¡Las audiencias públicas de la CPI en el caso Venezuela!

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Las Audiencias Publicas de La Haya dejaron claro que el gobierno venezolano no ha investigado los crímenes de lesa humanidad.

-La defensa gubernamental, con abogados  expertos en la representación  de criminales, no tuvieron éxito en la formulación de sus argumentos.

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William Cárdenas Rubio
Análisis Libre Internacional
Madrid

Las Audiencias Públicas celebradas en la sede de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, los días 7 y 8 de noviembre pasados, han tenido una gran importancia para el pueblo venezolano, pero especialmente para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país durante los últimos 20 años.

Se debatían los argumentos presentados por el gobierno de Venezuela en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que ordenó al Fiscal Karim Khan, la continuidad de la investigación de esos crímenes.

En primer lugar, debemos señalar que es la primera vez que vemos sentados ante los Magistrados de esta Corte, a los representantes legales de los responsables de dichos crímenes, algo que en estos 20 años jamás había ocurrido.

En segundo término, que no es un tribunal cualquiera ante el que tuvieron que sentarse a defender a sus criminales clientes; la CPI es la máxima instancia del derechos penal para investigar, procesar y castigar este tipo de delitos.

Y en tercer lugar, que estas Audiencias Públicas eran inéditas en la práctica de la CPI, pues sólo hay un antedecente en el de Filipinas, cuando la convocatoria fue para escuchar el fallo de los jueces. En esta oportunidad, los Magistrados querían conocer la opinión de las partes, de los representantes del gobierno de Venezuela, de la Fiscalía, y de las víctimas, éstas en la primera ocasión que han tenido para exponer publicamente sus preocupaciones y observaciones.

De alli, la trascendencia de lo ocurrido, que además arroja un balance favorable para la continuidad de la investigación, por la inconsistencia de los argumentos presentados por los representantes del gobieno venezolano.

Hay que señalar que entre éstos se encontraban el abogado británico Ben Emmerson como jefe de la Defensa, dos represetantes del Ministerio Público venezolano, un abogado español, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Las Audiencias fueron acertadamente dirigidas por el Magistrado Marc Perrín, Presidente de la Sala; con oportunas intervenciones de la Magistrada peruana Luz de Carmen Ibañez Carranza; la férrea posición de las representantes de la Fiscalía de la CPI; y la destacada función de Paolina Massida, representante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, de la CPI.

Para resumir las incidencias más resaltantes de los dos días de trabajo, nos permitimos señalar el deslucido papel del abogado británico, quien en su esfuerzo por narrar lo que consideraba errores de la Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares que dictó la decisión apelada, naufragó en su intento de demostrar que la información que Venezuela recibió de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma,  había sido insuficiente.

Dejó la impresión de todo lo contrario, que eran las autoridades del gobierno venezolano las que no han tenido la iniciativa de investigar  válidamente estos crímenes. Insistió en que no habían sido traducidos los 30.000 folios que con afán dilatorio  fueron presentados por Tarek William Saab, cuando es evidente que si consideraban que su contenido tenía alguna importancia para esclarecer la situación, la carga de su traducción les correspondía a ellos mismos.

Sus insistentes exigencias de información sobre víctimas, hechos y sospechosos, fue respondida con la impecable actuación de la Fiscalía, que confirmó que había enviado suficiente información y le enrostró su error al querer “comenzar la casa por el tejado”.

Tampoco tuvo éxito en su consideración a la falta de contextualización conceptual de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que impide que el país pueda adelantar una investigación válida de estos hechos, y da paso a la aplicación del principio de complementariedad que activa la jurisdicción de la CPI para investigarlos.

Llegó a tildar de incompetentes a los Magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares, algo que no debe haber sentado nada bien a sus colegas de la Sala de Apelaciones; pero donde sucumbió definitivamente, fue en el momento en el que el Presidente de la Sala le requirió las razones de porqué Venezuela no había adaptado su legislación penal a los tipos criminales que establece el Estatuto de Roma.

