Sandra Lafuente P. / Madrid
Tras siete días de reuniones con representantes del gobierno, el poder judicial, la fiscalía, la defensoría del pueblo y asociaciones civiles, las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas refrendan un viejo reclamo de los familiares de las víctimas de la guerra civil y el régimen franquista en España: «Hay impunidad en todos los casos de desapariciones forzadas» y la ley de amnistía de 1977 sigue siendo un obstáculo para las investigaciones.
«Impunidad por la falta total de investigación y sanción judicial”, detalla Ariel Dulistky, miembro del Grupo de Trabajo, en conversación con BBC Mundo, luego de la rueda de prensa que él y su colega Jasminka Dzumhur condujeron para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre esta visita.
Era la primera vez, desde su creación en 1980, que este Grupo de Trabajo venía a España. Lo hizo, destacan sus miembros, por invitación del gobierno español y por la demanda de las asociaciones de familiares, con «cientos» de los cuales se reunieron los cinco integrantes de esta comisión en Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía para confirmar que su «constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos».