En una nota pública el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) al referirse a Nicolás Maduro y su equipo de gobierno en Venezuela, denunciados individualmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) por «crímenes de lesa humanidad, señala que «los presuntos criminales buscan escapar de la acción de la justicia, ocultándose tras la institucionalidad del Estado venezolano y de negociaciones espurias.»
La nota agrega que «al mismo tiempo utilizan tácticas procesales dilatorias para tratar de ganar tiempo y, de ser posible, identificar y tomar represalias contra las víctimas que participaron en la Consulta de la CPI.
Documeno de CICIVEN
Ante las recientes acciones de miembros del Gobierno de Venezuela en las que se intenta, por una parte, dilatar el proceso que se adelanta ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, y por otra, exigir la suspensión de dicho proceso como condición para que dicho gobierno regrese a la mesa de una negociación que se ha realizado en la ciudad de México, CICIVEN se dirige a la opinión pública tanto nacional como internacional en nombre del Comité Internacional de Victimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela durante los últimos 20 años, quienes participaron activamente en la Consulta convocada por la Sala de Cuestiones Preliminares y que ha dado lugar al Informe presentado por la Sección de Participación y reparación de las víctimas de la CPI (VPRS), para EXPONER:
PRIMERO:
Que rechazamos de manera total y categórica la solicitud de autorización para presentar observaciones a dicho Informe presentada por el Gobierno de Venezuela, por ser improcedente y perseguir fines inconfesables, que pasan por tratar de identificar a las víctimas que intervinieron en la Consulta para tomar represalias en su contra, a la par de utilizar dicha petición como táctica dilatoria, cuando ya la Sala ha entrado en fase de análisis de los informes presentados por la Fiscalía, el Gobierno y el de la VPRS, para decidir acerca de la continuidad de la investigación por parte del Fiscal Karim Khan.
Sobre este particular debemos agregar que dicha Consulta tuvo un carácter estrictamente confidencial y que el contenido de los formularios que la componen solo podrá ser conocido por los Magistrados de la Sala; ni siquiera el Fiscal y mucho menos el Gobierno venezolano podrán tener acceso a ellos.
SEGUNDO:
Que igualmente rechazamos total y categóricamente, las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, miembros del gobierno venezolano señalados como reos de crímenes de lesa humanidad, en el sentido de solicitar con evidente desesperación, la suspensión de la investigación que se adelanta en la CPI, como condición para volver a entablar negociaciones en México, sobre una supuestas elecciones a realizarse el año 2024.
Esta solicitud, presentada por los presuntos delincuentes, además de no tener ningún asidero legal, debería generar la reprobación colectiva de quienes como actores políticos nacionales o extranjeros, se arroguen la condición de interlocutores u acompañantes en una negociación de tal naturaleza, sin legitimidad alguna de representación, conducta cómplice moral y legalmente condenable.
Lo que ocurra en La Haya con la investigación que adelanta la CPI sólo está regulado por el Estatuto de Roma y los demás cuerpos normativos que regulan la actuación de la Justicia Universal, quedando excluidos los desventurados intentos de los presuntos criminales por tratar de obtener ventajas de naturaleza diferente a la jurídica.
TERCERO:
Por tal motivo, también rechazamos de forma rotunda y categórica cualquier ataque personal o institucional de los mencionados individuos, o de otros actuando en su nombre o interés, contra la Corte Penal Internacional, sus Magistrados y el Fiscal Karim Khan, dirigido a tratar de politizar un caso en el que son ellos los presuntos responsables personales de dichos crímenes.
CUARTO:
En cuanto pasemos a la fase procesal de formulación de cargos, ya estos individuos no podrán esconderse como lo hacen ahora detrás de la institucionalidad del Estado venezolano ni utilizar a tal fin sus recursos, y no les quedará otro camino que enfrentar a titulo personal las imputaciones que se les formulen como autores, colaboradores, cómplices, coautores, instigadores, o simplemente por la omisión de no haber impedido los crímenes cometidos, los cuales, como acertadamente señala el Informe de la VPRS, abrazan casi todos los delitos tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, y van mucho más allá del marco temporal inicial objeto de la investigación.
QUINTO:
La Comunidad venezolana, especialmente las víctimas y sus familiares, han tenido que esperar mucho tiempo para que una jurisdicción imparcial e independiente se encargue de la investigación y establecimiento de responsabilidades por dichos crímenes, y no es legítimo, legal, ni aceptable, que a través de una negociación entre los presuntos criminales y personas que no ostentan legitimidad de representación de los venezolanos, y mucho menos de las víctimas que denunciaron los hechos ante la CPI, se pueda obtener una impunidad que se persigue de manera tan afanosa.
Miami, 28 de abril de 2023
La Junta Directiva de CICIVEN, José Emilio Castellanos, Luis Corona, Víctor Rodríguez Cedeño
y Wilfredo Castro
WILLIAM CÁRDENAS RUBIO
Presidente
PACIANO PADRÓN
Vicepresidente
WALTER MÁRQUEZ
Director General
