Perú: a 200 años de la proclamación de la independencia, un futuro incierto

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No hay que ser un avezado analista para pronosticar un difícil período para el Perú y para Castillo

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Pedro Carmona Estanga
Análisis Libre Internacional

El 28 de julio último, la nación peruana celebró el bicentenario de la proclamación de su independencia (1821) por parte del Generalísimo José de San Martín, quien recibió el título de Protector del Perú, independencia que fue consolidada militarmente por Simón Bolívar con el Ejército Unido Libertador del Perú, al librar las decisivas batallas de Junín y Ayacucho en 1824, que pusieron fin al poderoso Virreinato del Perú. Bolívar había sido invitado por el Congreso peruano a asegurar la independencia del país, y para ello le concedió la suprema autoridad militar. En la célebre entrevista de Guayaquil de 1822 entre Bolívar y San Martín prevaleció la conveniencia de un modelo republicano y no monárquico para el Perú, y en ese mismo año, Guayaquil oficializó su adhesión a la Gran Colombia, lo cual movió al retiro voluntario de San Martín a Francia, donde vivió en Boulogne Sur Mer y murió en 1850 a los 72 años, es decir que sobrevivió a Bolívar 20 años. Más tarde, en 1826, se logró la capitulación de la Fortaleza del Callao bajo el mando del General venezolano Bartolomé Salom, y se cumplió la campaña del Alto Perú por parte del Mariscal Antonio José de Sucre en 1825. Así, el Perú debe su independencia a dos grandes hombres: San Martín y Bolívar, ambos merecedores de admiración y reconocimiento por su magna obra, en estas históricas fechas.

Las fiestas patrias de este año en el Perú coinciden con la asunción al poder de Pedro Castillo, tras un difícil proceso electoral en el cual Castillo logró una estrecha victoria que dejó al país dividido en dos mitades, y por regiones, ya que las zonas de montaña y de selva votaron por Castillo, y las ciudades de la costa, incluyendo la metrópoli limeña, por la señora Fujimori. En apenas una semana después de su proclamación, Castillo debió organizar gobierno, dejando en sus primeras decisiones grandes interrogantes y preocupaciones que resumiremos de seguidas.

En primer lugar, las evidencias de que el fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo, es un factor clave de poder en el gobierno de Castillo. Así lo confirma la designación del presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, polémica figura perteneciente al ala radical de Perú Libre y estrechamente vinculado a Cerrón. Las reacciones no se han hecho esperar: sectores de opinión califican dicha designación como polémica y provocadora, incluyendo al presidente saliente Francisco Sagasti, quien cree que Bellido generará inestabilidad y desgobierno. ¿Por qué?: Bellido simpatizó con el movimiento Sendero Luminoso, proclama que en Cuba existe democracia, y sostiene posturas homófobas, misóginas, antilimeñas, antihispánicas, y lidera la consigna de “devolver el poder al pueblo” y modificar la Constitución de 1993. La designación del gabinete es considerada un triunfo de Cerrón y del ala ortodoxa de la izquierda, aumentando las incógnitas sobre la débil independencia de Castillo. Las informaciones indican que Cerrón trató de interferir en la designación de Pedro Francke como Ministro de Economía, y que está actuando como un filtro sobre el cual no pasa ningún nombramiento. Otra designación polémica ha sido la del Canciller Héctor Béjar, de 85 años, fundador en 1962 el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero inspirado en la revolución cubana que operó en la selva peruana, hasta que fue derrotado militarmente. Béjar fue detenido en 1966 e indultado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, de quien pasó a ser colaborador. Béjar sostiene que es su “obligación moral” defender al régimen de Maduro, al cual considera como “una de las pocas posibilidades de cambiar esta sociedad sucia y violenta”. Otro tanto ocurre con nombramientos como los del Ministro del Ambiente Rubén Ramírez, ex abogado de invasores de tierras en Lima; el Ministro de Cultura Ciro Gálvez, representante de los pueblos originarios; el Ministro de Defensa Walter Ayala, oscuro abogado, ex suboficial de tercera de la Policía Nacional y dado de baja por temas disciplinarios; Víctor Mayta, Ministro de Desarrollo Agrario, connotado revolucionario, promotor de protestas violentas en Cusco; Iber Olarte, Ministro del Trabajo, expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho; y varios más con escasa experiencia administrativa y formación, y una marcada orientación ideológica de izquierda, regional o rural.

