WASHINGTON — La confianza y credibilidad de los latinoamericanos en la democracia muestra retrocesos según los índices de medición que documentan la baja. Ciclos de protestas sociales violentas en la región, encumbramiento de figuras populistas y la apatía ciudadana son apenas algunas de las particularidades de un fenómeno global que los expertos denominan “permacrisis” o “policrisis”.
Imágenes desde Brasil y Perú han saltado al mundo por estos días, generando preocupación, al tiempo que los expertos continúan prestando atención a otros escenarios también complejos en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador y Guatemala.
Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), es uno de varios analistas de la región que opinan que la “democracia está amenazada”, a nivel global, pero al acercarse a Latinoamérica el panorama “empeora”.
En un análisis publicado el pasado lunes y titulado ‘Las amenazas para América Latina este 2023’ Zovatto dice que “vivimos el proceso de recesión democrática más agudo de las últimas tres décadas debido a que en muchos países el sistema político está roto, los niveles de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones es bajo, y el contrato social ha perdido legitimidad”.
Con ello -ahonda el experto- “la insatisfacción ciudadana y el malestar social crecen rápidamente”, como han mostrado los sucesivos focos de protestas sociales violentas en varios países latinoamericanos; el último, en Perú que se encuentra sumido en una “profunda crisis” que ha dejado más de 50 muertos.
“La región se ha venido deteriorando progresivamente desde su mejor momento, entre 2006 y 2007”, explica Zovatto.
Auge del populismo
Para la directora interina de Latinoamérica de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, la región muestra un “gravísimo deterioro” de la democracia y del Estado de derecho que va más allá de los países señalados como “dictaduras” -tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela– “sino por un ataque directo y frontal” a las instituciones democráticas en varios países de la región por figuras que han sido elegidas democráticamente.
Los atropellos –según explicó Taraciuk la semana pasada tras presentar el informe para la región de HRW- provienen de líderes electos democráticamente, cuyas cuestionadas acciones hacen tambalear los pilares que sostienen la democracia. Además agrega que estas acciones se extienden a los sistemas electorales, a los sistemas judiciales de los países y a la sociedad civil.
“Vemos cómo líderes que llegan al poder después de elecciones no quieren o no pueden enfrentar estos problemas crónicos”, entonces -dice- esas fallas “son aprovechadas por políticos populistas, autoritarios que han pretendido justificar políticas públicas que restringen derechos humanos”, que además acaban por fomentar las migraciones.
Esta experta dice que la falta de respuestas para combatir la corrupción, la violencia y la pobreza se han convertido en pretexto para políticos “de todo tipo de ideologías” que se saltan los preceptos democráticos y “prometen” soluciones que venden como sencillas, pero “que son abusivas”.
Pone como ejemplo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien de acuerdo a su opinión hace un manejo “lamentablemente muy eficaz de las comunicaciones” y desde la sociedad civil se hace difícil “combatir esa narrativa que se está imponiendo”, de un líder que “no precisa la democracia ni el Estado de derecho”.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha descartado opiniones de este tipo. En una entrevista con la cadena TCS el lunes dijo: “Mucha gente no entiende lo que está pasando. Lo califican de gobiernos dictatoriales cuando se trata del ejercicio democrático, de un liderazgo fuerte, son democracias complejas del siglo XXI”, argumentó Ulloa.
Este país ha estado en la mira de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y la Unión Europea desde que el mandatario y su partido tomaron control total de los poderes del Estado el 1 de mayo de 2021, al deponer a la Corte Constitucional del país. Desde inicios de 2022 el país permanece en estado de excepción.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, una de las expertas en la región en cuanto al tema de la democracia, consideró durante un conversatorio con la Universidad Andina Simón Bolívar, hace unos meses, que en el origen de muchos de los puntos de tensión en la democracia en la región está el populismo.
“Los populismos son en parte responsables del deterioro democrático, aunque tenemos que reconocer que el populismo ha estado a flor de piel en América Latina”, apunta.
Pero Chinchilla matiza que no se puede quitar el dedo de la línea sobre la frustración ciudadana con muchas de las instituciones de la democracia, lo que ha abierto las grietas y fomentado que “sea más fácil que la gente siga a estos líderes y que se vayan detrás de los cantos de sirena, es un momento delicado”, dice.
Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano por la Democracia, publicó este lunes un artículo de opinión sobre ‘Las organizaciones internacionales en la creación y permanencia de las dictaduras del siglo XXI en las Américas’, el autor señala que en el entramado de formación de gobiernos autoritarios juegan roles cruciales organismos e instancias dentro y fuera de los países.
«Pero son los organismos internacionales públicos los que tienen competencias y por lo tanto señalados derechos y responsabilidades sobre las acciones y la conducta de los Estados, gobiernos, ciudadanos y poblaciones de los Estados, en materia de derechos humanos, libertad, democracia y economía», opina.
Los números que hablan
Hace 15 años solo Cuba se consideraba como un régimen autoritario en la región. Al cominezo de 2022 se han sumado tres más, Nicaragua, Venezuela y Haití, este último considerado “estado fallido”, explica Zovatto, el experto de IDEA.
Al abordar la región su informe de 2022 la publicación The Economist considera que siete países de las Américas “perdieron su condición de democracias, convirtiéndose en regímenes híbridos”.
En la lista figuran países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, Ecuador y México. “Los últimos cuatro casos, otros índices los califican como democracias de baja calidad”, opina Zovatto.
Este índice solo considera a Uruguay como una democracia «perfecta», otras como Chile y Costa Rica entran y salen de esa categoría para acabar quedándose -por el momento- en las “imperfectas”.
Los expertos coinciden en que al debilitamiento democrático no solo lo abona la clase política, sino también la sociedad civil que “valora menos la democracia”. Mediciones como el Barómetro de las Américas y Latinobarómetro han registrado que el apoyo a la democracia –según encuestas- ha ido cayendo de 69 % en 2008 a 49 % en 2021, y el escepticismo con la democracia toca aún más bajo, el 43 %.
Otro dato para apuntar es que según Latinobarómetro el 51 % de los latinoamericanos les daría igual si un gobierno no democrático asuma en su país, siempre y cuando “le resuelva sus problemas”, mientras que 12 años atrás solo un 14 % toleraba un golpe del poder Ejecutivo para controlar a los otros poderes de Estado.
En 1995 solo un 16 % de los latinoamericanos afirmaban que les daba igual vivir o no en una democracia, para 2021 el número alcanzaba a un 27 %; “indiferencia que a su vez se traduce en tolerancia a formas no democráticas de gobierno”, agrega Zovatto.