Mapa satelital que muestra la Región del Esequibo/Guayana Esequiba que se disputa
entre Venezuela y Guyana. (Foto: SurinameCentral vía Wikimedia Commons)
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Rosario Orellana Yépez y Víctor Rodríguez Cedeño
Análisis Libre Internacional
Las relaciones con Guyana se han complicado en los últimos tiempos. A pesar de que la controversia tiene en sí misma un claro potencial de conflicto, para entender mejor la actualidad del tema con un asomo prospectivo distinguimos entre la controversia y el conflicto, conceptos que se aplican a las diferencias entre Estados y que por su propia definición prevén medios distintos de solución.
La controversia, definida como oposición de tesis jurídicas de los dos países sobre una determinada cuestión, está indubitablemente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adonde llegó dentro de las previsiones del Acuerdo de Ginebra y luego de 34 años de una terca insistencia en los inefectivos Buenos Oficios sin que la representación de Venezuela propusiera alguno de los otros mecanismos de solución pacífica de controversias entre Estados miembros (Art. 33 de la Carta de la ONU) y pese a la posición reiteradamente sostenida por Venezuela de no aceptar la jurisdicción de la CIJ. Es ahí, en la Corte, donde es necesario alegar y defender nuestros derechos para lo cual tenemos fundamentos sólidos suficientes. Es así indubitable porque ya en la Corte se resolvió la fase preliminar de competencia y de admisibilidad. La oportunidad para presentar nuestros elementos probatorios sobre la nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y refutar en esta fase de fondo los argumentos de Guyana acerca de su validez, la tiene Venezuela en su Contramemoria, que deberá presentar el 8 de abril de este año 2024, fecha límite ésta que fue fijada por la Corte mediante Ordenanza del 6 de abril de 2023.
Bastantes voces con real conocimiento de la materia han insistido en que la representación formal de Venezuela ante la CIJ tiene el deber y ahora la urgencia de preparar la contramemoria con el concurso, hasta ahora omitido, de calificados expertos venezolanos conocidos y reconocidos e, igualmente, de especialistas extranjeros. Otro aspecto que amerita aclaratoria es que la representación de Venezuela ante la CIJ formalmente notificada ha realizado suficientes actuaciones ante ésta que suponen el reconocimiento de su jurisdicción en este caso, aunque se sigan sucediendo declaraciones públicas en contrario y aunque ninguna de dichas actuaciones haya atendido a los intereses y defensa de los derechos de Venezuela.
El conflicto por su parte, surgió por la actitud de los dos países y ha inquietado a la comunidad internacional porque las amenazas y el uso de la fuerza se han hecho presentes. La sola amenaza del uso de la fuerza es establecida en el artículo 2-5 de la Carta de la ONU como un acto contrario al Derecho Internacional que debe ser considerado por los órganos políticos del sistema. Guyana, que considera que los últimos actos de Venezuela, más después del referéndum del 3 de diciembre, amenazan su soberanía y su integridad territorial, ha abusado por su parte de detentar la posesión del territorio y de su proyección marítima objeto de la controversia otorgando concesiones para explotar los recursos allí contenidos, mientras Venezuela ha permanecido inerme ante la CIJ por tal comportamiento. Vale decir que tanto la actividad belicista de Venezuela en cuanto al conflicto como su inactividad en la controversia desfavorecen nuestros intereses.
Ante el conflicto las partes acordaron en San Vicente y las Granadinas hace unas semanas (Declaración de Argyle) evitar agravar las tensiones y realizar actos que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. No hay el más mínimo asidero para aseverar que se trató el tema de la controversia, sino exclusivamente el de las relaciones bilaterales o el conflicto entre las partes que pareció poner en peligro la paz regional.
Después del referéndum, un acto insensato e irresponsable del régimen de Nicolás Maduro, con evidentes fines políticos internos; y del anuncio de la creación del estado de Guayana Esequiba y de una movilización militar sin precedentes y de apariencia muy peligrosa hacia la frontera, Guyana recibe un buque de guerra británico que fue considerado como una amenaza por el régimen de Caracas, lo que motivó una nueva movilización que ha alimentado la preocupación de los países vecinos y de la comunidad regional e internacional, aunque todo parece seguir ubicado en un plano de política interna que lleva el régimen para evitar el cambio político que la inmensa mayoría de los venezolanos desea mediante elecciones libres y seguras en 2024.
Esa interpretación se ve reforzada por expertos en temas militares quienes consideran que la capacidad guerrerista de Venezuela es inexistente y algunos agregan que el buque británico apenas está dotado de armamento defensivo de rango muy modesto.
Si bien el conflicto está sometido a mecanismos políticos y diplomáticos, la controversia está sometida a la Corte Internacional de Justicia y es allí en donde el Estado venezolano, como dijimos, debe centrar su atención y tomar medidas que signifiquen la defensa seria y responsable de nuestros intereses ante el tribunal que emitirá una decisión en dos años aproximadamente y que se quiera o no es vinculante e inapelable para las partes que estarán obligadas a ejecutarla.
En este contexto es incuestionable la enorme preocupación que causa el otorgamiento por parte de Guyana, de permisos y licencias para exploración y producción, en zonas fuera de su jurisdicción no solamente en las aguas no delimitadas de proyección del territorio Esequibo en disputa, sino en aguas bajo la exclusiva jurisdicción de Venezuela, en clara violación del Acuerdo de Ginebra de 1966. Y del derecho internacional.
De acuerdo con el Informe de setiembre de 2023 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, realizado por el ingeniero Eduardo Páez Pumar: «El Esequibo Hoy», cuya realidad es la de un territorio en reclamación, Guyana ha dado concesiones importantes en el territorio en reclamación, entre otras, las otorgadas en la región Cuyuni-Mazaruni (hidroeléctrica, forestales, uranio, oro), en la región Barima-Waini (manganeso), en la región Potaro-Siparuni (Oro), Alto Takutu-Alto Esequibo (oro) y Takutu Esequibo (petróleo). Igualmente, en áreas fuera de su jurisdicción nacional, en particular, en el área de proyección marítima del delta, como las concesiones Roraima de cerca de 20 kms, Stabroek, de 27.000 kms, Demerara, de 4 0000 kms, Corentyne, de 6500 kms y Kanuku de 6500 kms que afectan todas sin duda los derechos de Venezuela sobre su espacio territorial y los alegados sobre el territorio en reclamación del esequibo.
Venezuela debe protestar enérgica y formalmente estas acciones de Guyana que contrarían el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, para detener las pretensiones guyanesas y para ello, tiene el deber de solicitar a la Corte Internacional de Justicia la indicación de medidas cautelares o provisionales de conformidad con su Estatuto (Art. 41) y el Reglamento (art. 73 y siguientes), para proteger nuestros derechos en el proceso, lo que debería hacer con seriedad y responsabilidad. Estas medidas pueden ser solicitadas en cualquier momento del proceso y tienen siempre carácter de urgencia, por lo que la Corte tendría que considerarlas y decidir lo antes posible, tal como ha ocurrido en otros casos.
La injustificada y nociva desidia de quienes detentan el poder, mal disfrazada con el despliegue de una descomunal propaganda engañosa de lo opuesto, es motivo de múltiples hipótesis que, en lugar de atenuar como se pretende, proporcionan combustible a la debilidad que tienen frente a la ciudadanía y cada día que pasa aumentan los intereses de las concesionarias y, sobre todo, avanza la exploración, explotación y producción de los recursos involucrados por decisión y para provecho unilateral de Guyana.
