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Más de 30 acreedores que han demandado al Estado venezolano por expropiaciones y otras causas durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han acudido ante el 11º Circuito Federal, en Wilmington Delaware, en un intento de lograr sus compensaciones en el juicio de Citgo, el mayor activo de Venezuela en el exterior.
De ellas, 16 han sido reconocidos por la Corte de Delaware que lleva el caso. Las acreencias sobrepasan los US$ 18.5 mil millones de dólares mas intereses que superan la tasa LIBOR mas el 2% en promedio los mencionados montos.
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Análisis Libre
Washington, DC
El 1 de Mayo reciente el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que «no tomará medidas coercitivas» para detener la subasta o un acuerdo negociado, con respecto a las transacciones que involucran los activos estadounidenses de Venezuela en el exterior, especialmente las acciones de sobre Citgo Petroleum Corporation.
En Abril el juez del 11º Circuito Federal, en Wilmington Delaware, Estados Unidos de América, Leonard P. Stark había solicitado al Departamento de Estado norteamericano el estatus de la Orden Ejecutiva de Protección de los Activos de la República de Venezuela, especialmente referidos a PDVHolding, propietaria de Citgo (el activo de mayor valor de Venezuela en el exteior), dentro del proceso judicial de liquidación de los activos de la mencionada empresa.
De acuerdo con fuentes judiciales, hasta la fecha solo han sido reconocidos por el Tribunal del 11º Circuito Federal, 16 acreedores formales, cuyas acreencias sobrepasan los US$ 18.5 mil millones de dólares. La empresa Citgo se estima este valorada entre US$ 8 y US$ 12 mil millones de dólares americanos, dependiendo de factores como las licencias operativas validas en los Estados Unidos y el precio internacional del petróleo.
[box_dark]Las millonarias acreencias de los demandantes se originaron por medidas de expropiación, intervención, incumplimientos de pagos y compromisos contractuales y violaciones a los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones firmados por Venezuela, y otras medidas gubernamentales por las administraciones de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro y especialmente durante la gerencia de Rafael Ramírez en PDVSA.[/box_dark]
Estas acciones judiciales iniciadas por las empresas (Acreedores Judiciales Legítimos) en contra de la Republica Bolivariana de Venezuela, cuyo antecedente se remontan al año 2009 hasta la fecha, han sido manejadas por la Consultoría Legal de Petróleos de Venezuela, cuya asesora especial fue la Doctora Hildegart Sanzo de Rondo suegra de Rafael Ramírez, el Procurador eterno de Maduro, Reinaldo Muñoz miembro de la banda de los enanos, en una combinación nefasta con el Procurador del Interinato de Juan Guaido y asesor de la empresa Cristallex que gano el litigio de velo corporativo contra Venezuela, el ciudadano Jose Ignacio Hernández.
Crystallex International Corporation empresa en estado de quiebra por US$ 350 Millones de dólares, recibió en el año 2019, un pago por parte de la Administración de Maduro, gestionada por el Procurador Reinaldo Muñoz por mas de US$ 420 Millones de Dólares, como parte del acuerdo firmado con la Republica. Y, 60 días tras recibir los mencionados fondos, demanda el cumplimiento de su sentencia, desconociendo lo firmado con Venezuela, y argumento la unidad comercial entre la Republica Bolivariana de Venezuela y PDVSA, y el incumplimiento de la Republica del resto del pago de las acreencias, bajo el criterio técnico y asesoría de Jose Ignacio Hernández, asesor legal de la empresa, y meses después, Procurador del Gobierno Interino de Juan Guaido.
Según criterio de analistas, todos los casos, escenarios y acciones legales existe responsabilidad por acción y por omisión de las actuaciones de los mencionados funcionarios y asesores legales en perjuicio del patrimonio publico nacional, lo que constituye un delito gravísimo de pena de cárcel y resarcimiento de daños materiales, adicionalmente al presunto delito de corrupción por dadivas especiales, sobornos y pagos directos a las personas arriba mencionadas.
