La Confesión de Tarek William Saab a la Corte Penal (CPI)

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William Cárdenas Rubio-Vargas *
1Análisis Libre, Madrid

Recientemente, el fiscal usurpador de la República Bolivariana de Venezuela sorprendió al país y a la Comunidad Internacional, con una declaración en la que confesaba que algunos crímenes de los que están denunciados en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y que habían sido rechazados por el régimen, sí fueron cometidos por funcionarios del gobierno y cuerpos de seguridad.

Esta confesión, dirigida además mediante una comunicación enviada a la CPI, al margen de las consecuencias personales que tengan para el propio Tarek, confirma  los criterios de los que venimos, desde hace casi 20 años, denunciando esos crímenes en La Haya, y siguiendo al detalle todos los pasos de la organización criminal instalada en el país en su quehacer delictivo.

En efecto, dicha declaración forma parte de la más reciente estrategia del régimen para tratar de enervar las investigaciones que se llevan a cabo en la Fiscalía de la CPI, donde han contado con la complicidad de la Fiscal Fatou Bensouda, y de algunos de sus más próximos funcionarios, algunos hombres de confianza del ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo.

Bensouda ha retrasado hasta lo indecible el examen preliminar, pero ante la evidencia de no poder continuar sosteniendo este estado de impunidad, habida cuenta de las múltiples denuncias de organismos internacionales, que coinciden en sostener que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, culpando de manera expresa a los más altos jerarcas del régimen, buscó el apoyo del chavismo.

La Fiscal se dirigió al régimen en octubre pasado solicitando información para poder fundamentar alguna decisión a su favor. Fue esto lo que dio lugar a la visita de Tarek a La Haya de principios de noviembre, y que determinó el desarrollo de una compleja estrategia para atender los dos exámenes preliminares, Venezuela I y II, con la puesta en marcha de una operación jurídica y política en dos niveles.

NIVEL I:

En el Caso Venezuela I  se procedió la presentación de un voluminoso informe oficial a finales del mismo mes, en el que se daba cuenta de las investigaciones y procesos que se adelantaban en Venezuela con el propósito de tratar de justificar con ello la actuación de nuestra jurisdicción en estas investigaciones, lo que impediría la activación de la justicia complementaria de la CPI, que se pretende a través de las denuncias que se acumulan en el caso denominado Venezuela I.

Posteriormente, Tarek ha presentado dos informes más, el último de ellos anunciado recientemente, en el que confiesa que Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalette fueron asesinados por el régimen, y algunos de ellos torturados, aduciendo que hay personas, de menor rango, que han sido acusadas por dichos crímenes y que por tal motivo no procede la activación de la jurisdicción complementaria de La Haya.

 

 NIVEL II:

En el Caso Venezuela II, que tramita ante la Fiscalía CPI la denuncia presentada por Jorge Arreaza en nombre de la República Bolivariana de Venezuela contra funcionarios del gobierno de los EE.UU, acusándolos de ser los causantes de los múltiples crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país, por la privación de alimentos y medicinas, que incluye la muerte de niños, mujeres y hombres enfermos, como consecuencia de las sanciones económicas unilaterales acordadas por el gobierno de dicho país.

Con tal propósito se trazó una estrategia jurídico-política, que implicó la visita a Venezuela en febrero pasado de la bielorrusa Alena Douhan, la Relatora Especial de las Naciones Unidas, quien fue la encargada de hacer un recorrido por el país y entrevistar a numerosas personas, todo controlado y dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro, para concluir en su informe que, efectivamente, eran dichas sanciones unilaterales las causantes de esas muertes y los funcionarios norteamericanos los responsables.

CONCLUSIÓN:  EL CRIMEN PERFECTO

De esta manera con la complicidad de Fatou Bensouda se lograría el crimen perfecto, negándose a abrir la investigación en el Caso Venezuela I, o sólo siguiéndola contra funcionarios de bajo rango para garantizar la impunidad de los altos responsables del gobierno chavista, en los crímenes denunciados; y con una decisión sobre el Caso Venezuela II, de apuntar las responsabilidades de graves crímenes como el exterminio y el desplazamiento forzoso, hacia los funcionarios norteamericanos, basados en el informe que este año presentará Alena Douhan en la ONU. Con ello también se liberaría de estos graves crímenes a los altos jerarcas del régimen chavista.

Pero algo debe haber enturbiado las relaciones entre Tarek y Bensouda, para que el primero se atreva a señalar a la Fiscalía de la CPI de falta de transparencia, por no haber respondido sus informes. A Bensouda le queda menos de mes y medio para dejar el cargo, y pronto sabremos que hay detrás de todo este lamentable episodio, cuyo desenlace se aproxima.

La decisión de la Fiscal de no proceder a abrir una investigación en el Caso Venezuela I podrá ser examinada ante la Sala de Cuestiones Preliminares III de oficio o a petición de alguno de los Estados Parte denunciantes (Art. 53.3 a y b ERCPI).

El 15 de junio tomará posesión el nuevo Fiscal, el británico Karim Khan. Tenemos la firme esperanza de que entonces cambie el rumbo de las investigaciones, pues tendrá en sus manos la posibilidad de reconsiderar cualquier decisión al respecto (Art. 53.4 ERCPI).

  * Presidente de CICIVEN, Consultores Cárdenas

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