El gobierno de Venezuela decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitó que los funcionarios adscritos abandonen el país.
Carolina Alcalde
VOA / Análisis Libre
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, expuso Gil.
Para el gobierno venezolano, la ACNUDH ha “exacerbado sus ataques” contra Venezuela y ha mantenido una postura “claramente sesgada y parcializada”, generando “impunidad” para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros.
Aunque aseguró que la ACNUDH incumple el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, “sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La decisión se produce luego de que, tras la detención de la activista de DDHH y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el gobierno, la oficina del ACNUDH, Volker Türk, dijo que seguía como “profunda preocupación” los hechos y reiteró que, debido a que su paradero era desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada e instó a su inmediata liberación.
El fiscal general, Tarek William Saab, negó el miércoles que San Miguel y cinco de sus familiares vinculados al caso hayan estado sometidos a una situación de desaparición forzada, tal y como denunciaron sus abogados y decenas de organizaciones nacionales e internacionales, y denunció una «feroz campaña» contra el sistema judicial.
San Miguel fue imputada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Sus abogados denunciaron que no estuvieron presentes en la audiencia y que su paradero era desconocido.
En 2019 se acordó la instalación de la oficina del ACNUDH en Venezuela, lo que implicaba la presencia de un equipo en el terreno.
El año pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue autorizado a reanudar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El gobierno ejerció un recurso de apelación y se espera por el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la CPI.
Lo único novedoso que ha hecho el gobierno es “ quitarse la careta” porque igual no le importa un comino las opiniones de esta oficina . Es parte del proceso de declararse dictador.