La Asamblea Nacional de Juan Guiado del 2015, ni la Asamblea Nacional Constituyente actual mencionan estos temas, existe un silencio en auditar los tramites arbitrales y el estatus de los litigios en contra el Patrimonio de la República, no hay un criterio estratégico de como avanzar legalmente en estos temas por parte del liderazgo político nacional, y la administración de Nicolas Maduro. Es solo un eterno silencio, de ver como se desvanece los activos de Venezuela, que en algunos casos se convierte en gritos de ahogados por parte de los hermanos siniestros Delcy y Jorge Rodriquez acusando de traidores a la patria a los asesores legales, Jueces norteamericanos y a los Estados Unidos de América, incluso de genocidio contra el pueblo Venezolano, una vez perdidos los casos en contra de la República, con sentencias firme.
[box_dark]De producirse la liquidación total de las acciones de PDVHolding/Citgo Petroleum, el monto definido por el tribunal de quiebra “Special Máster” no será suficiente para cubrir el total de las acreencias ya registradas en el Tribunal de Delaware. [/box_dark]
Solamente, Conoco-Phillips es acreedor por más de US$ 10.000 millones de dólares, los tenedores de los Bonos 2020 garantizados con el 50% de las acciones de la empresa CITGO por parte de Maduro, suman la cantidad estimada de US$ 2.000 mil millones de dólares, llegando con el resto de los acreedores a superar los US$ 18,5 mil millones de Dólares. Es decir, no será suficiente la liquidación total de CITGO para cubrir estos acreedores. Solo en el sector petrolero la suma alcanza los US$ 14.949 millones de dólares. El sector minero, las tres corporaciones canadienses/americanas (Gold Reserve Inc., Crystallex International, Rusoro Mining), suma más de US$ 2.900 millones de dólares, cantidad esta que representa de 5 a 6 veces lo que estas empresas hubiesen invertido en Venezuela en cada uno de sus diferentes proyectos mineros.
Gold Reserve Inc. es el acreedor más reciente con cualidad plena, otorgada por el Tribunal Federal de Delaware, bajo una orden condicional de embargo “fieri facias” en relación con las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), la sociedad matriz de CITGO Petroleum Corp.
El 23 de marzo de 2023, el Tribunal de Delaware igualmente concedió a los otros 4 acreedores órdenes de embargo condicionales en relación con las acciones de PDVH sobre la base de que Petróleos de Venezuela, S.A. bajo la tesis del “alter ego” de la República de Venezuela y PDVSA, permitiendo el embargo y ejecución de las acciones de la empresa petrolera en los Estados Unidos.
En 1983 CITGO fue incorporada como una subsidiaria de refinación, comercialización y transporte. Fue comprada posteriormente por la Corporación Southland quien vendió el 50% al Estado venezolano en 1986 y el otro 50% en el año 1990. Hasta el 2005 su infraestructura comprendía de 8 refinerías unas 60 terminales y una red de distribución con la franquicia de CITGO conformada por 14,885 estaciones de servicio y contratos a 10 años de abastecimiento de crudo por un volumen más de 1.1 millón de barriles diarios.
Se estima que, de registrarse la liquidación total de la empresa CITGO, la acción se iniciaría a finales del 2023 y mediados del 2024. La Republica Bolivariana de Venezuela ha manifestado que apelara a la decisión de continuar el embargo por parte de la Corte del 11º Circuito Federal en Delaware, y así mismo, considera que es todo una gran conspiración de las empresas trasnacionales y del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de CITGO de manera ilegitima, tratando de disminuir los mas de US$ 30.000 millones de dólares en acreencias con sentencias firmes, no pagadas por actuaciones administrativas del clan Chávez y Maduro, aunadas a las gravísimas acciones y omisiones de los Procuradores Generales de la Republica de Maduro y Guaido en contra del pueblo Venezolano.
Sin el pago de las mencionadas acreencias, es difícil que nuevos acreedores adicionales a los ya existentes en estos litigios decidan invertir en los sectores petroleros y mineros en Venezuela, ya que estas acciones judiciales afectan sus potenciales inversiones de manera directa e indirecta. Además de que aumentan el riesgo país de manera substancial.
La satanización de los hermanos Rodriquez Vice Presidenta Delcy y Presidente de la Asamblea Nacional Jorge, a los acreedores, inversionistas, jueces y partes de estos importantes litigios en contra de la Republica no atrae inversiones extranjeras para Venezuela, no resuelve el pago de las deudas judiciales legitimas de los mencionados acreedores, ni suspende las acciones legales legitimas de los acreedores y representa una violación a la normativa comercial internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que eventualmente se traduce en una flagrante violación a los derechos humanos de todos los Venezolanos.