En este momento, sostuvo que veía una “pizca de crítica” en la pregunta, para luego diluirse en argumentos que no daban ninguna respuesta a lo que se le requería. Pero el desastre vino cuando él mismo le preguntó al Magistrado Perrín: Lo estoy aburriento? y éste le contestó con rigor: No! pero termine! Seguidamente, se sentó desconcertado.

Justamente esta era la parte medular del debate, con todo ello quedaba en evidencia que Venezuela no puede, ni quiere adelantar la investigación de los hechos, lo que  derrumbaba la estrategia con la que habían venido, para tratar de impedir que la investigación siga adelante. Después de la debacle de su jefe, el resto de miembros de la Defensa venezolana quedó a la deriva.

Un abogado español, que trabaja en el despacho de Baltasa Garzón, lo que no debe preocupar mucho, pues también Garzón ha sido abogado de Alex Saab y Hugo Carvajal, ambos extraditados a Estados Unidos para responder ante la justicia americana, expuso en una larga intervención, las razones por las cuales impugnaba la falta de competencia de la CPI para llevar adelante esta investigación.

Se centró en que el inicio del proceso se había producido por la denuncia de seis Estados Parte, señalándo que por esa vía, la investigación se inicia sin control jurisdiccional, a diferencia de lo que ocurre con las que inicia el Fiscal conforme al artículo 15 del ER.

Llegó a calificar de “ingenuos” a quienes elaboraron el Estatuto que creó la Corte Penal Internacional, por no preveer que los Estados podían  “politizar” estos procesos y que la CPI lleva 20 años de vigencia, ignorando que este es el marco juridico, sustantivo y procesal, que rige la materia, y que cualquier modificación tienen que acordarse en la Asamblea de Estados Parte, y no ante una Sala que discute una apelación y está obligada a respetar el marco jurídico en el que actúa.

Lo cierto es que en el caso Venezuela I, los Estados Partes, Argentina, Chile Canadá, Colombia, Perú y Paraguay, si conocieron la realidad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y no dudaron en presentar ante la CPI la denuncia correspondiente.

Todo esto dejó abiertas las Audiencias a las Conclusiones, que en nombre del gobierno venezolano presentó el Canciller Iván Gil, quien obviamente no entendió en dónde se encontraba y cuál era el papel que debia cumplir. Con una puesta en escena, como si de un acto político se tratara, sostuvo que todo era culpa de Donald Trump, quien había poco más o menos que incitado la actuación de los Estados Parte para que denunciarán a Venezuela ante la CPI, y que esto formaba parte de la estrategía de sanciones unilaterales que los Estados Unidos había aplicado al país.

Omitía intencionalmente los miles de víctimas de los crímenes que se han cometido contra el pueblo venezolano en los últimos 20 años y el desplazamiento forzoso de más de 8 millones de personas, más del 25% de nuestra población, y los asesinatos, las torturas, la persecución política, las detenciones arbitrarias, las violaciones, los tratos crueles e inhumanos, la privación intencional de alimentos y medicinas de que los venezolanos han sido víctimas, para esconderse tras el discurso político del régimen.

Los Magistrados, aparte de la sorpresa por una exposición fuera de contexto, deben haber concluido lo que todos estamos pensando: La investigación debe continuar!

Y así finalizó este primer momento en el que, por fin, el pueblo venezolano ha iniciado su camino a la obtención de una justicia imparcial e independiente, con la esperanza de que a partir de ahora, con la participación de las víctimas y sus representantes, en la CPI de La Haya se conozca la verdadera dimensión de la tragedia que ha sufrido el pueblo venezolano en los últimos tiempos, cuya investigación y castigo a los más altos responsables debe cumplirse.

Llegó la Hora de la Justicia, así hemos titulado un cuadro sinóptico que hemos presentado a la Sala de Apelaciones de la CPI acompañando a nuestros escritos y que adjuntamos también a este balance.