas en cuya conducción se instalaban o enrocaban los mismos miembros del poder político, a medida que íbamos conociendo hechos de corrupción alarmantes, vínculos del poder público con organizaciones terroristas, nexos solapados con el narcotráfico y la comisión sin reparo de crímenes de lesa humanidad contra quienes se atrevían a oponerse al régimen.
El resultado de todo ello que será objeto del análisis posterior de historiadores y estudiosos de la ciencia política, fue la creación de una estructura del Crimen Organizado que ha actuado con absoluta impunidad para apoderarse de las riquezas de un estado petrolero y sencillamente, arruinarlo. Pero en el camino ha dejado una larga estela de delitos que algún día tendrá que quedar sometida a la actuación de los órganos de justicia.
Entre éstos, la instalación de redes de narcotráfico, conducidas desde las más altas esferas del poder y de las Fuerzas Armadas, como el llamado “Cartel de los Soles”, que han convertido a Venezuela en la principal plataforma americana de exportación de drogas a Norteamérica y Europa.
Asimismo, convertirnos en un paraíso del terrorismo internacional, por donde han desfilado elementos pertenecientes a las organizaciones terroristas más importantes del mundo, como Hezbollah, Hammas, las FARC, ETA, el ELN, y muchas otras, convirtiéndose en una amenaza para la región.
Ello ha estado condimentado por la apropiación de las riquezas del Estado, con actos de corrupción que nunca hubiéramos imaginado, derivados de la actuación coordinada y premeditada de vaciar las arcas públicas, para que el producto de estos ilícitos fuera a parar a los bolsillos de quienes han participado en esta organización criminal.
Y la cima de tal proceder delictivo, ha estado en el sometimiento de la población a través del uso de la fuerza, llegando a perpetrar todo el abanico de los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, como el asesinato, la tortura, la detención ilegal, la persecución, delitos sexuales, los tratos crueles e inhumanos, el desplazamiento forzoso y el exterminio.
Esto ha sido reconocido, tanto funcionarios de la importancia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, ACNUR, la CIDH; y más recientemente, por los expertos designados por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que elaboraron el Informe sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Estos expertos concluyeron que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, justo lo que nos llevó a denunciar a los cabecillas del régimen, desde el año 2003 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, corroborado ahora por la denuncia de seis Estados Parte, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, con el apoyo de Francia.
2.- ESTADO-NACIÓN:
En nuestra historia americana nunca antes el Crimen Organizado había logrado apoderarse de las instituciones de un Estado Nación, para llevar adelante su actuación delictiva. Ni los carteles mexicanos de la droga, con poder y capacidad para enfrentarse a las Fuerzas Armadas de ese país, lo han conseguido; como tampoco lo consiguió el capo Pablo Escobar en Colombia. No obstante, en Venezuela la actuación criminal, asociada con el apoyo fundamental de la Cuba de los hermanos Fidel y Raúl Castro, lo han logrado.
Venezuela, dada su condición de productor petrolero, era la obsesión de Fidel Castro desde inicios de los años 60. Intentó apoderarse de Venezuela de muchas formas, incluso a través de la insurrección armada, y no lo consiguió. No obstante la llegada de Hugo Chávez al poder le facilitó concretar su objetivo. Desde La Habana partió la estrategia y en Venezuela encontró la organización criminal necesaria para materializarla.
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Lo que nunca podíamos imaginar era que un Estado petrolero, con todo lo que ello implica, con una estructura político administrativa que había funcionado durante 40 años, con los altibajos propios de una economía que dependía fundamentalmente de la renta petrolera, pudiera sucumbir ante la acción de estos delincuentes, para terminar arruinada y endeudada con China y Rusia, entre otras, de manera escandalosa.
Todo se fue fraguando a través del fin de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, dentro de una política de estatización de la economía, despojando a los empresarios del control de la producción de bienes y servicios mediante un proceso sistemático de expropiaciones, para culminar expoliando las empresas básicas y a Petróleos de Venezuela, la “gallina de los huevos de oro”, que hoy impasible ve como merma su producción y como sus bienes están expuestos a acciones de reclamos judiciales en el extranjero, junto con la venta de sus activos a precio de saldo.
No existe el Estado venezolano, sólo existen unos delincuentes usurpadores que dicen representar los poderes públicos, entre ellos una Asamblea Nacional Constituyente completamente ilegítima; un Poder Judicial con un presidente, Maikel Moreno, convicto por delitos gravísimos; un Presidente Nicolás Maduro que terminará rindiendo cuentas ante la justicia internacional; y unas Fuerzas Armadas, salvo excepciones, llenas de cómplices, único sostén de la organización criminal que todo lo controla.
LA NACIÓN venezolana languidece. Cuando un ciudadano es capaz de salir de su patria, dispuesto a recorrer a pie miles de kilómetros y llevarse su vida en un maletín de 40×40 centímetros, eso quiere decir que lo que deja atrás vale menos que lo que lleva en el maletín. Mas del 10 % de la población venezolana ha tenido que huir del país, y los que allí quedan son víctimas de la actuación de la organización criminal que los gobierna.
Y no es para menos. Ese ciudadano ha estado sometido a unas infames condiciones de vida, por la privación intencional de alimentos y medicinas, que hace que los niños mueran por desnutrición y hambre, los adultos por falta de atención médica y medicinas que palíen sus enfermedades, en algunos casos terminales. Estamos obviamente, ante el crimen de exterminio que tipifica el Estatuto de Roma.
Cuando nos encontramos ante este escenario, tenemos que concluir que el Crimen Organizado ha vencido, por primera vez, y como hecho inédito, a un Estado Nación, y en este caso, a un país petrolero y rico, comparado con otros países de la región.
Esto no lo ha previsto el Derecho Internacional. No hay tratados internacionales de Derecho Penal Internacional que contemplen tal supuesto de hecho, como un crimen tipificado y condenable. Una vez más, el derecho queda a la zaga de los hechos. Estamos ante un cocktail de crímenes de narcotráfico, terrorismo, delitos económicos y crímenes de lesa humanidad, que tendremos que combatir con los instrumentos legales que existen para ello.
Los que resulten responsables de estos crímenes no podrán ser tratados con debilidad, porque nuestra sociedad no lo entenderá. Han cometido el peor de los delitos: Acabar con nuestra patria! Tampoco se les puede tratar como si fueran “políticos normales” con los que cabe “dialogar y negociar”. Son criminales, con ellos sólo procede su rendición y la actuación de la justicia.
No podemos olvidar que los venezolanos que salen del país, no lo hacen huyendo de un terremoto, un huracán, un ciclón, un cataclismo o cualquier otra catástrofe natural, Huyen de otros seres humanos que ofrecieron el paraíso del Socialismo del Siglo XXI, pero que en su ambición de poder y afán de lucro han destruido nuestro Estado-Nación, y son responsables de ello.
El gran reto es prepararnos para impartir esa justicia, que no puede ser venganza, elaborando todas las reformas constitucionales y legislativas, especialmente en materia penal, que serán necesarias para impartirla imparcialmente.
Por ello, cuando todo esto pase, una gran responsabilidad pesará sobre los hombros de quienes tengan que recuperar y reconstruir la patria. Sólo habrá reconciliación si hay justicia, y sólo a través de ella llegaremos a la deseada paz.