America Latina

mayo 5, 2017

Colectivos, paramilitares para enfrentar a la oposición venezolana

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Written by: analisislibre
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Francisco Olivares *

 En las últimas movilizaciones ocurridas en Venezuela, en protesta por la ruptura del hilo Constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia que suspendió las competencias de la Asamblea Nacional, se ha podido observar cómo grupos paramilitares, denominados por el propio Gobierno como «colectivos”, han actuado de manera muy activa al lado de los cuerpos policiales y militares venezolanos en las labores de represión contra quienes protestan en las calles del país.

(AP Photo/Rodrigo Abd)

Imágenes que circulan en las redes sociales y portales independientes describen con precisión cómo estos grupos, a bordo de sus “caballos de hierro” como suelen llamar a las motos desde donde actúan, dan cuenta de la diversidad de armamento que ocultan debajo de sus vestimentas rojas que en ocasiones camuflan con franelas de toldas opositoras cuando salen a cumplir con alguna operación armada.

En los 15 días de protestas, que se han registrado en las diversas regiones de Venezuela, se le ha atribuido a los grupos armados irregulares de las filas oficialistas, varios de los asesinatos ocurridos durante esas jornadas. Aparte de la represión oficial de la Policía Nacional (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), grupos de hasta 100 motorizados, grupos no identificados que actúan desde vehículos particulares y taxis, pequeñas bandas de encapuchados que se movilizan detrás de las fuerzas regulares, han actuado con impunidad, en el saqueo de negocios, ataques a urbanizaciones civiles identificadas como opositoras, y furtivamente haciendo disparos a grupos de manifestantes.

Hasta el 19 de abril se registraban ocho asesinatos, al menos cinco de ellos se le atribuyen a grupos armados no identificados.

El pasado 11 de abril un video difundido en las redes sociales mostraba cómo un numeroso contingente de motorizados vestidos de civil salía en horas de la tarde del Comando Regional Número Cuatro de la GNB ubicado en la ciudad de Barquisimeto. En horas de la noche se registraba la muerte de Brayan Principal, un joven de 14 años que cayó asesinado por disparos en un urbanismo de esa ciudad en el que se producía una protesta. Vecinos del sector denunciaron que durante esas horas el urbanismo había sufrido el ataque de pistoleros encapuchados no identificados.

Plan cívico-militar

Vale destacar que, para contener las protestas que se han generado desde el 4 de abril, el presidente Nicolás Maduro activó el llamado “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, en fase verde”, que según lo destaca un escrito publicado por la Organización no gubernamental venezolana, de defensa de los Derechos Humanos (Provea) se trata de “un plan estratégico y operacional que activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional”. Señala que para el Gobierno “es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un período de crisis”. Pero Provea precisa que el plan no es una política pública de seguridad ciudadana, cuyas competencias no son conocidas por la sociedad.

Recuerda Provea que, el 28 de diciembre de 2016 Nicolás Maduro realizaba un acto para despedir el año junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde anunciaba el desarrollo de un operativo bajo el nombre “Plan Zamora” para el año 2017, en ese evento decía Maduro: “Viene un año de expansión de todas las fuerzas especiales, para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra patria, de las lacras del paramilitarismo que vienen de Colombia, y del paramilitarismo que viene de la ultraderecha”. Como es conocido en Venezuela, los altos funcionarios del gobierno han utilizado indistintamente, los adjetivos “fascista” y “ultraderecha” para referirse a todos los críticos de su gestión a los cuales considera “enemigos”. Las amenazas, según la alocución, provenían de las organizaciones partidistas opositoras a las cuales el Gobierno calificaba de “promotoras del paramilitarismo”, responsables de diferentes protestas ocurridas durante el año. Así Maduro llamó a fortalecer la “guerra de todo el pueblo”: “Tenemos que fortalecer las capacidades de inteligencia. Y aquí, quién más sabe de todo es el pueblo de Venezuela. ¡Busquemos a las organizaciones populares, a las UBCh (Unidades de Batalla Hugo Chavez), a los Consejos Comunales, a los CLAP (Comando Locales de Abastecimiento), a los Congresos de la Patria, para que ustedes vean cómo articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo!”.

