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WASHIGNTON D.C. —
La Corte Penal Internacional avanza en su examen sobre el caso de Venezuela. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos denuncian la extrema situación que vive su país y piden buscar salidas urgentes para la actual situación que ha provocado una de las mayores crisis migratorias del continente.
El exfiscal, Luis Moreno Ocampo, dijo que el tiempo que tarda la CPI en examinar el caso de Venezuela no debería ser desaprovechado. Los comentarios se escucharon durante un evento organizado por la Universidad de Georgetown en Washington, la noche del miércoles 5 de diciembre.
“El tiempo que tarda la corte es una oportunidad que ustedes [los venezolanos] tienen para aprovechar la influencia” que tiene el organismo y presionar las investigaciones sobre individuos concretos, añadió Moreno, quien presidió, a petición de la OEA, una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.
La fiscalía de la CPI publicó hoy el informe sobre el examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde constata haber recibido información sobre delitos de lesa humanidad por parte del gobierno.
Para Moreno, lo que puede hacerse mientras la corte dicta una fallo es “hacer énfasis en las personas que están en la parte baja de la pirámide” para que sean procesados y así, presionar a Nicolás Maduro.
“[Él] sabe que si procesan a ciertos individuos y el no hace nada, será el siguiente en ser procesado”, advirtió Moreno en un evento organizado por la universidad Georgetown.
No obstante, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, cree que aunque la labor de la CPI es necesaria, no hay que cerrar las puertas a otras alternativas ante la crisis venezolana.
Escuche aquí entrevista completa con Luis Almagro:
“Debemos dejar abiertas las opciones que el derecho internacional contempla”, dijo Almagro a la Voz de América, “esto quiere decir responsabilidad para proteger e intervención humanitaria”.
La responsabilidad para proteger es una medida de derecho internacional que estipula que si un estado no protege a su población, la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias, desde pacíficas a militares, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, para evitarlo.
El exfiscal de la CPI, no obstante, no cree que esa opción deba contemplarse. “Si ustedes empiezan a hablar de intervención humanitaria van a perder [el apoyo de] toda América Latina”, sentenció.
Moreno, quien dice tener fe en que la CPI emitirá una orden de arresto contra individuos del gobierno venezolano, afirma que una vez esto suceda, una de las salidas sería un proceso interno. “[Maduro podría ver] que si evita los crímenes y los para, puede evitar que le procesen a él”, dijo el jurista.
“Absolutamente frustrados”
Sin embargo, no todos están dispuestos a esperar.
“Los venezolanos nos vemos absolutamente frustrados de que la justicia internacional tarda tanto y que no vemos una solución a la crisis” declaró Rodrigo Diamanti, venezolano investigador en la universidad de Harvard.
El cansancio se extiende también hacia los demás países, ya que los defensores de derechos humanos consideran que no ha hecho lo suficiente.
“La comunidad internacional tiene 20 años dándole el beneficio de la duda al régimen de Maduro”, dijo Ana Julia Jatar, hermana de Braulio Jatar, periodista venezolano preso hace más de dos años.
A parte de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, en la que se unieron cinco países latinoamericanos, solo Panamá ha impuesto sanciones contra el gobierno venezolanos.
“La comunidad internacional tiene que apretar el cerrojo contra el régimen”, dijo Almagro, quien reiteró la necesidades de que los demás países del continente apliquen medidas económicas restrictivas al gobierno de Maduro.
Las negociación, afirma el secretario, coincidiendo con Carlos Ponce, director para América Latina de la ONG Freedom House, es un barco que ya partió.
“Si ustedes creen que se puede negociar es que son unos ilusos”, sentenció el activista.