El discurso toma de posesión de Castillo tuvo como puntos centrales: 1) La convocatoria a una Asamblea Constituyente, una promesa de campaña no prevista en la Constitución vigente, por lo cual requeriría la aprobación del Congreso, en el cual el nuevo gobierno no cuenta con mayoría. Dicha Asamblea sería según Castillo “plurinacional, popular y con paridad de género”. 2) Respeto a los ahorros y a la propiedad privada de los peruanos, tratando de despejar la incertidumbre que ha generado su mensaje. 3) Cambios en el modelo económico para acabar con abusos de “monopolios y consorcios que cobran elevadas sumas por los servicios públicos y medicina”. 4) La decisión de no ocupar el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, como una expresión de ruptura “con los símbolos del pasado colonial”, ofreciendo convertir al Palacio en museo. 5) Expandir las “rondas campesinas”, que son organizaciones comunales de defensa que operan en diversas regiones del Perú, y administran justicia o resuelven problemas locales, las cuales se incluirían en el sistema de seguridad ciudadana. 6) Expulsión de delincuentes extranjeros en 72 horas. Sin referirse a nacionalidad, durante la campaña dirigió una especial mirada a los inmigrantes venezolanos. 7) La posibilidad de nacionalización o estatización de la actividad relacionada con los recursos naturales, y de promover un “nuevo pacto” con la iniciativa privada.

En la ceremonia de posesión, estuvieron presentes los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, el Rey Felipe VI de España, además de líderes políticos afines como Evo Morales, y la llegada del Canciller Arreaza de Venezuela, ya con Castillo juramentado, para ofrecer pactos y celebrar la asunción del nuevo gobierno. No debe haber resultado grato para el Rey de España escuchar expresiones antihispánicas de parte del nuevo presidente y de líderes del partido de gobierno, siendo que el Perú fue el Virreinato más importante en América, y que quiérase o no, España y las civilizaciones autóctonas más avanzadas de la región, como fue la incaica, independientemente de posibles abusos, conformaron “un nuevo mundo”, en una fusión de culturas entre nuestra América y España, que no es posible desconocer. Pero ha sido esta una bandera de la izquierda radical para desdibujar los vínculos afectivos y culturales iberoamericanos, con un mensaje anacrónico y rupturista, que privilegia la leyenda negra de la conquista.

No hay que ser un avezado analista para pronosticar un difícil período para el Perú y para Castillo. En efecto, Perú Libre solo cuenta con 37 de las 130 curules en el parlamento, razón que le obligará a buscar apoyos para la aprobación de sus políticas y leyes. En segundo lugar, porque las fuerzas democráticas anuncian que enfrentarán la amenaza de una Constitución de corte comunista. ¿Qué pasaría entonces si el Congreso bloquea el camino a una nueva Constitución o a reformas sustantivas a la misma? Por lo pronto, surgen los primeros efectos de la incertidumbre sobre la economía peruana, con el desplome de los mercados financieros, la devaluación de la moneda, que rompió la barrera de los 4 soles por dólar, y una importante salida de capitales, señales inquietantes, pues la economía peruana había mantenido un desempeño favorable en los últimos lustros. Nuestro deseo hacia un país al cual nos unen vínculos de afecto, es que no prevalezca un discurso de fracturas u odios, que el Perú recupere su gobernabilidad, y que se abra un camino de estabilidad y sensatez, en favor de un pueblo que requiere progresos, y posibilidades reales de reducción de la pobreza y la desigualdad, las cuales, ciertamente, no se alcanzarán bajo las banderas del socialismo

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