Así Maduro llamó a defender la “guerra de todo el pueblo”: “Tenemos que fortalecer las capacidades de inteligencia. Y aquí, quién más sabe de todo es el pueblo de Venezuela. ¡Busquemos a las organizaciones populares, a las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez), a los Consejos Comunales, a los CLAP (Comando Locales de Abastecimiento), a los Congresos de la Patria, para que ustedes vean cómo articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo!”.

Según Provea, “la implementación del Plan Zamora eleva la escala del conflicto dentro de Venezuela mediante un mecanismo de confrontación de naturaleza bélica, que atenta contra el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica”.

Otros voceros

En los últimos meses, distintos voceros del Gobierno han expresado públicamente su apoyo a la existencia de los grupos paramilitares del Gobierno conocidos como “colectivos”. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien ha sido una emblemática dirigente del chavismo por sus posturas radicales, expresó el pasado mes que los colectivos organizados son el «pilar fundamental para la defensa de la patria». Indicó que «los guarimberos» (manifestantes opositores) tienen miedo de los colectivos, y calificó como «cobardes» a los manifestantes que han sido reprimidos por las unidades antimotines de la Guardia Nacional. «Los guarimberos chillan cuando les echan agua para garantizar el libre transito».

El gobernador del Estado Trujillo y ex ministro de la defensa, general Henry Rangel Silva, aseguró en un programa televisivo que “los colectivos son los que toman el control de las manifestaciones convocadas por la oposición con el propósito de contrarrestar la imagen de caos que ésta pretende llevar fuera del país”.

Paramilitares armados

A juicio del penalista Fermín Mármol García, para un Poder Ejecutivo, que le cuesta muchísimo mantenerse dentro del estado de derecho, le es menos costoso, desde el punto de vista político y jurídico, tener grupos de civiles que son como guardianes de la revolución, guardianes del Gobierno. Cuando el uniformado policial o militar debe repeler a civiles opositores y en esa diatriba existen muertos, el costo es muy elevado desde la perspectiva internacional y local. Es el poderoso contra el débil, el estatus quo contra una población. «Pero al tratarse de civiles que defienden a la revolución y al Gobierno frente a la existencia de fallecidos, la respuesta es mucho más sencilla, porque es un problema de pueblo contra pueblo», indica el experto.

Explica Mármol García, quien forma parte del equipo de seguridad que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática, que estos grupos están organizados a nivel nacional y son, en efecto, un brazo armado para la defensa de la revolución bolivariana. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el equipo de seguridad, se ha llegado a contabilizar que los colectivos armados y violentos están presentes en un rango minimo de 10% de las parroquias de Venezuela. Por su puesto, hay parroquias de Caracas en donde evidentemente el asentamiento es de varios colectivos, como es el caso del 23 de Enero, una zona popular y violenta de Caracas. En el país existen aproximadamente 1.500 parroquias en 335 municipios. Pero el rango máximo que estimamos es de presencia en 30% de las parroquias.

Según la apreciación del experto en seguridad, a diferencia del uniformado, el miembro del colectivo no tiene parámetros. Está más comprometido con la revolución. A diferencia, el funcionario de la institución, el Guardia Nacional o el policía, más allá del adoctrinamiento del que han sido objeto sus instituciones, también se les da una formación sobre las leyes de la República que les limitan la actuación. La diferencia es que estas fuerzas irregulares, paramilitares, es que no tienen instrucción sobre el tipo de responsabilidad jurídica y penal que tienen como consecuencia de su actuación, uso proporcionado de la fuerza y están allí para recibir órdenes de alguien que tiene un poder político pero con algo más grave, que están convencidos de que la posibilidad de quedar detenidos o procesados es casi nula, a diferencia del policía que sabe que si las cosas salen mal pueden ser detenidos y procesados.

Actúan bajo protección oficial

Con mucho acierto algunos de estos “colectivos violentos” identifican con precisión su razón de ser. Uno de los más emblemáticos que opera en una de las parroquias más tradicionales de Caracas llamada 23 de Enero, el colectivo La piedrita, tiene su sede en la parte alta de esa parroquia. Posee un gran espacio urbano de esa zona compuesto por varias casas y con sistema de seguridad. Una imagen de la entrada de ese colectivo publicada en medios digitales destaca un cartel que señala: “Bienvenidos, zona guerrillera, patria o muerte”. En esa zona del 23 de Enero no pueden entrar los cuerpos de seguridad oficiales salvo con una autorización del Secretariado que agrupa a los colectivos de la zona. En eventos de la parroquia estos colectivos han aparecido con altas figuras del gobierno y han mostrado abiertamente su arsenal armado.

