José Emilio Castellanos / analisislibre.org
La Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, la capital de Estados Unidos, admitió la solicitud de la corporación Gold Reserve de “default” en contra de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que la República “no realizó ninguna actuación legal y no compareció dentro de los lapsos procesales establecidos”.
La información fue conocida por analisislibre.org en Washington, donde se registra el tercer revés judicial del gobierno venezolano en el caso de Gold Reserve, una de las corporaciones expropiadas por el desaparecido presidente Hugo Chávez.
Se conoció que como próximo paso corresponde a la Corte llamar a Venezuela a que cumpla con el pago de inmediato a Gold Reserve. La empresa ya ha solicitado ante la mencionada Corte, medidas de congelación preventiva de bienes en los Estados Unidos que podrían incluir activos como PDV en Delaware, dueña de CITGO y sus subsidiaria, entre otras.
Cabe destacar que Gold Reserve logro a comienzos de 2015, el congelamiento de cuentas millonarias a nombre de empresas vinculadas a la Republica en Luxemburgo, y se encuentra en ejecución de un plan más amplio de medidas judiciales en otras jurisdicciones hasta lograr el pago total de su acreencia que a la fecha con sus intereses asciende a la suma de US$ 750 millones.
En diciembre del 2014, Venezuela interpone su única acción legal posible ante el (CIADI), el recurso de corrección del fallo de fecha 22 de septiembre de 2014, la cual de manera expedita pierde ante el Honorable Tribunal de CIADI al alegar un error de tipeo por parte de los Tres Jueces por un monto de a U$ 320 Millones de Dolares, ratificando el mencionado tribunal su decisión del 22 de Septiembre del mismo año, que obligaba al estado venezolano a pagar la suma de US$ 740,3 millones de a la corporación Gold Reserve, por la expropiación del “Proyecto Brisas del Cuyuni” por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Brisas es la cuarta mina de Oro del Mundo y posee uno de los yacimientos de Cobre de igual relevancia mundial, ubicados en el kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolívar, en Venezuela. . El fallo de diciembre es de ejecución inmediata, y los retardos en los pagos devengan intereses a la tasa Libor más 2% por año, es decir 5% anual del monto adeudado.
Esa decisión marcaba un nuevo precedente para los casos en curso contra el Estado venezolano en relación a las expropiaciones y nacionalizaciones de grandes corporaciones registradas durante el mandato de Hugo Chávez, las cuales alcanzarían un monto superior a los 40 mil millones de dólares que deberán ser cancelados por el Estado venezolano a corto plazo.
Los fallos colocan a la República Bolivariana de Venezuela ante el único recurso legal disponible, que es pagar de inmediato a sus acreedores..
Llama la atención que en ninguna de estas actuaciones exista la opinión oficial de la Procuraduría General de la Republica, ente constitucionalmente competente para representar los intereses de la Republica en general. La única información disponible se ha podido recibir indirectamente de escritorios jurídicos de Estados Unidos, países de Europa que han sido contratados por PDVSA, lo cual ha aumentado los gastos por parte del país petrolero en cientos de millones de dólares., sin ningún seguimiento legal y jurídico que pueda salvaguardar los intereses de la gran mal llamada patria bolivariana.