Venezuela: Se suspende la realidad

Zair Mundaray *
Análisis Libre

Algunos físicos se han preguntado que ocurre con la realidad mientras no es observada por nadie, esta es una interrogante bastante profunda para el común denominador de las personas. Físicos cuánticos, sostienen que la realidad o lo que nuestra comprensión entiende por ello, no existe mientras no esté siendo observada, y que solo emerge en virtud de la medición que hacemos sobre esta cuando empezamos a percibirla. Por el contrario, otros plantean que es independiente de la observación y que siempre está ahí a la espera de que alguien la divise o distinga.

En nuestra Venezuela, siempre plagada de insólitos acontecimientos, asistimos a un extravagante debate ante la opinión pública sobre física cuántica, gracias a los “ilustrados” magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en una torcida interpretación de quien sabe cuales leyes, intentan suspender los efectos de la realidad y llevarnos ante una nueva dimensión, en la que declaran que todo lo que nuestros sentidos percibieron, realmente no ocurrió.

Brito, el de siempre, el del trabajo sucio, el mandadero de Alex Saab, este siniestro personaje de novela negra supeditado a los más promiscuos intereses, presentó ante tres militantes togados del PSUV que ilegítimamente fueron designados magistrados en 2022, un recurso contencioso electoral. Con este mecanismo, pretende poner en manos de Maduro y su organización, los nombres y apellidos de todos los que participamos en ese ejemplar esfuerzo cívico de las primarias de la oposición. Pide también que se anule dicho proceso de consulta popular, y que, mientras se le da la razón, a través de un amparo cautelar en el que alude supuestas violaciones de derechos constitucionales, se suspendan los efectos de todo el proceso en cuestión. Como era de esperarse, con la característica rapidez del TSJ cuando se trata de suprimir derechos humanos, acordaron lo pedido, solo publicando el dispositivo de un supuesto fallo cuyas razones aun no se conocen.

Antes de la llegada de la funesta revolución chavista al poder, no existía en la entonces Corte Suprema, una sala electoral, los conflictos -casi inexistentes, por cierto- surgidos en el marco de eventos eleccionarios, eran dirimidos por la Sala Político Administrativa, pero con la irrupción del proceso constituyente de 1998, se impuso la tesis de la creación de una jurisdicción especial para esta materia. Para algún desmemoriado, vale la pena evocar, que la creación de la Sala Electoral tuvo como fundamento la defensa, protección y fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se decía que el nuevo proceso histórico de participación masiva del pueblo en la toma de decisiones (se empezaba a masificar a la gente), requería de jueces especializados, que salieran al paso a cualquier mecanismo que quisiera impedir o torcer la legítima voluntad cívicamente expresada en cualquier forma de consulta. Es decir, se creó para proteger la opinión de la gente, no para contrariarla o suspenderla.

La estrafalaria decisión cautelar del 30 de octubre, intenta suspender hechos cumplidos cuyo impacto político y jurídico no pueden retrotraerse mediante sentencia, pues no son objeto de suspensión. La consulta se produjo y con ella unos resultados irrefutables, que demuestran, además, la inmensa capacidad de organización de la sociedad civil cuando se lo propone. El sistema de votación manual, ofreció cero incidencias, de modo que fue rápido, eficaz, transparente y auditable, lo que generó el elogio de los participantes, con excepción de alacranes cuyos intereses eran tratar de cuestionar del proceso, instrumentalizados desde el poder.

Visto así, la decisión es inejecutable pues los efectos que pretende suspender, se cumplieron en su totalidad por ser una realidad que todos observamos, de modo que nadie puede convencernos de lo contrario, por lo que no hay física cuántica que valga. Desde mi perspectiva, la sentencia es una declaración inocua, desesperada y que intenta colocar en el plano legal un hecho político. Su desproporción salta a la vista, casi dos millones y medio de personas participaron, todos vimos las colas, la perseverancia y el ambiente festivo de los que acudieron a la cita. Otros tantos no pudieron participar incluso queriendo hacerlo, lo que hace a la decisión más ridícula, pues se apalanca en la supuesta protección del derecho de un solo sujeto, en franca violación de los derechos del resto. Por más magistrados que seas, no puedes suspender los efectos de la realidad por mucho que le debas a tu amo de Miraflores.

• lAbogado Binacional  Especialista en Criminalística, penal, Migración y Derechos Humanos