Explica Mármol García que ha sido público y notorio cómo las fuerzas del orden tienen que coordinar algunas incursiones de orden jurídico y penal en zonas que están controladas por los colectivos. Por ejemplo una investigación de un secuestro. Si el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas (CICPC) está investigando un secuestro y la triangulación de las llamadas indica que el secuestrado está en una zona dominada por los colectivos, el CICPC tiene que coordinar con el Ministerio de Interior y Justicia para actuar.

Esta situación tiene al menos una década, confirma Mármol, ¿Qué quiere decir esto? Lo que era notorio desde hace mucho tiempo, el poder político de los colectivos armados sobre los funcionarios de rango medio o alto, los cuales pueden perder sus cargos al oponerse a cualquier actuación o exigencia de estos grupos.

El caso Rodríguez Torres

Uno de los casos emblemáticos en el que se revela el poder político de los colectivos armados fue el enfrentamiento que se produjo en octubre de 2014, entre las fuerzas del orden y jefes del Colectivo 5 de marzo en un edificio invadido de tres torres, ubicado en el centro de Caracas, en donde operaba parte de este colectivo y en el que murieron 5 de los jefes más importante de ese grupo armado.

El enfrentamiento ocurrió cuando Brigadas de Operaciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas (CICPC) por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, incursionaron en ese refugio en donde se encontraban parte de los líderes de ese colectivo quienes estaban solicitados por diversos delitos. Allí fue abatido el líder principal, José Odremán, (un ex policía) y otros 4 importantes cabecillas del grupo.

Poco después de esa operación el mayor general Rodríguez Torres, hombre muy allegado al ex presidente Hugo Chávez, fue removido de su cargo. Aunque el ex ministro nunca vinculó ese acontecimiento a su salida del cargo, a partir de ese momento se convirtió en un crítico del gobierno de Maduro al tiempo que reivindica su lealtad a Hugo Chávez pero se deslinda del madurismo.

Es de señalar que el Colectivo 5 de Marzo ha sido uno de los grupos más activos en la zona oeste de Caracas y según las propias declaraciones del fallecido líder, José Ódreman, agrupaba a unos 100 colectivos de la capital y desde hace unos 8 años tienen su sede en las instalaciones de lo que fue el antiguo cuerpo policial de Caracas, La Policía Metropolitana, ubicado en Cotiza, una barriada del noroeste de Caracas, la cual fue cedida por el Gobierno de Chávez. Ódreman y su grupo solían aparecer fotografiados con importantes figuras del chavismo, entre ellas el propio Hugo Chávez.

Control de los alimentos

A parte de la agenda de guardianes de la revolución, hoy los colectivos armados tienen una agenda con la distribución de las cajas de alimentos a poblaciones populares llamadas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Esa nueva función da mucho poder político, según aprecia Mármol García. Señala que esta función ha de haberlos fortalecido porque están controlando algo tan sensible como lo es la distribución de alimentos en tiempos donde la escasez afecta más a los sectores populares.

Pero adicionalmente no se debe dejar de lado que estos grupos mantienen su agenda criminal, que incluye secuestros, tráfico de drogas, extorsión a comerciantes y asesinatos. Muchos de estos casos llegan a los tribunales con un porcentaje importante de impunidad, de acuerdo a los reportes policiales reflejados por periodistas de sucesos.

Los colectivos también «juegan» a ser policía, fiscal o juez al mismo tiempo en sus comunidades; en ocasiones espantando a vendedores de droga o a delincuentes. En algún momento la población sintió que ante la carencia de policías en las zonas populares, los colectivos eran una opción, hoy esa realidad cambió. Hay un terror que subyace al sentir que meterse con el colectivo puede llevar a la muerte o a quedarse sin alimentos.

  • Periodista de Investgaciòn, venezolano. Colaborador Internacional Diario Las Amèricas. Autor del libro “Afiuni, la presa del Comandante”





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