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El retorno de la tensión pone en riesgo la continuidad de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.
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DW.- La Policía nicaragüense ha detenido a 164 personas durante el transcurso de las manifestaciones de este sábado (16.03.2019) en la capital, Managua, contra el presidente del país, Daniel Ortega, en plena ronda de conversaciones entre las autoridades y la oposición para poner fin a la violencia política que ha sacudido el país durante meses y arrojado un saldo de centenares de muertos.
Las manifestaciones han supuesto un retorno a la tensión que, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia — un grupo que aglutina a diversas organizaciones opositoras contra Ortega –, «pone en alto riesgo la continuidad de las negociaciones» con un Gobierno acusado de violar flagrantemente los derechos humanos.
Entre los detenidos, según el diario nacional ‘La Prensa’ se encuentra el ex ministro de Educación Humberto Belli y dos importantes miembros de la Alianza, Azahalea Solís y Max Jerez, ahora mismo en manos de las autoridades tras, según el negociador de la Alianza, Carlos Tünnermann, «una represión desproporcionada que ha puesto en alto riesgo la continuidad del proceso de negociación que el mismo Ortega ha convocado», en declaraciones a ‘El Nuevo Diario’.
«El ‘impasse'», ha añadido el también negociador de la Alianza José Pallais, «definitivamente se ha agravado», teniendo en cuenta que las detenciones del sábado ocurren después de que Ortega anunciara solo un día antes la liberación, como gesto de buena voluntad, de 50 presos políticos.
Los excarcelados del viernes se suman a los 100 que fueron liberados el pasado 27 de febrero, el mismo día que Gobierno y oposición reanudaron el diálogo nacional. Las organizaciones que reúnen a las familias de los presos políticos aseguran que hay más de 570.
Una crisis sin final a la vista
La crisis estalló en abril de 2018. Comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha dejado ya 325, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan esta cifra a 561.
Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense por crímenes de lesa humanidad.
El líder sandinista ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones.
En respuesta a las protestas del sábado, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua ha exigido a las autoridades del país que «cesen inmediatamente el uso de la fuerza excesiva, tanto contra los manifestantes como contra la prensa que está ejerciendo su libertad».
eal (europa press, elnuevodiario.com.ni, laprensa.com.ni)